En Guatemala, los miembros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones son elegidos cada cinco años.

La renovación del tribunal se produce tras un enfrentamiento el año pasado entre el poder judicial y el recién elegido presidente Bernardo Arévalo, con un fiscal sospechoso de tener vínculos con jueces, políticos y empresarios corruptos que intentaban anular su victoria.

Arévalo, que ganó gracias a una plataforma anticorrupción, advirtió el mes pasado que el poder judicial estaba siendo “secuestrado por mafias”.

El mes pasado llamó a los miembros del Congreso a seleccionar a los “mejores” candidatos para “continuar con el espíritu de cambio que el país necesita” y garantizar “un sistema de justicia independiente”.

La ex ministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, que forma parte de un panel de expertos internacionales que monitorean el proceso, dijo que la elección de los jueces fue una batalla por poderes entre el bando de Arévalo y el llamado «pacto corrupto de intereses políticos y otros intereses arraigados». .

“Perdieron el Ejecutivo y ahora no quieren perder el Poder Judicial”, afirmó.

En un informe preliminar la semana pasada, el panel expresó «preocupación» por los signos de «negociaciones paralelas por parte de actores político-económicos corruptos» para favorecer a candidatos vinculados a ellos.

Los candidatos deben obtener más del 50 por ciento de los votos de los 160 miembros del Congreso del país para ganar las elecciones.

Guatemala está clasificado como el trigésimo país más corrupto del mundo por la ONG Transparencia Internacional.

La cruzada anticorrupción de Arévalo lo ha puesto en la mira de los fiscales acusados ​​de corrupción.

La cara más visible del campo anti-Arévalo es la fiscal general Consuelo Porras, quien encabezó el fallido intento de invalidar su victoria electoral de agosto de 2023.

Porras está bajo sanciones de Estados Unidos y la UE por corrupción.

Uno de sus aliados, el fiscal Dimas Jiménez, busca ser elegido miembro de la Corte Suprema.

Rafael Curruchiche, otro confidente de Porras que también está bajo sanciones de Estados Unidos y la UE, quedó por poco fuera de la lista del Tribunal de Apelaciones.

Curruchiche lideró el caso estatal contra José Rubén Zamora, un destacado periodista, que fue arrestado el año pasado por lavado de dinero en un caso ampliamente visto como un intento de silenciar las críticas al entonces presidente Alejandro Giammattei.

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