El principal investigador antisoborno de Guatemala, Juan Francisco Sandoval, huyó del país el sábado, horas después de ser despedido, una medida que ha provocado una reacción violenta internacional, dijo un funcionario de derechos humanos.

El defensor del pueblo de Guatemala, Jordan Rodas, acompañó a Sandoval a la frontera salvadoreña «ante la difícil decisión de salir del país para salvaguardar su vida e integridad debido a los hechos recientes», según el organismo de derechos humanos del país centroamericano.

Sandoval había sido destituido como titular de la Fiscalía contra la Corrupción y la Impunidad (FECI) de Guatemala el viernes por la procuradora general Consuelo Porras.

Sandoval dijo que encontró muchos obstáculos en su trabajo en la FECI y recibió instrucciones de no investigar al presidente Alejandro Giammattei sin el consentimiento del fiscal general, algo que dijo que estaba «en contra de la autonomía e independencia» de la FECI.

La Fiscalía General de la Nación dijo que fue despedido por «constantes abusos y frecuentes violaciones» de la institución y que se intentó «socavar» el «trabajo, la integridad y la dignidad» de Porras.

Su renuncia generó críticas del Departamento de Estado de Estados Unidos, que lo calificó de «campeón anticorrupción», así como protestas de grupos humanitarios, la sociedad civil y empresas.

Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, condenó la renuncia de Sandoval en un tuit el viernes, diciendo que era «un revés significativo para el estado de derecho».

“Contribuye a la percepción de un esfuerzo sistémico para socavar a quienes luchan contra la corrupción”, agregó.

El Centro contra la Corrupción y la Impunidad en América Central del Norte también criticó la decisión de Porras, diciendo que crearía «retrocesos en la lucha contra la corrupción en la región».

La FECI se creó inicialmente para trabajar junto a la Comisión Internacional de la ONU contra la Impunidad en Guatemala para combatir la corrupción y la impunidad, pero el trabajo del organismo se detuvo en 2019 por decisión del entonces presidente Jimmy Morales, luego de que ambas entidades lo nombraran por corrupción electoral.