Politica

¿SIMPLE TRANSICIÓN, O LEGADO INCLUIDO?

ALEJANDRO MALDONADO TIENE ÚNICAMENTE CUATRO MESES PARA GOBERNAR, PERO TAMBIÉN DISPONE DE LA GRAN OPORTUNIDAD DE PROMOVER CAMBIOS Y DEJAR UN LEGADO QUE LA DEMOCRACIA Y EL PUEBLO NECESITAN EN ESTE MOMENTO. LAS COSAS NO SE ARREGLAN EN TAN POCO TIEMPO, PERO LOS PROCESOS PUEDEN INICIARSE…
Ronald Mendoza/ rmendoza@cronica.com.gt
Por segunda vez en esta era democrática Guatemala tiene un Gobierno de transición, que recibe la carga de una fuerte demanda social que clama por transparencia y eficiencia en la administración pública, además de un nuevo sistema de partidos políticos que promueva una democracia y que brinde soluciones a los problemas socioeconómicos que agobian al país.
Son apenas 118 días los que tiene por delante el presidente Alejandro Maldonado Aguirre y su aún no renovado equipo. De inmediato se deben atender los problemas urgentes, para mantener a flote la administración pública y servicios que presta el Gobierno; pero también podría asumir responsabilidades para promover los cambios que se demandan y necesitan.
Por la premura del tiempo y lo complicado que luce el ambiente político-financiero del país, se percibe poco optimismo entre los analistas. Aunque está claro que no se puede alcanzar demasiado en tan corto tiempo, también es cierto que se podrían dejar encaminadas cosas que el siguiente Gobierno tendría que continuar.

Cosas por hacer; Congreso fuera
En el orden de transparencia y eficiencia administrativa se puede avanzar en la redacción de nuevas leyes: a) compras y contrataciones; y b) Servicio Civil. Además, promover –tal vez junto con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)– una depuración de cerca de 20,000 empresas y organizaciones no gubernamentales (ONG) que prestan servicios o venden bienes al Estado.
El número de estas empresas y ONG crece exponencialmente con el inicio de cada Gobierno, ya que muchas de ellas están vinculadas a políticos, diputados o dirigentes del partido de turno. Esta depuración, más un período de veda de inscripciones hasta que haya una nueva ley, sería una herencia de suyo importante.
En cuanto al caduco sistema de partidos políticos, ya no es suficiente una reforma a la Ley Electoral de y Partidos Políticos (LEPP), se requiere una nueva normativa que termine con todos los males que han permitido no solo que la corrupción se instale en la mayoría de dirigentes, sino que, además, necesita de un árbitro fuerte, un Tribunal Supremo Electoral (TSE) que ponga orden, fiscalice y erradique cualquier indicio de corrupción o anomalías.
Estas serían, a grandes rasgos, las iniciativas –administrativas o legislativas– que podrían, al menos, arrancar en estos cuatro meses como respuesta a ese movimiento ciudadano que despertó este año y logró por primera vez en la historia del país una depuración total del Poder Ejecutivo.
El primer paso que habría que dar es solicitar al Congreso que se retiren de discusión los proyectos de leyes relacionados a estos temas. Hay que recordar que el Organismo Legislativo creó cuatro mesas para trabajar leyes específicas, pero ninguna de ellas avanzó de la mejor manera.
Este ha sido el Congreso más señalado por corrupción, al extremo que varios diputados enfrentan hoy en día antejuicios, y no se descarta que más vayan a ser sometidos a procesos judiciales más adelante.
El presidente Maldonado cuenta con la solvencia ética y moral para demandar que se suspenda la discusión parlamentaria, para iniciar una nueva desde el Ejecutivo, tomando en cuenta a la sociedad civil y a los expertos en cada una de las materias. Incluso se pueden contratar expertos con experiencia internacional para que aporten a las iniciativas de ley.
Importante es que para hacer un trabajo de creación de iniciativas de ley, el presidente no necesita partido político que le respalde, porque es una potestad del Ejecutivo. La aprobación sí -más adelante- la debería hacer el nuevo Congreso.
¿Transición con legado o sin legado? Ese será el dilema que deberá responder el propio Maldonado Aguirre.

