CIUDAD DE GUATEMALA (AP) – El Congreso de Guatemala se negó el martes a prestar juramento a un juez en el tribunal más alto del país, una medida que Estados Unidos condenó.

Gloria Porras fue reelegida para otro mandato de cinco años en la Corte Constitucional de Guatemala, pero ha enfrentado desafíos continuos aparentemente relacionados con sus fallos sobre corrupción y otros casos que ha escuchado.

Porras tenía 60 quejas en su contra y enfrentó 13 solicitudes para levantar su inmunidad para poder ser procesada.

Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, escribió que la decisión del martes del Congreso «socava el compromiso de Guatemala con un poder judicial independiente y con la lucha contra la corrupción sistémica».

Porras falló recientemente en contra de un candidato a un cargo judicial que tenía el respaldo del partido gobernante pero que enfrentaba cargos de corrupción. Esa decisión pareció plantear objeciones a su propia reelección para otro mandato de cinco años en el Tribunal Constitucional, donde ya ha cumplido una década.

Entre sus decisiones, Porras votó a favor de bloquear una propuesta del Congreso para reformar la ley de reconciliación nacional de Guatemala que buscaba otorgar amnistía por crímenes de lesa humanidad. También votó para bloquear una ley propuesta que mantendría a la fiscalía fuera de los casos y permitiría a los jueces negociar los cargos directamente con los acusados.

Maldita sea, sufrió algo más que acoso. Tuvo que contratar abogados y dedicar tiempo a defenderse de los intentos de expulsarla.