El brutal y cínico ataque contra la voluntad popular en Guatemala no fue detenido. Antes de cada pelea en sus burdos con la intención de impedir que Bernardo Arévalo, 14 de Enero, y su compañera de fórmula, Karin Herrera, ocupen la Presidencia tal como fueron elegidos por el contundente ayuntamiento, las oscuras fuerzas antidemocráticas del país inventaron una nueva maniobra. . Lo que ha comenzado a ocurrir ahora, como otros antes, se aplica a instituciones capturadas por personas interesadas en promover un golpe de Estado desde el poder. Hay que rechazarlo con todas nuestras energías, dentro y fuera del país.

El principal instrumento golpista es, una vez más, el Ministerio Público, encabezado por la cuestionada y sancionada internacionalmente inspectora general, Consuelo Porras. Sin embargo, para dar fuerza a sus espurias afirmaciones, el Congreso guatemalteco, dominado por representantes afines al actual gobierno y vinculado a los sectores más inmovilistas y corruptos, ha recurrido a maniobras.

En julio, la Inspectoría anunció que pediría a la Corte Suprema de Justicia despojar de impunidad a Arévalo y Herrera, para procesarlos por su presunción de participación en una toma de la Universidad de San Carlos, la principal del país, en 2022. Lo delicioso de que la acusación, junto a seis legisladores electos de su partido Semilla, sea tan ridícula como truculenta: “Depredación continua de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias”. Las pruebas en su contra no existen.

Si el Tribunal actuara de forma independiente, sin duda rechazaría la petición, ya que se encontraba en el vacío, fuera de tiempo y era un desperdicio. Sin embargo, el Congreso aprobó repentinamente la nueva integración de este organismo, pendiente desde 2019. Para sorpresa de nadie, prácticamente la totalidad de los 13 magistrados seleccionados son cómplices o algunos están haciendo lo que, con razón, los guatemaltecos llaman el “pacto de los corruptos”: una amalgama de empresarios inmobiliarios, funcionarios venales, políticos sin escrúpulos, sectores de seguridad arbitrarios y grupos del crimen organizado.

Son estos sectores los que, en vuestro imperio, para mantener una status quo Promoviendo sus intereses, privilegios e impunidad, se compromete a impedir el cambio político, por moderado que sea. Acostumbrados a tratar al país como un feudo, y a manipular a importantes sectores del Estado a su favor, la ofensiva antidemocrática fue brutal, y con absoluto desprecio por el rechazo mayoritario de la población y las múltiples condenas internacionales.

En los años siguientes, Estados Unidos amenazó con nuevas sanciones económicas y restricciones de visas contra funcionarios estatales si el presidente electo impedía asumir la carga. Por su parte, la secretaria general de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenó “enérgicamente” los intentos de despojar a Arévalo y Herrera de su inmunidad, y calificó las decisiones del Ministerio Público como “acciones de carácter político que distorsionan el proceso electoral”. «. y puede afectar el resultado de la misma, por lo que resulta absolutamente infundado e inaceptable para un sistema político democrático”.

Estas condenas y sanciones, además de otras que podrían venir, están muy bien. Sin embargo, la gravedad de la situación, y los oídos sordos a estas presiones brindadas por el “pacto de los corruptos”, obligaron a una acción internacional más robusta y un apoyo decidido a los sectores que, dentro de Guatemala, luchan con grandes riesgos y coraje a favor. de la democracia. Por ejemplo, Estados Unidos y la Unión Europea deberían imponer sanciones no sólo a los funcionarios sino también a los empresarios guatemaltecos visibles que manipulan los hilos de la operación autoritaria. La OEA debería, como mínimo, activar urgentemente la Carta Democrática, al tiempo que exige a las autoridades indígenas guatemaltecas, quienes también repudian la actuación de las autoridades fiscales.

Lo que es promedio es mucho. Los guatemaltecos merecen no sólo simpatía, sino también apoyo militante. Las acciones deben aplicarse inmediatamente, cuando aún sea posible evitar que se consuma el golpe. En julio, en una publicación en la red social X (antes de Twitter)La expresidenta Laura Chinchilla se quejó de que “son abundantes las condenas de la comunidad, al igual que abundaron en el caso de Nicaragua, sin consecuencias”. Es hora de que se sientan las consecuencias, para que esta lucha por la democracia no quede pospuesta ante los ojos del mundo.