CIUDAD DE GUATEMALA — El grupo de ayuda Save the Children dijo que no hay nada que respalde las acusaciones de mala conducta, hablando después de que fiscales guatemaltecos allanaron sus oficinas en el país centroamericano en busca de evidencia de presunto abuso de niños migrantes.

«Quedamos conmocionados y perplejos por el allanamiento sin precedentes de nuestras oficinas por parte del Ministerio Público en Guatemala», dijo la organización en un comunicado de prensa el jueves por la noche, horas después del allanamiento.

El grupo dijo que no tenía conocimiento de ninguna acusación específica contra él.

“Defendemos los derechos de niños y adolescentes y garantizamos que sobrevivan, aprendan y estén protegidos de cualquier daño en más de 100 países alrededor del mundo”, dijo el grupo, que trabaja en Guatemala desde 1976.

La operación tuvo lugar después de que los fiscales, acusados ​​por Estados Unidos de corrupción y de intentar socavar la democracia de Guatemala, alegaran que Save the Children y varios otros grupos no gubernamentales podrían “estar participando en operaciones de tráfico de niños”.

El fiscal Rafael Curruchiche dijo que el operativo tenía como objetivo buscar pruebas de una denuncia realizada en relación con estas acusaciones, la cual es “transnacional y de gran importancia” porque involucra los derechos de los niños.

La creciente polémica comenzó la semana pasada, cuando Sara Carter, colaboradora de Fox News, publicó un video de Ángel Pineda, secretario general del Ministerio Público, diciendo que había recibido una denuncia sobre las organizaciones. Carter fue el primero en anunciar la operación en las redes sociales antes de que la policía y los fiscales entraran a las oficinas.

En el video, Pineda no apeló a la administración Biden ni a otras autoridades internacionales, sino al fiscal general de Texas, Ken Paxton, para que lo ayudara con la investigación.

Paxton, un republicano, criticó el manejo por parte del presidente estadounidense Joe Biden de la creciente migración hacia la frontera entre Estados Unidos y México. En febrero, intentó procesar a un grupo de ayuda a inmigrantes en El Paso, acusándolo de “facilitar la entrada ilegal a Estados Unidos, albergar a extranjeros, contrabandear seres humanos y operar una casa segura”. El intento fue bloqueado por un juez.

“El caos en la frontera sur ha creado un entorno en el que las ONG, financiadas con el dinero de los contribuyentes de la administración Biden, facilitan horrores asombrosos”, dijo Paxton en un comunicado.

Estas acusaciones parecían sorprendentemente similares a las hechas por los fiscales guatemaltecos en una carta enviada a Paxton a principios de este mes.

El gobierno guatemalteco confirmó que el Ministerio Público contactó a Paxton sin pasar por los protocolos diplomáticos requeridos para la colaboración internacional.

La oficina de Paxton y la fiscalía guatemalteca no respondieron a una solicitud de comentarios o más información sobre el caso.

El departamento de comunicaciones de la Fiscalía General de Guatemala dijo el viernes que no entraría en detalles porque el caso estaba «relacionado con niños, niñas y adolescentes».

La Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, ha enfrentado críticas internacionales durante años y fue sancionada por el gobierno de Estados Unidos por supuestas acciones antidemocráticas. Desde que los guatemaltecos eligieron al presidente reformista Bernardo Arévalo en agosto pasado, Porras se ha aislado cada vez más y su oficina ha tratado de encontrar aliados entre algunos legisladores estadounidenses de extrema derecha.

Tanto Pineda como Curruchiche están sancionados y tienen prohibida la entrada a más de 40 países, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea, por obstaculizar la lucha contra la corrupción en Guatemala y socavar la democracia del país. Esto incluye en particular los esfuerzos fallidos para impedir que Arévalo asumiera el cargo a principios de este año.

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La corresponsal de Associated Press Megan Janetsky contribuyó a este informe desde la Ciudad de México.

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