Un tribunal guatemalteco condenó el lunes a un exfiscal anticorrupción a cinco años de prisión o una multa, en un caso criticado por Estados Unidos, la ONU y Amnistía Internacional.

Virginia Laparra, de 44 años, fue declarada culpable de revelar información confidencial, meses después de haber sido puesta en libertad bajo arresto domiciliario tras dos años de detención en otro caso ampliamente denunciado como inventado.

Laparra es uno de varios exfiscales que investigaron la corrupción en Guatemala y que fueron arrestados bajo la supervisión de la Fiscal General Consuelo Porras.

Porras fue sancionada en 2021 por Estados Unidos, que la colocó en una lista de actores «corruptos» y «antidemocráticos».

Washington acusa a la fiscalía general de «socavar» la democracia al tratar de deslegitimar la elección del año pasado del presidente Bernardo Arévalo, quien obtuvo una victoria sorpresa gracias a una plataforma anticorrupción.

El lunes, un tribunal de Quetzaltenango, donde Laparra encabezaba una oficina regional de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la condenó a cinco años de prisión y una multa de 6.400 dólares.

El juez Moisés de León dictaminó que Laparra puede permanecer bajo arresto domiciliario, en lugar de ir a prisión, si paga 64 centavos por cada día de su condena, por un total de 1.168 dólares.

Laparra también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 10 años.

Tras la sentencia, Laparra insistió en que «no se arrepiente» de sus actos, pese a estar «dos años presa por presentar denuncias administrativas».

Laparra fue condenado en diciembre de 2022 a cuatro años de prisión tras ser declarado culpable de abuso de autoridad en otro juicio muy criticado.

En diciembre pasado, la Corte Suprema de Guatemala ordenó su liberación bajo arresto domiciliario después de haber cumplido casi la mitad de su sentencia de prisión, incluida la prisión preventiva.

Amnistía Internacional, que la describe como «prisionera de conciencia», dijo que la condena de Laparra el lunes era «un ejemplo más de persecución por motivos políticos… de quienes lucharon contra la corrupción» en Guatemala.

Y el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, dijo en X que la condena era la última de una serie de «ataques flagrantes» al Estado de derecho.

«Hacemos un llamado a las autoridades judiciales guatemaltecas para que dejen de utilizar el sistema de justicia penal para atacar a defensores de los derechos humanos y la justicia», escribió.

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Guatemala dijo en X que la condena de Laparra generó «preocupación por la falta de garantías para que los operadores de justicia cumplan su rol sin intimidaciones, represalias y ataques».

Guatemala obtuvo una puntuación de 23 en la escala de percepción de corrupción del sector público de 2023 de Transparencia Internacional, siendo 100 el nivel más limpio.

Arévalo, en el cargo desde enero, propuso reformas legales que le permitirían deshacerse de Porras, quien fue designado por su antecesor para un período que se extenderá hasta mayo de 2026.

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