En un resumen publicado hoy (informe completo en español, resumen ejecutivo en inglés disponible aquí) con motivo de las próximas elecciones en Guatemala, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) advierte sobre el grave deterioro de la democracia guatemalteca y el riesgo de una transición a un régimen dictatorial.

21 de junio de 2023. Las esperanzas de que Guatemala se convierta en un modelo de reconciliación y de lucha contra la corrupción en la región se han convertido en un recuerdo lejano. En este informe, la FIDH presenta argumentos que llevan a la conclusión de que la democracia está en grave peligro en Guatemala. En apenas cuatro años, el gobierno guatemalteco atacó deliberadamente los pilares centrales de la democracia: primero, la independencia judicial; luego, la libertad de expresión; y ahora, la integridad de las elecciones.

O resumen presenta en detalle las dificultades que han venido atravesando las instituciones del país. En 2019, el gobierno guatemalteco ordenó el cierre de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y revocó la inmunidad de los investigadores anticorrupción de las Naciones Unidas. Ese mismo año, el Congreso, que debía elegir nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, contradijo la decisión de la Corte Constitucional y prorrogó indefinidamente el mandato de los actuales magistrados. Esta renovación irregular de mandatos fue fundamental para capturar al poder judicial y así asegurar que sus decisiones favorecieran a ciertas personas, algunas de las cuales serían presuntamente responsables de delitos graves.

La fiscal María Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por actos de corrupción, convirtió al Ministerio Público en una entidad para la persecución penal injustificada de periodistas, jueces, fiscales, defensores de derechos humanos y opositores políticos.

A octubre de 2022, al menos cincuenta y tres funcionarios judiciales han sido destituidos, criminalizados o exiliados: veintitrés de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), trece fiscales o exfiscales, once fiscales, cuatro jueces y dos magistrados

Las elecciones del 25 de junio son la continuación de un régimen de corrupción e impunidad.

Las elecciones presidenciales, parlamentarias y municipales de este fin de semana se desarrollarán en un clima de corrupción, pero también de zozobra para los periodistas críticos con el actual gobierno. Por ejemplo, José Rubén Zamora, un prestigioso periodista y fundador de varios medios de comunicación, enfrenta un proceso penal injustificado, en el que no ha contado con las garantías básicas para su defensa y donde sus abogados han sido criminalizados. Esta semana, fue sentenciado a seis años de prisión.

Para Jimena Reyes, directora del Programa Américas de la FIDH, “la participación inconstitucional de Zury Ríos, hija del dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, en las elecciones de este fin de semana y, al mismo tiempo, decisiones arbitrarias que impiden la participación de otros candidatos, algunos de ellos bien posicionados en las encuestas, son indicadores del posible fin de la democracia en Guatemala”.

La FIDH pide a los observadores electorales que denuncien si detectan falta de transparencia en el manejo del software de conteo de votos. También insiste en la necesidad de observar la falta de libertad de expresión durante las elecciones, la exclusión indebida de candidatos y la captura de instituciones encargadas de garantizar el respeto a los derechos políticos de los guatemaltecos.

La FIDH también llama a la comunidad internacional a tomar una posición firme contra el riesgo de una transición a un régimen dictatorial en Guatemala.

El resumen ejecutivo está disponible a continuación: