En América Latina y el Caribe, una combinación de factores tecnológicos, económicos, sociales y políticos pueden unirse para asegurar que la región tenga las condiciones adecuadas para convertirse en un ejemplo mundial de transición energética justa. La iniciativa RELAC (Renovables en América Latina y el Caribe), firmada por 15 países, estableció que para 2030 el 70% del consumo eléctrico de la región provendrá de fuentes renovables. La meta es alcanzable.

Según estadísticas del Banco Mundial para 2020, alrededor del 20% de la población mundial vive en 70 países con excelentes condiciones para la energía fotovoltaica, donde los promedios diarios superan los 4,5 kilovatios-hora/kilovatio pico (kWh/kWp, medido por rendimiento y producción), suficiente hervir unos 25 litros de agua. Los países latinoamericanos que entran en esta categoría son Chile, Perú, México y Argentina. El resto de Latinoamérica no se queda atrás: en el rango de 3,5 a 4,5 kWh/kWp. En términos de potencial eólico, Chile y Colombia lideran.

Esta riqueza de recursos se ha traducido en un ritmo acelerado de inversión en la región en los últimos años. En 2019, Brasil, México y Chile formaron parte de los 20 países del mundo con mayor inversión en capacidad de energía renovable. Más recientemente, la capacidad instalada de energía renovable en América Latina y el Caribe totalizó 291.770 megavatios (MW) al cierre de 2021, lo que representó un aumento del 6% con respecto a 2020. Al cierre de 2021, América del Sur tenía una capacidad instalada de 244.975 MW, representando el 84% de la capacidad total instalada en la región. En los últimos diez años, los países con mayor crecimiento en energías renovables fueron Chile con 111%, Uruguay con 101%, México con 99% y Brasil con 66%.

Todo ello acompañado de avances en la regulación de los diferentes tipos de energía. La energía eólica marina en Colombia le permitió incorporarse a la Alianza Mundial para la Energía Eólica Marina, siendo actualmente el único país de la región en formar parte de la Alianza. Además, la capacidad instalada actual y futura de energías renovables convierte a América Latina en un área con alto potencial para la generación de hidrógeno verde. Esta puede utilizarse como energía en el sector industrial, uno de los más difíciles de electrificar, así como en el transporte y la alimentación y calefacción de edificios. Varios países, como Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, ya han publicado sus hojas de ruta del hidrógeno verde.

Estas inversiones pueden ayudar a la región a promover la descarbonización progresiva y responsable de su economía. Puede avanzar en energía y economía al mismo tiempo. La transición energética justa es una oportunidad para alinear los flujos financieros con el Acuerdo de París —el tratado climático más importante a nivel internacional— incluyendo el tratamiento de subsidios, reformas tributarias, promoción del ahorro e inversiones en energías limpias. Además, según datos de la Organización Internacional del Trabajo, si el mundo logra limitar el aumento de la temperatura global a 2°C para fines de siglo, se podrían generar otros 15 millones de empleos netos en América Latina y el Caribe para 2030, gracias a los cambios en los sectores alimentario y energético.

Sin embargo, cada país avanzará a un ritmo diferente. Para quienes no dependen económicamente de la extracción de combustibles fósiles, como es el caso de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Uruguay, el proceso será más fácil.

Si bien una transición energética justa puede estar en camino, es importante evitar repetir los errores del pasado. Según el Atlas de Justicia Ambiental, que mapea casos globales de conflictos socioambientales, más de la mitad de ellos están relacionados con el desarrollo de infraestructura en el sector energético, así como la extracción de minerales e hidrocarburos. Con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú en varios países de América Latina, el acceso a procesos de participación e información clara, veraz y oportuna puede ofrecer más garantías en el desarrollo de proyectos de transición energética. Esto ayudará a demostrar el alineamiento de los gobiernos y el sector privado con las políticas ambientales que, entre otros beneficios, permitan el acceso a nuevos créditos.

Asimismo, varios países de la región, entre ellos Guatemala, Belice, Honduras, Costa Rica, Colombia, Surinam y Chile, ya han incluido en sus compromisos climáticos internacionales solo legislación de transición energética. Esta legislación abre el potencial para fortalecer las estructuras políticas a nivel sectorial. Para acelerar la inversión en la transición tecnológica, se necesitan políticas y marcos regulatorios sólidos. Las regulaciones particularmente importantes incluyen aquellas sobre sistemas de almacenamiento de energía y confiabilidad de la red; políticas y estándares de eficiencia energética; demanda específica de hidrógeno verde en los planes de expansión energética; y cambio de comportamiento dirigido a un impacto a largo plazo.

Según el Índice de Transición Energética (ETI), América Latina y el Caribe supera el promedio mundial en desempeño del sistema energético, sostenibilidad ambiental y capital e inversión. En consecuencia, es considerablemente mejor en la infraestructura de energía. Para reducir la disparidad de desarrollo entre países, las inversiones deben distribuirse en toda la región.

Todavía hay 17 millones de personas sin acceso a la electricidad en la región, principalmente en Centroamérica, donde se espera que la demanda de energía siga creciendo en las próximas décadas. Esta es una oportunidad para que los actores de energía limpia enfoquen sus recursos en la creación de una matriz energética más limpia y justa. La transición no puede limitarse únicamente a la tecnología. También debe ocurrir en la forma en que se produce y consume la energía, encontrando un equilibrio entre los recursos naturales y la sociedad.