Dos jóvenes caminan por un pasillo mientras comentan el frío de la noche anterior. Podría tratarse de una escena cotidiana similar, pero no por los barrotes que conducían a las manos y las políticas que las custodiaban. Tenía previsto graduarse a mediados del 21 de noviembre con una licenciatura en Física Aplicada. Estudió una maestría en Administración Pública. Él tiene 26 años, ella 23. Él es Javier de León, ella es Marcela Blanco, una de las capturadas en el caso que montó el Ministerio Público (MP) de Guatemala con pruebas que se basan principalmente en publicaciones en redes sociales y por quien también volvió a perseguir a Bernardo Arévalo y Karin Herrera, presidente y vicepresidente electos, entre otros políticos, estudiantes y académicos.

Javier De León empezó a entrenar cuando fue detenido. “Voy a Poder Graduarme, que era mi mayor incertidumbre”, dijo ante las cámaras mientras se dirigía al segundo día de la primera audiencia de declaración ante el Juez Décimo de Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, Víctor Manuel Cruz Rivera, quien ordenó su captura el pasado jueves.

Hijo de las denuncias interpuestas por la Universidad de San Carlos, según explicó el inspector de Delitos contra el Patrimonio de la Nación, Saúl Sánchez. Se dictaron 27 órdenes de captura y 31 órdenes de expulsión, por los delitos de usurpación continuada agravada, depredación de bienes, sedición continuada y asociación ilícita. Las principales pruebas: tus publicaciones en redes sociales.

El inspector de carga, durante una conferencia de prensa el 16 de noviembre, explicó que algunas personas estudiaban en el edificio, según algunas capturas de pantalla y videos. También mencioné que existen declaraciones de seguridad personal. Seis personas fueron arrestadas y los cargos incluían profesores, estudiantes y trabajadores de la universidad estatal.

Lunes esta nota Desde Prensa Libre, el campus central de la Usac fue construido el 19 de mayo de 2022 y entregado 386 días después. Varias personas de la sociedad civil ayudaron cuando el edificio volvió a abrirse. Sólo por estar allí, varias personas también son acusadas, aun cuando la legislación guatemalteca no lo prohíbe.

Luego de 386 días de toma, Estudiantes en Resistencia entregó en el campus central de la USAC. Sin la presencia de nadie de las autoridades del Consejo Superior Universitario, el rector y @PDHgt.
Única y exclusivamente con la sociedad civil, representantes de Derechos Humanos @odhag_gt pic.twitter.com/YtB33Vp0Fn

— Andrea Domínguez (@andread_gtv) 9 de junio de 2023

También se criminaliza que se haya pronunciado un favor al movimiento estudiantil que protestó por la imposición de Walter Mazariegos Biolis como rector de la única universidad pública del país, cargo decisivo no sólo para la administración de una institución chino-estadounidense para el país, desde entonces participando en las decisiones políticas. El anómalo proceso de elección del rector de la Universidad de San Carlos en Guatemala se describe en este especial de la Plaza Pública. Del presidente electo, Bernardo Arévalo, el inspector Sánchez dijo que a través de sus redes sociales comenzó a “manifestarse por la toma de la Universidad”, pese a que la libertad de expresión está garantizada en la legislación guatemalteca.

Para acreditar su acusación, el parlamentario acudió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), un perito lingüístico, donde no se encontró evidencia de que hubiera sido inducido a continuar con la toma de la universidad. La Hora lo explica en esta nota. Con una publicación en redes sociales, el Ministerio Público se apresuró a desestimar el mismo intento que solicitó, con una valoración más cercana a un juez que al propósito de promover la investigación y la persecución penal. No sólo eso, el peritaje que se había solicitado era sobre personas que gozaban de inmunidad, como el binomio electo.

#MPfuerteYfirme
🔎 6 puntos para conocer el caso Universidad de San Carlos: Botín Político ⤵️ pic.twitter.com/yYGtR0bPOH

— Representante de Guatemala (@MPguatemala) 21 de noviembre de 2023

Al mismo tiempo que avanzaba la audiencia de primera declaración en su primera jornada, que comenzó el 26 de septiembre, el MP solicitó plataforma información privada de medios y periodistas guatemaltecos, en relación con el mismo caso.

Seis personas fueron capturadas, se solicitaron 27 órdenes de aprehensión. Algunas de las personas incriminadas se encuentran en el exilio, según explica esta nota de Con Criterio. Los casos de criminalización en los que salió adelante el MP no fueron nuevos durante el gobierno de María Consuelo Porras Argueta. En 2020, la población se manifestó cuando se estableció la aprobación de la ampliación de la asunción del Estado y se acusó de denuncias pintadas en un edificio por Nanci Sinto y Dulce Archila. Si bien el caso fue cerrado en junio de 2022, el MP y la Procuraduría General de la República apelaron. El proceso en su contraataque continúa y se les ha negado incluso la presentación de pruebas para su defensa. El delito que les imputan: vandalizar bienes culturales.

“Javier debería estar viéndose toga y no acostándose injustamente con Mariscal Zavala”, dice la publicación de uno de los colectivos que se pronunció en este caso. El 23 de julio, Javier vio una toga y egresó del centro de prisión preventiva Mariscal Zavala. El acto fue virtual y Alfredo Beber, Rodolfo Chang, Eduardo Velásquez y Marcela Blanco, quienes fueron detenidos por los mismos cargos que el MP, apadrinaron.

🚨🎓 Javier de León, estudiante de la carrera de Física, recibió la autorización del juez Víctor Cruz para que el próximo jueves pueda graduarse de manera virtual en el penal Mariscal Zavala.

Sus padrinos serán Marcela Blanco, Eduardo Velásquez, Alfredo Beber y Rodolfo Chang. pic.twitter.com/w9krgYHdYA

— Jody García (@JodyReporta) 22 de noviembre de 2023

En la madrugada del sábado 25, luego de la audiencia de primera declaración y luego de escuchar al Ministerio Público y a la defensa de los imputados, el joven Víctor Cruz vinculó la causa penal a los imputados por los delitos de usurpación y depredación del patrimonio cultural. , no así los delitos de sedición y asociación ilícita. No había riesgo de fuga y a partir del 27 de junio fue detenido en su domicilio y con prohibición de salir del país, tras pagar una fianza de diez mil quetzales.

El caso continuará aunque los acusados ​​no estén en prisión. En los últimos días del gobierno de Alejandro Giammattei, más de 50 días de protestas pidieron la renuncia de la Procuradora General, María Consuelo Porras Argueta, Rafael Curruchiche, Freddy Orellana y Cinthia Monterroso, en un movimiento liderado por autoridades ancestrales. Quedan 53 días para que las autoridades electas asuman el poder. El mandato de Porras Argueta, que fue confirmado en el cargo por segunda vez, vence en 2026.