Exfiscal guatemalteco es condenado en caso criticado por tener «motivaciones políticas»
Un tribunal guatemalteco condenó el lunes a un exfiscal anticorrupción a cinco años de prisión, o una multa, en un caso criticado por Amnistía Internacional como represalia «políticamente motivada».
Virginia Laparra, de 44 años, fue declarada culpable de revelar información confidencial, meses después de haber sido puesta en libertad bajo arresto domiciliario tras dos años de detención en otro caso ampliamente denunciado como inventado.
Laparra es uno de varios exfiscales que investigaron la corrupción en Guatemala y que fueron arrestados bajo la supervisión de la Fiscal General Consuelo Porras.
Porras fue sancionada en 2021 por Estados Unidos, que la colocó en una lista de actores «corruptos» y «antidemocráticos».
Washington también acusa a la oficina del fiscal general de «socavar» la democracia al tratar de deslegitimar la elección del año pasado del presidente Bernardo Arévalo, quien obtuvo una victoria sorpresa con una plataforma anticorrupción.
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Arévalo, en el cargo desde enero, propuso reformas legales que le permitirían deshacerse de Porras, quien fue designado por su antecesor para un período que se extenderá hasta mayo de 2026.
El lunes, un tribunal de Quetzaltenango, donde Laparra encabezaba una oficina regional de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), la condenó a cinco años de prisión y una multa de 6.400 dólares.
El juez Moisés de León dictaminó que Laparra puede permanecer bajo arresto domiciliario, en lugar de ir a prisión, si paga 64 centavos por cada día de su sentencia, un total de 1.168 dólares.
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Laparra también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.
Tras la sentencia, Laparra insistió en que «no se arrepiente» de sus actos, pese a estar «dos años presa por presentar denuncias administrativas».
Laparra también fue condenado en diciembre de 2022 a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de abuso de autoridad.
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En diciembre pasado, la Corte Suprema de Guatemala ordenó su liberación bajo arresto domiciliario después de haber cumplido casi la mitad de su sentencia de prisión, incluida la prisión preventiva.
La primera condena de Laparra fue criticada por Estados Unidos, la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos.
Amnistía Internacional, que la describe como «prisionera de conciencia», dijo que la sentencia de Laparra el lunes era «un ejemplo más de persecución políticamente motivada… de quienes lucharon contra la corrupción».
Guatemala obtuvo una puntuación de 23 en la escala de percepción de corrupción del sector público de 2023 de Transparencia Internacional, siendo 100 el nivel más limpio.
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