CIUDAD DE GUATEMALA (AP) – Abogados de una comunidad indígena en el este de Guatemala presentaron argumentos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el miércoles en un caso que podría tener implicaciones de gran alcance para las comunidades indígenas de las Américas.

La comunidad de Agua Caliente, una de las 16 comunidades maya q’eqchi’ del municipio de El Estor, exige que el gobierno guatemalteco les otorgue la titulación de sus tierras y el derecho a determinar cómo se explotan sus recursos naturales.

“Este caso brinda a la corte, por primera vez, la oportunidad de decidir si los gobiernos deben actuar para reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales, como un principio de derecho internacional público”, dijo Leonardo Crippa. un abogado del Indian Law Resource Center y uno de los representantes de la comunidad, en un comunicado.

Los demandantes esperan que las deliberaciones del tribunal con sede en Costa Rica tomen al menos siete meses. Las operaciones mineras y otra explotación de recursos naturales en tierras indígenas son a menudo fuentes de conflicto en las Américas, y se espera que este problema crezca a medida que aumenta la presión para producir minerales valiosos necesarios para iniciativas de energía verde, dijo el centro.

El estado nebuloso de propiedad de las tierras cercanas al lago Izabal ha sido fuente de disputas en la zona durante décadas.

Rodrigo Tot, un líder indígena que ganó el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2017 por defender las tierras comunitarias, dijo en una conferencia de prensa virtual este martes que esperan justicia desde hace más de cuatro décadas.

En la década de 1960, el gobierno otorgó una licencia minera de 40 años a una empresa sin establecer límites y límites claramente definidos.

En la década de 1980, el Instituto Nacional para la Transformación Agraria acordó entregar a las comunidades indígenas de la zona tierras para su manejo colectivo, pero nunca les entregó títulos.

A lo largo de los años, las familias han sido expulsadas de sus tierras por intereses mineros, especialmente durante el conflicto armado de Guatemala que finalizó en 1996.

Ahora, 16 comunidades indígenas en El Estor viven con la enorme mina de níquel a cielo abierto Fenix, propiedad de una subsidiaria de Swiss Solway Investment Group.

El año pasado, las protestas contra la mina llevaron al gobierno a imponer la ley marcial y toques de queda en el área para proteger las operaciones de la planta procesadora de níquel.

La mina tiene una orden judicial para realizar un proceso de consulta pública en la comunidad sobre el proyecto. En un comunicado de octubre, Solway dijo que estaba cumpliendo plenamente con la consulta judicial sobre la mina Fenix ​​​​y señaló que la planta de procesamiento de níquel en el sitio no está sujeta a la orden judicial.

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