Virginia Laparra, descrita por Amnistía Internacional como «prisionera de conciencia», fue declarada culpable la semana pasada de revelar información confidencial.

Un juez dictaminó que la madre de dos hijos, de 44 años, podría permanecer bajo arresto domiciliario en lugar de ir a la cárcel si pagaba 1.168 dólares, más una multa de 6.400 dólares.

Laparra, de quien no se esperaba que abandonara el país, dijo en una carta publicada en las redes sociales que temía una mayor «persecución judicial» si permanecía.

«Nadie debería sufrir lo que yo tuve que afrontar en los últimos tiempos», añadió la exfiscal, sin revelar adónde había ido.

«Estuve detenida arbitrariamente durante dos años, durante los cuales recibí un trato inhumano», afirmó.

Laparra es uno de varios exfiscales que investigaron casos de corrupción en Guatemala y fueron arrestados bajo la supervisión de la Fiscal General Consuelo Porras.

Porras fue sancionada en 2021 por Estados Unidos, que la colocó en una lista de actores «corruptos» y «antidemocráticos».

Washington acusa a la fiscalía general de «socavar» la democracia al intentar deslegitimar la elección del presidente Bernardo Arévalo el año pasado con una plataforma anticorrupción.

Arévalo escribió el jueves en la plataforma de redes sociales X: «Mientras Virginia se ve obligada a abandonar el país, los corruptos caminan por las calles con impunidad».

En otro juicio muy criticado, Laparra fue condenado en diciembre de 2022 a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de abuso de autoridad.

En diciembre pasado, la Corte Suprema de Guatemala ordenó su liberación bajo arresto domiciliario después de haber cumplido casi la mitad de su sentencia de prisión, incluida la prisión preventiva.

Amnistía Internacional dijo la semana pasada que la nueva sentencia de Laparra era «otro ejemplo más de persecución política» a quienes luchan contra la corrupción en Guatemala.

El subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, criticó el fallo como el último de una serie de «ataques flagrantes» al Estado de derecho.

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