La fiscal general de Guatemala pidió el lunes al gobierno que actúe contra los manifestantes, en su mayoría pacíficos, que han salido a las calles durante semanas exigiendo su renuncia por lo que consideran claros intentos de socavar la democracia de su país.

Las protestas estallaron en Guatemala hace dos semanas luego de una de las elecciones más tumultuosas en la historia reciente del país. Las protestas están alimentadas por acusaciones de que Atty. La general Consuelo Porras intentó impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asumiera el cargo en enero.

Desde que surgió como candidato político a principios de este año, Arévalo –un outsider progresista que desafía a la élite que durante mucho tiempo ha controlado la nación centroamericana– y su partido Movimiento Semilla han enfrentado oleadas de ataques legales. Esto sólo aumentó cuando ganó las elecciones del país en agosto.

Los ataques incluyeron redadas en instalaciones electorales y la suspensión del partido de Arévalo, dañando efectivamente su capacidad de gobernar.

Tales medidas contra el nuevo líder llevaron a grupos indígenas y residentes rurales –durante mucho tiempo privados de derechos en la sociedad guatemalteca– a convocar una huelga indefinida, que comenzó con 14 bloqueos de las principales vías de comunicación. Ahora, dos semanas después de las protestas, los bloqueos se han ampliado hasta bloquear más de 80 carreteras en todo el país.

En un vídeo difundido el lunes por la mañana, Porras calificó las manifestaciones en su contra de “ilegales” y pidió a las autoridades que despejen por la fuerza las carreteras bloqueadas y permitan nuevamente la libre circulación de personas.

“Quiero expresar mi total desacuerdo y disgusto” con las protestas, dijo, y agregó que “claramente violan los derechos de todos los guatemaltecos”.

Los manifestantes han sido en gran medida pacíficos, pero su mensaje llega después de algunos incidentes durante el fin de semana. Las personas molestas por los controles de carreteras atropellaron a los manifestantes con sus coches y posteriormente fueron arrestadas por causar daños a la propiedad y poner en peligro las vidas de los manifestantes.

Porras y otros fiscales fueron sancionados por el gobierno estadounidense, que les retiró las visas al tiempo que los acusó de obstruir la lucha contra la corrupción y socavar la democracia en el país.