Aunque el activista anticorrupción Bernado Arévalo ganó las elecciones presidenciales de manera aplastante en agosto, los fiscales abrieron una investigación sobre su partido y un tribunal electoral la suspendió, medidas ampliamente vistas como un intento de impedirle asumir el cargo en 2024.

La crisis política es la culminación de años de esfuerzos para erosionar el sistema de justicia de Guatemala luego de una serie de éxitos en la lucha contra la impunidad de la corrupción y el genocidio entre las más altas esferas del poder en el país.

Decenas de fiscales y jueces se han visto obligados a huir de órdenes de detención espurias o amenazas en su contra, incluidos quienes continuaron el caso Odebrecht, que tanto fiscales guatemaltecos como investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) iniciaron a finales de 2016. tras recibir información de sus colegas brasileños.

La CICIG fue creada por las Naciones Unidas casi una década antes, a pedido del gobierno guatemalteco, para ayudar a combatir los grupos ilegales y las estructuras clandestinas de “seguridad” que permanecieron activas después de los Acuerdos de Paz de 1996.

Aunque los investigadores inicialmente lograron avances en la acusación de los involucrados en el plan de sobornos de Odebrecht, el progreso se estancó cuando el entonces presidente de Guatemala, Jimmy Morales, cerró abruptamente la CICIG en 2019 mientras lo investigaba a él y a su familia por corrupción y financiamiento ilícito de campaña.

Desde entonces, el caso Odebrecht está a cargo de la Fiscalía General Contra la Impunidad (FECI). Pero la FECI también se ha visto socavada por un esfuerzo sostenido por obstaculizar la lucha del país contra la corrupción.

“A mi modo de ver, todo lo que está pasando es en realidad una venganza”, dijo a OCCRP la exfiscal de la FECI Siomara Sosa, quien dirigió el caso Odebrecht desde el principio. “Con estas detenciones comenzaron a analizar la situación para ver cómo tomar el control de estos casos”.

Sosa, que ahora tiene estatus de refugiada en México, enfrenta tres juicios penales en Guatemala por su trabajo, incluido el de abuso de poder en el caso Odebrecht.

El Ministerio Público no respondió a solicitudes de comentarios.