CIUDAD DE GUATEMALA — La torpe interferencia del gobierno guatemalteco en sus elecciones presidenciales ha llamado la atención mundial sobre la corrupción desenfrenada que anteriormente solo recibía una atención internacional limitada.

El presidente Alejandro Giammattei era profundamente impopular en casa, pero aparte de la desaprobación ocasional de Estados Unidos y Europa, logró consolidar su control del sistema de justicia.

Las elecciones presidenciales del 25 de junio pueden haber cambiado todo eso. En los días previos a la votación, parecía que habría una segunda vuelta entre un pequeño número de candidatos de derecha y de extrema derecha, incluidos aliados de Giammattei. Pero con una gran cantidad de votos nulos, muchos de protesta, y una campaña que resonó especialmente entre los jóvenes guatemaltecos, el candidato progresista Bernardo Arévalo quedó en segundo lugar, garantizando su participación en la segunda vuelta el 20 de agosto.

De repente, parecía haber opciones reales para los guatemaltecos que quieren cambiar el statu quo. Esto sorprendió a los poderosos, quienes reaccionaron rápidamente.

“Creo que el miedo lo nubló, lo cegó”, dijo Katya Salazar, directora ejecutiva de la Fundación Debido Proceso, sobre Giammattei. Agregó que el sorpresivo apoyo de Arévalo fue “una demostración del descontento” del país centroamericano.

«Creo que (Giammattei) pensó que sería lo mismo de siempre», dijo.

El miércoles, un fiscal federal anunció que el partido de Arévalo, Movimento Semente, había sido suspendido por presuntamente violar las leyes electorales. Los fiscales continuaron el jueves por la mañana asaltando las oficinas del Tribunal Superior Electoral pocas horas después de certificar los resultados de las elecciones que colocaron a Arévalo en segunda vuelta.

En conferencia de prensa el viernes, el fiscal especial anticorrupción Rafael Curruchiche defendió su investigación como seria, objetiva e imparcial. Dijo que la indagatoria tardó un año en completarse y que fue una coincidencia que la anunciara el mismo día en que el Tribunal Superior Electoral certificó los resultados de las elecciones.

El fiscal dijo que el operativo de su despacho en el Tribunal Superior Electoral el jueves arrojó información muy valiosa. Dijo que los propios documentos judiciales mostraban que estaba al tanto de que 12 firmas recolectadas por el Movimiento de Semillas cuando se creó en 2018 eran de personas muertas, pero aun así permitió que se registraran.

El viernes anterior, la Procuraduría General de la República dijo que estaba cumpliendo con su deber de hacer cumplir las leyes del país y no tratar de interferir en la segunda vuelta o impedir que algún candidato participara en la segunda vuelta.

Las acciones del gobierno provocaron un revuelo nacional e internacional. Además de las declaraciones de preocupación de Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos, llegaron críticas de otros gobiernos latinoamericanos, así como de la asociación empresarial privada más poderosa de Guatemala.