octubre 3, 2022

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Corrupción guatemalteca en uno de los ‘peores’ niveles, dice defensor del pueblo

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Ciudad de Guatemala (AFP) – La corrupción en Guatemala está en niveles sin precedentes bajo un gobierno «autoritario» que castiga a los fiscales y jueces que investigan el crimen organizado, dijo a la AFP el Defensor del Pueblo del país en una entrevista.

“Vivimos uno de los peores momentos” en términos de corrupción, dijo Jordan Rodas, el principal defensor de los derechos humanos del país centroamericano, cuyo mandato de cinco años finalizará a mediados de agosto.

Antes de irse, Rodas decidió levantar la tapa del estado de Guatemala bajo sus dos últimos presidentes, Jimmy Morales (2016-20) y el titular Alejandro Giammattei.

«Estamos bajo un régimen autoritario. Tenemos una apariencia de democracia, pero (es) muy frágil», dijo Rodas, quien dice que las instituciones de Guatemala han sido «cooptadas».

Sus acusaciones se producen después de que la policía arrestara el viernes al periodista José Rubén Zamora y allanara las oficinas del periódico que fundó después de que acusara de corrupción a figuras políticas clave.

En junio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) agregó a Guatemala a una lista de países que cometen graves violaciones a los derechos humanos, que incluye a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

La CIDH acusó a Guatemala de “progresivo debilitamiento de las instituciones democráticas” e “irregularidades en el proceso de elección de magistrados”, entre otros procesos antidemocráticos.

A principios de este año, Estados Unidos designó a Giammattei y a la fiscal general Consuelo Porras como actores corruptos.

El sábado, periodistas protestaron frente a los juzgados en el centro de Ciudad de Guatemala contra el arresto de Zamora.

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Rodas, de 53 años, asumió en agosto de 2017 y a la semana ya estaba en conflicto con el gobierno.

Logró evitar que Morales expulsara a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad de Naciones Unidas que trabaja con el Ministerio Público de Guatemala en casos de corrupción.

La CICIG acusó a Morales de corrupción electoral, junto con aliados comerciales antes considerados intocables.

Pero si bien Morales perdió su batalla legal con Rojas, se negó a renovar la misión de la CICIG en 2019 y se detuvieron las investigaciones por corrupción.

Rojas dijo que su relación con el gobierno era «tensa, opresiva, hostil».

El estado ha tenido una ventaja desde que dejó la CICIG, dice Rojas, al cooptar instituciones y erosionar la separación de poderes políticos y económicos.

Acusa al gobierno de una «estrategia bien definida» de perseguir a exfuncionarios de la CICIG y de la Fiscalía Especial contra la Corrupción (FECI) de Guatemala, así como a jueces independientes.

Varias personas involucradas en la investigación por corrupción se exiliaron por miedo, entre ellas la exfiscal general Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, exdirector de la FECI.

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Sandoval, considerado por Estados Unidos como un campeón de la lucha contra la corrupción, fue despedido en julio de 2021 por Porras.

Rojas dice que la comunidad internacional «podría hacer más» para combatir la corrupción en Guatemala, incluso sancionar a más personas, incluidos empresarios que «alimentan esta estrategia perversa».

La semana pasada, Washington sancionó a otros 16 guatemaltecos, incluido el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, designado por Porras.

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