Diez meses después de su mandato, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo ha enfrentado 13 solicitudes de juicio político y seis intentos de retirarle su inmunidad procesal. Su coalición en el Congreso colapsó, paralizando su agenda económica que incluye gasto en infraestructura y programas de bienestar social. La semana pasada, el mismo Congreso obstruccionista seleccionó 13 nuevos jueces para un mandato de cinco años en la Corte Suprema, eligiendo de una lista de candidatos relativamente desconocidos que los observadores del proceso creen que tienen vínculos con sectores económicos corruptos y políticos que trabajan contra el gobierno de Arévalo.

El hecho de que Arévalo esté en el poder sigue siendo una gran victoria política para el pueblo de Guatemala, sus comunidades indígenas y los actores internacionales que presionaron por una mejor gobernanza en el país. Su predecesor, el expresidente Alejandro Giammattei, intentó manipular las elecciones de 2024, prohibiendo a la mayoría de los candidatos que parecían amenazar a las elites corruptas y las estructuras de poder arraigadas del país. Cuando Arévalo pasó por este proceso y, sorprendentemente, obtuvo suficientes votos en un campo dividido para pasar a la segunda vuelta, comenzó una enorme batalla nacional e internacional.

Por un lado, el gobierno de Giammattei y la fiscal general Consuelo Porras hicieron numerosos intentos de desmantelar el partido de Arévalo y bloquear su candidatura, entre otros esfuerzos para impedir que la segunda vuelta de las elecciones se llevara a cabo de manera justa. Por otro lado, la comunidad internacional –incluidos Estados Unidos, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y numerosas organizaciones no gubernamentales externas– presionó con éxito a la comunidad empresarial de Guatemala para que permitiera que se llevara a cabo la segunda ronda. Cuando esto sucedió, los votantes guatemaltecos le dieron a Arévalo un mandato fuerte.