CIUDAD DE GUATEMALA — El martes, la tensión y la incertidumbre en torno a la transición presidencial de Guatemala alcanzaron un nuevo máximo. presidente electo Bernardo Arévalo y su partido del Movimiento Semilla decidió suspender participando en el proceso de transición presidencial previo a la toma de posesión el 14 de enero, exigiendo la destitución o renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras.
La decisión representa una nueva prueba para las autoridades e instituciones guatemaltecas, ya que Arévalo y Semilla también abrieron un caso penal en el sistema judicial acusando a Porras y dos de sus aliados de violar la constitución y varias otras leyes.
Aunque las implicaciones y el resultado final de ambas medidas son difíciles de predecir, llegan horas después de que investigadores guatemaltecos del Ministerio Público (PM) de Porras invadido nuevamente la sede del Tribunal Superior Electoral (TSE) del país. Esta vez, tomaron la medida sin precedentes de abrir cajas selladas y certificadas con los votos de las elecciones de este año, socavando su legitimidad. “Fue grotesco”, dijo la presidenta del TSE, Irma Palencia él dijo del ataque.
La reacción de Arévalo representa una decisión audaz en una confrontación con el status quo tras ganar las elecciones del 20 de agosto. El presidente electo dijo que “un golpe de Estado… [is] «Se está avanzando paso a paso» para revertir la decisión tomada por los guatemaltecos semanas atrás. Mientras la votación continúa siendo impugnada, Semilla sigue bajo investigación penal. Arévalo me dijo en una entrevista del 3 de septiembre que el “golpe” no lo estaban llevando a cabo las fuerzas de seguridad, sino jueces y fiscales comprometidos, para impedirle asumir el cargo e implementar su agenda anticorrupción.
La tumultuosa transición presidencial tras la sorprendente segunda vuelta de Arévalo por 61-39 victoria muestra lo que está por venir. Para asumir el cargo y luego gobernar, tendrá que enfrentar no sólo un proyecto político rival, sino algo mucho más amplio: redes de corrupción y privilegios profundamente arraigadas. Su gran desafío será comenzar a desmantelar las redes de políticos y élites económicas que han cooptado los tribunales superiores y las fiscalías y han formado asociaciones pragmáticas de poder compartido con el narcotráfico y otros grupos del crimen organizado.
Es una batalla cuesta arriba, pero Arévalo y Semilla han demostrado ser expertos en crear barreras en estas redes. Tienen un fuerte apoyo público después de llevar a cabo una modesta campaña anticorrupción, presentándose como alternativas moderadas y capaces a un status quo profundamente impopular definido por la corrupción. Arévalo también es conocido por su talento para la conciliación, lo que llevó a que algunas asociaciones empresariales y otros líderes del sector privado lo apoyaran, luego de expresar inicialmente escepticismo.
Ahora, Semilla espera que la redada del martes haya sido tan atroz y tan ampliamente condenada que el partido pueda obligar a Porras, el fiscal general, a dejar su cargo. Ella era sancionada por Estados Unidos por presunta corrupción en 2021 y es el único individuo que Arévalo resaltado como personificación de las fuerzas que intentan impedirle asumir el cargo. El mandato de Porras como fiscal general finaliza en mayo de 2026 y, según la ley guatemalteca, no puede ser destituida de su cargo antes de esa fecha, a menos que sea declarada culpable de un delito grave.
El caso penal de Semilla contra Porras podría terminar precisamente en eso. Parece que Porras se está quedando sin aliados a medida que aumenta la presión. Organizaciones profesionales, movimientos estudiantiles y poderosos grupos indígenas de base se congregaron en torno a Semilla y salieron a las calles para defender los resultados electorales y exigir la renuncia de Porras. Importantes grupos del sector privado que antes parecían indecisos también han expresado recientemente su desaprobación pública de las investigaciones relacionadas con las elecciones del Primer Ministro. Sin embargo, la comunidad internacional apoyó firmemente la transición presidencial. La Organización de Estados Americanos (OEA), por ejemplo, observó las elecciones y tomó la decisión sin precedentes de mantener su programa de observación mediante la transferencia de poder.
Si Porras renuncia, será una gran victoria para Arévalo. Esto debilitaría el proceso penal contra Semilla, que ha generado dudas sobre si no sólo Arévalo, sino también los miembros electos del Congreso por su partido podrán asumir el cargo. También fortalecería la capacidad del poder ejecutivo para procesar la corrupción. Esto es especialmente importante porque incluso si los miembros del Congreso de Arévalo y Semilla asumieran el cargo, se enfrentarían a una legislatura hostil y obstruccionista dominada por partidos del statu quo. Corresponderá al poder ejecutivo lograr avances significativos en la lucha contra la corrupción, y si Porras no es destituido, Arévalo se enfrentará a un fiscal general obstruccionista que probablemente impedirá cualquier investigación importante.
El caso de la transparencia
Si Porras se queda, Arévalo seguirá planes para limpiar otras partes del Poder Ejecutivo. Él argumenta que incluso las instituciones fuertemente cooptadas pueden arreglarse porque la mayor parte de la burocracia estatal está compuesta por funcionarios públicos capaces que sólo necesitan los líderes adecuados. Él y su equipo también creen que tales medidas podrían cambiar el clima político lo suficiente como para afectar a otras ramas del gobierno. Señalan, por ejemplo, el TSE, que fue sistemáticamente debilitado mientras varios de sus jueces estaban implicados en presuntas tramas de corrupción. Después de las elecciones, en un giro inesperado de los acontecimientos, se convirtió en un baluarte de la democracia, rechazando hasta el momento los intentos de anular los resultados electorales.
En el Ejecutivo, Arévalo planes se centran en los procesos de autorización y contratación gubernamental que están en el centro de algunas de las investigaciones de corrupción más notorias de la última década. Al nombrar personas calificadas y centradas en la transparencia para puestos clave en el Ministerio de Comunicaciones e Infraestructura, por ejemplo, cree que el ministerio puede convertirse en una fortaleza y no en una debilidad del Estado guatemalteco. También dice que eliminará la propagación generalizada. cuadrados fantasma– lucrativas sinecuras gubernamentales fantasmas que los bien conectados garantizan para sus familias, amigos y asociados, agotando las arcas y las capacidades del gobierno. Finalmente, Arévalo planea ejercer una mayor supervisión del sistema portuario de Guatemala, un importante centro para el tráfico de contrabando y el comercio ilícito.
Arévalo y su equipo tienen una hoja de ruta en la que creen y un amplio apoyo público; su optimismo resultó contagioso. Pero dadas las fuerzas desplegadas contra ellos, no está claro cuánto durará este optimismo.
Etiqueta: Bernardo Arévalo, Elecciones 2023, Guatemala
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