- Por Sean Seddon y Leonardo Rocha
- noticias de la BBC
Un desafío legal a la elección de un líder anticorrupción en Guatemala ha sido calificado de «intento de golpe» por organizaciones internacionales.
Bernardo Arévalo asumirá la presidencia en enero, pero el viernes la Fiscalía del país declaró nulo el resultado.
La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos condenaron la medida y pidieron una transición de poder.
Arévalo también calificó la actuación del fiscal como un intento de golpe de Estado.
El hombre de 65 años, que lidera el partido Movimiento Semilla, obtuvo más del 60% de los votos, obteniendo el apoyo de las masas con su promesa de limpiar la gobernancia en el país centroamericano.
Pero el resultado electoral fue cuestionado repetidamente por sus oponentes políticos, quienes acusaron al partido de Arévalo de fraude electoral y de registrar indebidamente su organización ante las autoridades electorales.
Las acusaciones fueron rechazadas por Arévalo, los observadores internacionales y sus partidarios, quienes, a su vez, acusan a los fiscales de tener motivaciones políticas.
El viernes, la fiscal Leonor Morales dijo que el resultado de las elecciones de agosto debería ser anulado porque se utilizaron formularios de votación incorrectos durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de junio.
Blanca Alfaro, jefa de la comisión electoral de Guatemala, respondió calificando el resultado de «inmutable» e insistió en que Arévalo prestaría juramento el próximo mes como estaba previsto.
La intervención del viernes por parte de la Fiscalía se produce tras intentos anteriores de suspender el partido del presidente electo, una medida ampliamente vista como un intento de impedir su toma de posesión.
El jefe de política exterior de la UE, Josep Borrell, calificó las acusaciones de fraude electoral como «espurias» y dijo que el anuncio del viernes fue «un intento de golpe de Estado, liderado por fiscales con motivaciones políticas».
Pidió una transición democrática del poder y anunció “medidas restrictivas dirigidas contra los responsables de estas acciones”.
La Organización de Estados Americanos dijo que la intervención del fiscal era “típica de dictaduras y no de democracias”.
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