El Congreso seleccionó el jueves a los 13 nuevos jueces de la Corte Suprema de Guatemala luego de un proceso criticado por observadores, alegando opacidad e interferencia política.
La elección se consideró fundamental para la lucha contra la corrupción en uno de los países más pobres de Centroamérica, cuyo presidente Bernardo Arévalo denunció la existencia de un «pacto corrupto» entre políticos, fiscales, jueces y élites empresariales que, según él, ejercen el poder. en las sombras.
En Guatemala, los miembros de las Cortes Suprema y de Apelaciones son nombrados cada cinco años.
El tribunal saliente fue criticado por apoyar a la fiscal general Consuelo Porras, quien lideró un fallido intento de invalidar la victoria electoral de Arévalo en agosto de 2023.
Arévalo, quien ganó la presidencia con una plataforma anticorrupción, instó al Congreso a seleccionar a los “mejores” candidatos para “continuar con el espíritu de cambio que el país necesita” y garantizar un sistema de justicia independiente.
Sin embargo, tres de los miembros anteriores del tribunal fueron reelegidos, dos de ellos bajo sospecha de irregularidades.
El fiscal Dimas Jiménez, protegido de Porras, no fue elegido.
Guatemala está clasificado como el trigésimo país más corrupto del mundo por la ONG Transparencia Internacional.
La cruzada anticorrupción de Arévalo lo ha puesto en la mira de los fiscales acusados de corrupción.
La cara más visible del campo anti-Arévalo ha sido Porras, ella misma bajo sanciones de Estados Unidos y la UE por corrupción.
Rafael Curruchiche, otro confidente de Porras también bajo sanciones de Estados Unidos y la UE, quedó fuera de la lista por poco.
“Las mafias ganaron”, dijo Ana María Méndez Dardón, de la organización de derechos humanos WOLA, después de que se publicaran los resultados, y agregó que el resultado fue un “píldora amarga” para Arévalo y su batalla.
“El control de los tribunales será fundamental para garantizar la impunidad”, escribió en X.
Arévalo enfrenta nueve demandas presentadas en su contra por Porras.
La ONG Impunity Watch, por su parte, afirmó que la selección se realizó «sin… entrevistas ni evaluación de la reputación de los candidatos».
Arévalo escribió en X que “cada legislador debe responsabilizarse de su voto”.
Los nuevos jueces tomarán posesión de sus cargos el 13 de octubre.
La Organización de Estados Americanos expresó preocupación por un aparente intento del Ministerio Público de influir en el proceso de selección.
