Opinión

Una nueva reformita

LUIS LINARES


No me refiero al ya viejo barrio de la zona 12, sino que al nuevo intento que posiblemente el gobierno hará el año entrante para aumentar los ingresos fiscales. Que se quedará en intento, podemos apostar desde ya, pues dentro de unos meses su capital político estará aún más erosionado.  Me parece que actualmente hay un consenso bastante amplio sobre la improcedencia de aumentos impositivos, en tanto no se mejore el destino de los recursos —la tantas veces mencionada, pero muy poco aplicada, calidad del gasto— y se reduzca el despilfarro, el gasto irracional y la corrupción en las distintas esferas de la administración pública.

Hemos mencionado más de una vez, y también lo han señalado muchos columnistas, entre ellos el Lic. Mario Fuentes Destarac desde las páginas de Crónica, que es preciso reducir el número de secretarías de la presidencia, de viceministerios, comisiones, consejos y un gran número de entidades, algunas francamente innecesarias y otras que, ante la penuria fiscal, se puede prescindir de ellas sin que se acabe el mundo. En segundo lugar, disminuir la ostentosa y ofensiva seguridad presidencial, que nos cuesta más de Q 100 millones al año, así como la injustificada legión de guardaespaldas al servicio de ministros, viceministros y otros funcionarios y sus familiares. Es también imperativo rebajar el costo de las directivas de entidades autónomas y descentralizadas, donde sus integrantes devengan injustificadas dietas.  Y mientras tanto, se destinan míseros Q 1.11 y Q 1.58 diarios para alimentación de cada estudiante en las escuelas urbanas y rurales respectivamente.

Por otra parte, tenemos las transferencias a las municipalidades. Sin contar el 10 %  correspondiente al situado constitucional, los gobiernos municipales reciben más de Q 7,000 millones al año por concepto de IVA-PAZ, impuesto de circulación, impuesto a derivados del petróleo  y el aporte a los Consejos de Desarrollo. En el caso del IVA-PAZ pueden destinar el 25 % a gastos de funcionamiento, así como la décima parte del situado constitucional. Esto les da suficiente holgura para que, por ejemplo, en municipalidades como Mixco o Villa Nueva los miembros de los concejos devenguen dietas que sobrepasan los Q 50,000 mensuales, y que los alcaldes se asignen sueldos que están totalmente fuera de nuestra realidad laboral. Muchas municipalidades sostienen equipos profesionales de futbol, sin que estén habilitadas legalmente para hacer ese tipo de gastos, al igual que no existe para sufragar la llegada de etapas de la vuelta ciclística o no la tiene la municipalidad de Mixco para financiar a un equipo de marchistas de alta competencia, pues para ello se asignan cientos de millones a la CDAG, sus federaciones y al Comité Olímpico.

Esto es posible gracias a la negligencia o complicidad de los responsables de la fiscalización, que también permiten disfrazar de inversión  gastos recurrentes —de funcionamiento— como salarios de personal de barrido, bacheo, clínicas, farmacias, escuelas, etc.  Además, adquieren vehículos blindados, como hiciera el anterior alcalde de Amatitlán, o contratan conjuntos musicales de moda (que cuestan hasta Q 20,000 la hora) para dar pan y circo en las fiestas patronales.

Y mientras hacen piñata con las cuantiosas transferencias que reciben de un fisco anémico, solo alrededor del 15 % del agua que sirven los servicios municipales o comunitarios puede considerarse potable o apta para el consumo humano. Guatemala es un enorme basurero, por la absoluta ineficacia de los servicios municipales de recolección, transporte y disposición  final de desechos sólidos.

De manera que es forzoso reformar la ley del IVA para que los recursos que actualmente se trasladan a las municipalidades sean destinados exclusivamente a inversiones en agua, saneamiento básico (drenajes y tratamiento de aguas servidas) y desechos sólidos, prohibiendo que dichos recursos sean utilizados para sufragar el costo de operación de servicios urbanos de agua, que deben ser autofinanciables. En cuanto a la basura, las municipalidades debieran recogerla sin cargo para los usuarios, pues los costos ambientales y de salud de no hacerlo son mayores.

Respecto al aporte a los consejos de desarrollo —el obscuro objeto del deseo de diputados, gobernadores y alcaldes— los recursos deben destinarse al Ministerio de Salud.  La pregunta del millón es: ¿se atreverán los diputados a renunciar a ese botín y a quitárselo a los alcaldes y gobernadores?

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