La disputa por la primera vuelta llamó la atención en los primeros cinco meses, debido a la exclusión de tres candidatos presidenciales, entre ellos la líder indígena Thelma Cabrera.

Su partido, Movimiento para la Liberación de los Pueblos, denunció de antemano los obstáculos que enfrentó en la campaña. El exdefensor de derechos humanos y luego candidato (2017-2022) Jordán Rodas también se vio obligado a abandonar la contienda.

También quedaron fuera de la disputa los empresarios Roberto Arzú (Podemos – Podemos) y Carlos Pineda (Prosperidad Ciudadana – Prosperidade Cidadã).

Analistas cuestionaron entonces la credibilidad de las instituciones e indicaron que los beneficiados serían el candidato gubernamental Manuel Conde (vamos), Zury Ríos (Valor-Unionista) y Sandra Torres (Unidad Nacional de la Esperanza). ).

Los guatemaltecos se enfrentaban en general a las elecciones más atípicas desde el período democrático de 1985, con candidatos abiertamente vinculados al crimen organizado y al narcotráfico.

El domingo 25 de junio, Torres fue el más votado, con el 15,86% de los votos válidos, pero sorprendentemente el abanderado del Movimiento Semente, Bernardo Arévalo, quedó en segundo lugar.

El cansancio social y la necesidad de cambiar los planes de los círculos de poder llevaron al exdiplomático a obtener el 11,77 por ciento, por delante de pesos pesados ​​como Conde, Ríos y Edmont Mulet (Cabal).

Pese al número récord de observadores que apoyaron la votación, nueve fuerzas derrotadas cuestionaron los resultados preliminares e incluso la Corte Constitucional ordenó al TSE realizar un nuevo conteo de votos. Aun así, se llevó a cabo la segunda vuelta.

A pesar de los ataques en su contra, Arévalo salió victorioso con el 58,05 por ciento de los votos (2.441.661 mil), más de 20 puntos por delante de Torres.

La ex primera dama, que llegó por tercera vez consecutiva a una segunda vuelta, alcanzó sólo el 37,24 por ciento (un millón 567 mil 472).

En una nueva maniobra, pese a la resistencia de los magistrados electorales, el sábado 30 de septiembre, miembros de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, en manos de poderes de facto, tomaron por la fuerza las actas de las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta.

La crisis se agravó con paros nacionales y bloqueos de carreteras estratégicas, iniciados el 2 de octubre por los 48 cantones del departamento de Totonicapán, exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y varios de sus empleados.

El presidente electo advirtió sobre el peligro que representa el accionar del diputado para la democracia y destacó que el órgano investigador “viola de manera continua y sistemática el ordenamiento jurídico guatemalteco”.

Arévalo canceló temporalmente su participación en el proceso administrativo de cambio de mando, “hasta tanto se restablezcan las condiciones institucionales necesarias”, dijo.

Luego propuso retomar la transición de gobierno, pero con un cambio de metodología, sólo a través de reuniones sectoriales, lo que fue aceptado por el presidente saliente, Alejandro Giammattei.

Luego de 20 días consecutivos de protestas y más de 100 cierres de carreteras con importantes efectos en la economía, Guatemala volvió paulatinamente a la normalidad debido a un cambio de estrategia por parte de las autoridades indígenas.

El Tribunal Constitucional emitió una resolución confirmando los resultados de las últimas elecciones y ordenó que la transición de las autoridades electas continuara según lo previsto.

La resistencia continúa en las calles y en las redes sociales. Organizaciones continúan condenando la persecución judicial. Los expertos proyectan días de incertidumbre hasta el 14 de enero.

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