CIUDAD DE GUATEMALA (AP) – Funcionarios guatemaltecos confirmaron el viernes que están tratando de arrestar a un fiscal anticorrupción despedido, cuya destitución llevó a Estados Unidos a reducir la cooperación con el sistema legal del país centroamericano.
La orden de arresto de Juan Francisco Sandoval fue confirmada por el portavoz de la fiscalía Juan Luis Pantaleón un día después de que la procuradora general Consuelo Porras dijera a Twitter que estaba bajo investigación por supuestas filtraciones de información confidencial, entre otras acusaciones.
Más tarde el viernes, Pantaleón dijo que la oficina del fiscal general estaba iniciando una investigación sobre presuntos sobornos que el presidente Alejandro Giammattei había recibido de empresarios rusos, luego de informes de los medios de comunicación sobre los presuntos sobornos.
“Hay una investigación sobre el asunto con información divulgada en entrevistas y publicaciones en los medios”, dijo Pantaleón, y agregó que se refería a reportes de que una persona vinculada a un empresario ruso le había dado dinero a Giammattei dentro de una alfombra.
Sandoval, quien dijo que estaba investigando a Giammattei por el mismo motivo, así como a otros altos funcionarios, fue despedido el 23 de julio y huyó a Estados Unidos, diciendo que temía por su seguridad.
Sandoval respondió a Porras, acusándola de «liderar una estrategia para criminalizar y enjuiciar a todos aquellos que durante años han contribuido a fortalecer la justicia y combatir la corrupción y la impunidad».
La acusó de entrometerse en una investigación sobre el presunto soborno del presidente que involucra a un puerto importante. En este caso no se presentaron cargos.
El despido de Sandoval llevó al gobierno de Estados Unidos a decir en julio que había perdido la confianza en el compromiso de Guatemala de combatir la corrupción y había suspendido temporalmente la cooperación con el Ministerio Público.
Muchos guatemaltecos también han organizado protestas callejeras en las últimas semanas acusando al gobierno de tomar medidas enérgicas contra los intentos de erradicar a los funcionarios corruptos.
Las sospechas se avivaron el jueves, cuando el tribunal superior del país emitió un fallo que podría mantener a algunos funcionarios corruptos fuera de la cárcel. La Corte Constitucional derogó una ley que prohibía a los condenados por corrupción que cumplían cinco años o menos pagar una multa en lugar de cumplir una condena tras las rejas.
Se aplica a condenas por delitos cometidos por funcionarios públicos y en tribunales que involucran cargos que incluyen fraude, soborno, malversación pasiva, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Entre los potenciales beneficiarios de la decisión se encuentra uno de los magistrados de la corte, Néster Vásquez, quien fue acusado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad de manipular la elección de jueces por otros.
Vázquez fue incluido en una lista estadounidense publicada recientemente de supuestos funcionarios corruptos en la región, junto con el ex presidente Álvaro Colom, quien fue acusado de participación en fraude y malversación.
En 2019, el entonces presidente Jimmy Morales obligó a una misión anticorrupción respaldada por la ONU que había trabajado con fiscales locales para erradicar la corrupción y llevó al arresto de varios altos funcionarios, incluido el ex presidente Otto Pérez Molina.
El viernes, el exjefe de esa misión de la ONU, Iván Velásquez, emitió un comunicado de solidaridad con Sandoval, “que la corrupta fiscal guatemalteca Consuelo Porras ha ordenado su captura.
«Tarde o temprano, la gente restablecerá el estado de derecho y los corruptos de todo tipo pagarán por sus crímenes».
