Politica

Reformas vuelven a debate parlamentario en medio de polémicas

En medio de polémicas públicas e incertidumbre, el pleno del Congreso vuelve hoy a discutir las reformas constitucionales, con el tema de la justicia indígena en primera posición, sin que haya consensos sociales ni parlamentarios para saber el futuro de esta iniciativa que ha polarizado en gran medida a la sociedad guatemalteca.

Ayer por la tarde, el sector empresarial organizado (Cacif), formuló un nuevo llamado para que no se apruebe la reforma al artículo 203 constitucional –relacionado a la jurisdicción de la justicia indígena–, y pidió que se construya en el país un marco de certeza jurídica, que no se tendría con la existencia de lo que han dado en llamar dos sistemas de justicia.

Aunque con pocas –o ninguna– alusión al tema de la reforma, ayer se anunció también una marcha campesina hacia la ciudad el próximo martes por parte de la organización Codeca, lo que supone una escalada en las demostraciones de conflictividad social, que involucran principalmente al sector electricidad.  Esta organización demanda que se privatice la distribución de la electricidad, entre otras cosas.

En el Congreso se ha comprobado en las dos semanas anteriores, que no será fácil contar con los 105 votos de diputados, necesarios para aprobar la reforma al artículo mencionado.  Ello ha introducido entre los diputados la opción de postergar la discusión de este tema y continuar con el resto de reformas constitucionales, necesarias para el sector justicia.

Pero esta moción –si se plantea–, también debe contar con los 105 votos o, de lo contrario, habría que proceder, en algún momento, a votar si se aprueban o rechazan los cambios.  Representantes de organizaciones indígenas, que han estado presentes en las sesiones anteriores, no se han manifestado ni han anunciado que volverán al palco del Congreso.

Paralelamente a este debate, ha surgido otro que se relaciona de alguna manera: la paralización de las operaciones de dos hidroeléctricas en el río Cahabón, en Alta Verapaz, Oxec y Oxcec II, por una resolución provisional de la Corte de Constitucionalidad.  El Cacif ha pedido también una resolución definitiva en apego a la ley, permitiendo que las operaciones continúen.

Uno de los temores del empresariado es precisamente que las reforma constitucional, como se plantea, deje en manos de la justicia de cada comunidad, la decisión sobre este tipo de inversiones.  El tema de las hidroeléctricas ha provocado conflictividad social en varios puntos del país y no se ha definido hasta el momento ninguna política pública.

La atención de la jornada se centra entonces en el Congreso.  Al aprobar las reformas –las que obtengan la mayoría necesaria–, deben ser sometidas a una consulta popular y es el voto de la ciudadanía el que finalmente determina si se aprueban o no.

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