Politica

Sube oposición a reformas constitucionales; a debate nuevemente

La agitación en contra de las reformas constitucionales al sector justicia han subido de tono, y mientras hoy los diputados vuelve a debatirlas en el pleno del Congreso, la incertidumbre sobre su futuro se incrementa y algunos sectores manifiestan su rechazo –en particular ahora– a la modificación al artículo 209, que contempla la creación del Consejo Nacional de Justicia.

Las redes sociales vuelven a ser campo de batalla en torno a las reformas, como ya lo fueron antes, cuando se decidió postergar la aprobación de la justicia indígena, como otra de las reformas a la Constitución de la República.

Ayer también se pronunció el CACIF, representante del sector empresarial organizado, que ha pedido públicamente al Congreso que no apruebe la creación del Consejo, por considerar que la propuesta “atenta contra la unidad y jerarquía orgánica del Organismo Judicial”, y porque “confiere poderes políticos” a dicho organismo por participar en la designación de magistrados a la Corte de Constitucionalidad.

Pequeños grupos ciudadanos se han presentado a los debates parlamentarios para exigir que no se aprueben las reformas.  En el Congreso, su avance ha sido más bien lento, puesto que hasta el momento, tras cuatro meses de debates, solamente se han aprobado cuatro de los artículos sometidos a discusión.

El presidente del Congreso, Oscar Chinchilla, no ha logrado los consensos necesarios entre las bancadas y el proyecto enfrenta demasiados retos y oposición

Dentro del Congreso los jefes de bloque de los diferentes partidos han expresado públicamente su apoyo a la iniciativa, pero en la práctica no sucede así y por eso no avanzan.

Ayer martes tuvo lugar una reunión a puerta cerrada en un hotel capitalino entre los jefes de bloque y dos miembros de la “mesa tècnica”, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, y la Fiscal General, Thelma Aldana, ambos impulsadores de la iniciativa.

–Los peligros de las reformas–

Aunque parece haber consenso sobre la necesidad de mejorar el sistema de justicia, las reformas constitucionales al sector enfrentan peligros muy serios y todo hace parecer que el camino a seguir está lleno de dificultades que, posiblemente, impidan su aprobación definitiva.

Una de las opciones es que el Congreso no las apruebe simplemente, por lo que no serían sometidas a consulta popular, como lo establece la propia Constitución.

Sin embargo, también existe el peligro de que se aprueben con una gran cantidad de modificaciones, que luego sean sometidas a consulta popular.  En ese caso, también cabe la posibilidad de que la población responda con un NO.

Por ser un tema altamente complicdo, es difícil entender la profundidad de la iniciativa.

 

 

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