Un año después de la condena de la exfiscal Virginia Laparra, Amnistía Internacional insta a las autoridades a acelerar su liberación, tal como ordenó un grupo de expertos independientes de las Naciones Unidas que declararon arbitraria su detención.

El 16 de diciembre de 2022, Virginia Laparra fue condenada a cuatro años de prisión por el delito de abuso de autoridad, tras un juicio lleno de irregularidades y violaciones a sus derechos humanos, lo que llevó a Amnistía Internacional a nombrarla presa de conciencia.

En mayo de 2023, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias declaró que la detención de la exfiscal anticorrupción era arbitraria y pidió su liberación inmediata. Sin embargo, dentro de unos días Virginia Laparra será encarcelada durante 22 meses, lejos de sus dos hijas y su familia. Recientemente, la Corte Suprema de Justicia, que tiene pendiente un recurso de apelación que podría permitir su libertad condicional, suspendió dos veces la audiencia para considerar el recurso.

“Virginia Laparra es una víctima más de procesos penales injustos contra quienes defienden la justicia y los derechos humanos. No debería pasar un día más en prisión. Instamos a las autoridades guatemaltecas a atender el llamado del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional para liberarla de inmediato”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Virginia Laparra es una víctima más de la injusta persecución penal contra quienes defienden la justicia y los derechos humanos. No debería pasar un día más en prisión. Instamos a las autoridades guatemaltecas a atender el llamado del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas y a toda la comunidad internacional para liberarla de inmediato.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

La criminalización generalizada por parte del sistema de justicia guatemalteco de funcionarios de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos que lucharon contra la corrupción y la impunidad ha obligado a decenas de personas a exiliarse en los últimos años. Se estima que al menos 45 fiscales y jueces se han visto obligados a huir de Guatemala desde 2018 para evitar correr la misma suerte que Virginia Laparra: un procesamiento injusto e infundado que los enviaría a prisión.

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