El organismo electoral encargado de regular las agrupaciones políticas en Guatemala, conocido como Registro de Ciudadanos, anunció este jueves la suspensión del partido Movimento Semente del presidente electo Bernardo Arévalo.

Un juez concedió la suspensión del partido a petición de la Fiscalía General en julio, poco antes de que Arévalo fuera declarado segundo en la primera vuelta de votación. Pero un tribunal superior dictaminó que el partido no podía ser suspendido durante el ciclo electoral, que no terminó hasta el 31 de octubre.

Arévalo ganó la segunda vuelta en agosto y está previsto que asuma el cargo en enero.

Sin embargo, como la orden original del juez de suspender el partido seguía pendiente, la Oficina del Ciudadano dijo el jueves que había ejecutado la orden.

La Procuraduría General de la República alegó irregularidades en la forma en que el partido recogió las firmas necesarias para el registro años antes. Los observadores dicen que la fiscal general Consuelo Porras está tratando de interferir en las elecciones para frustrar a Arévalo y subvertir la voluntad del pueblo.

Luis Gerardo Ramírez, portavoz de la oficina de registro, dijo que el partido no puede realizar asambleas ni realizar trámites administrativos.

Ramírez también dijo que el partido podría apelar la decisión del registro civil ante el Tribunal Supremo Electoral, pero como la orden vino de un juez, la apelación tendría que pasar por un tribunal.

“La suspensión no tiene precedentes, ningún juez penal podría suspender a un partido porque es ilegal”, dijo Samuel Pérez, líder de los legisladores del Movimiento Semilla en el Congreso. “El problema es que la suspensión del juez no es legal, es política”.

El subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Eric Jacobstein, dijo a los periodistas durante una visita a Guatemala el jueves que la suspensión del partido era preocupante como una forma aparente de interferir en la transición de Arévalo al cargo.

Quedaba por ver cómo afectaría la orden a otras instituciones, como el Congreso, donde eventualmente ocuparían sus escaños los legisladores del Movimiento Semilla.

Los opositores al Movimiento Semilla en el Congreso ya habían declarado independientes a los nuevos legisladores, lo que significa que no podían presidir comités ni ocupar otros puestos de liderazgo. En ese momento, un tribunal dictaminó que el Congreso no podía negar puestos de liderazgo a los legisladores del Movimiento Semilla, alegando que el partido no podía ser suspendido durante el ciclo electoral.