Antes de la audiencia del juicio penal de la defensora de derechos humanos y abogada Claudia González el jueves 11 de abril, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, dijo:

“Las autoridades guatemaltecas deben garantizar el derecho de Claudia González a una audiencia pública a la que puedan asistir la prensa y observadores internacionales. La celebración de audiencias públicas es una forma esencial de garantizar la imparcialidad e independencia del proceso judicial y el derecho a la libertad de expresión, así como de sostener la confianza de la sociedad en el sistema de justicia”.

Las autoridades guatemaltecas deben garantizar el derecho de Claudia González a una audiencia pública a la que puedan asistir la prensa y observadores internacionales. La celebración de audiencias públicas es una forma esencial de garantizar la imparcialidad e independencia del proceso judicial y el derecho a la libertad de expresión, así como de sostener la confianza de la sociedad en el sistema de justicia.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional

En marzo, el juzgado décimo de primera instancia en materia penal, narcotráfico y delitos contra el ambiente de Ciudad de Guatemala ordenó juzgar a Claudia González por el delito de abuso de autoridad. El 11 de abril el mismo tribunal decidirá qué pruebas admitirá para su uso en este juicio. La acusación, realizada en el marco del acoso a quienes luchan contra la impunidad y la corrupción, está relacionada con su trabajo en la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG).

Amnistía Internacional señaló que las autoridades guatemaltecas restringieron ilegítimamente el acceso del público a las audiencias en procesos penales ilícitos contra trabajadores de la justicia y defensores de derechos humanos como Claudia González y Virginia Laparra, entre otras violaciones de sus derechos humanos. Estas restricciones no tienen las justificaciones estrictas que exige el derecho a un juicio justo.

Amnistía Internacional destaca que el carácter público de las audiencias sólo puede limitarse en circunstancias especiales, y que dichas restricciones deben cumplir estrictamente con el derecho internacional y estar debidamente justificadas.

Amnistía Internacional reitera su llamado a las autoridades guatemaltecas para que garanticen el derecho a un juicio justo con todas las garantías del debido proceso a Claudia González y dejen de criminalizar a fiscales, jueces, exmiembros de la CICIG, defensores de derechos humanos y periodistas.

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