Politica

Se eleva a seis los prófugos por el caso de sobornos en Terminal de Contenedores

El número de prófugos por el sonado caso de sobornos de una empresa española a funcionarios del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti,  para la puesta en marcha de un puerto de contenedores en la costa Pacífica de Guatemala, se elevó a seis, informó la jefe del Ministerio Público, Thelma Aldana.

El nuevo nombre que se suma a la lista de quienes están escondidos o se encuentran fuera del país, es el abogado Raúl Osoy, representante legal de la empresa Topsa Construcciones que edifica la Terminal de Contenedores Quetzal, un emprendimiento de capitales españoles y fondos del Banco Mundial que tenía previsto empezar a funcionar el pasado mes de abril.

Los otros sindicados con orden de captura internacional son Allan Herbert Marroquín Castillo, alias el Morboso,  el argentino Mauricio José Garín, así como William Anthony Schwank López, Guillermo Abraham Lozano Bauer y el español Ángel Pérez-Maura García.

Raúl Osoy, que según el portal estatal de Guatecompras es representante legal de la empresa Topsa Construcciones, también tiene en su contra una orden de captura internacional por el caso de corrupción, pero se desconocen los detalles de la acusación por el delito en que tuvo una supuesta participación

Por este caso conocido como TCQ, están siendo sindicados en una primera audiencia, la expareja presidencial Pérez Molina y Baldetti Elías, y otras nueva personas entre ellas uno de los gerentes españoles que habría entregado al menos 30 millones dólares para que se repartieran entre gobernantes, sindicalistas y ejecutivos de reconocidas firmas que tramitaron el proyecto y que nació a la vida pública en 2012.

De acuerdo con informaciones públicas, la propiedad de TCQ originalmente presentada con capitales de origen español, corresponde en un 85 por ciento al grupo holandés APM Terminal y en un 15 por ciento a la Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo del Banco Mundial.

El Banco Mundial, una entidad integrada con capitales provenientes de la mayoría de economías capitalistas del planeta, y en la cada cual cada país forma parte de su directorio, afirmó la semana pasada en un mensaje improvisado y poco serio que habían decidido invertir en la terminal de contenedores, ubicada en el sureño departamento de Escuintla, sin saber que había nacido bajo el manto de la corrupción.

El caso se tramita ante el Juzgado “B” de Mayor Riesgo, que presidente el juez, Miguel Ángel Gálvez quien retomará este martes la audiencia de primera declaración de los 12 que han sido acusados ya por la fiscalía y por los cuales se han presentado pruebas testimoniales contundentes.

Pérez y Baldetti fueron señalados de ser los cabecillas de este nuevo caso de corrupción el que se suma en el caso de Pérez al llamado La línea, de defraudación aduanera. En el caso de Baldetti, además de La Línea, es el tercero que se imputa, pues un segundo es el llamado Agua Mágica que se pretendía engañar a los guatemaltecos con la purificación de moribundo lago de Amatitlán, situado al sur del país.

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