Poca esperanza
Es obvio, ni el presidente de la República ni el Organismo Ejecutivo tiene la potestad para traer a la vida, de tajo, las reformas legales citadas con antelación, pero sí puede, en buena medida, liderar la lucha por que estas propuestas lleguen a buen término, idealmente, antes de que acabe su gestión.
Dos de las 25 funciones del gobernante preceptuadas en el artículo 183 de la Constitución Política de la República pueden contribuir a tal fin: la atribución de presentar iniciativas de ley al Congreso y la de convocar al Organismo Legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República lo demanden.
El abogado constitucionalista, Gabriel Orellana, considera que es poco optimista sobre el particular. Según él, por mucha buena voluntad que tenga el gobernante y por mucho apoyo ciudadano que capitalice su abanderamiento de la causa, la situación está cuesta arriba, casi irrealizable, refiere cuando se le plantea la posibilidad de un escenario así.
En el mismo sentido, el resto de los entrevistados convergen en que si bien es legítimo esperar y exigir que Maldonado Aguirre, como presidente de la República y responsable de velar por los intereses de toda la población, encabece durante su breve mandato la batalla por el asentimiento legislativo a los cambios a las leyes mencionadas, en la práctica el entorno político desbordado de ocupaciones e inquietudes electorales propias de unos comicios que se fueron al balotaje, impiden que tal meta tenga oportunidades si quiera de desarrollarse.
Para Rubén Hidalgo, del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep), esperar esto del Gobierno de transición, que básicamente configura la administración de Maldonado Aguirre, es idealizar demasiado el tiempo que él tiene y los alcances de su gestión. En todo caso, lo más que puede hacer a favor de este asunto es propiciar un diálogo sincero y comprometido que retome las ideas y propuestas para la reforma y modernización del Estado, a partir de la crisis que aún enfrentamos.
Renzo Rosal, analista independiente, dice: Es lícito pedir tal batalla, pero a la vez es utópico. Está visto que el Congreso, quien tendría a cargo la tarea que aquí se sugiere, no está en las mejores condiciones para asumirla.
Es evidente que hay pocas expectativas sobre la posibilidad de que el Gobierno pueda construir –o empezar a hacerlo– un legado fuerte que promueva cambios sustanciales y profundos. La mayoría de analistas aún ven en el actual Congreso la responsabilidad de seguir discutiendo y aprobar las reformas, por más que en el fondo estas no sugieren modificaciones de sustanciales.
El gobernante podría tratar de incidir o buscar que se generen algunas acciones en torno a esta búsqueda, pero su labor, con el poco tiempo que tiene de frente, debe enfocarse en otros asuntos más viables e igual de importantes, aunque solo sean para la eficaz transición entre Gobiernos, apunta José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes).
Mientras tanto, Edgar Gutiérrez, coordinador del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), repara en que las preocupaciones del gobernante pueden ser otras: Es un paquete de reformas que ha venido reclamando la ciudadanía y, si el presidente las hace suyas, puede ganar apoyo popular y acompañar sustantivamente la transición de Gobierno. Claro, eso implica entrar a negociar con el Congreso y contar con operadores diestros.
Pero, por otro lado, me temo que Maldonado Aguirre estará más urgido por la crisis de la caja fiscal y lo que esta pueda derivar en malestar entre los sindicatos públicos y empleados en general.
Ante tal panorama, el coordinador del Instituto por la Democracia (ID), de la Coordinación de ONG y Cooperativas (Congcoop), Alejandro Aguirre, dice que lo que se exige del mandatario es que se ponga al frente de tales demandas, actuando con firmeza, realizando las acciones de incidencia necesarias y haciéndose acompañar por la ciudadanía para que el Congreso apruebe dichos cambios, pues ya se ha evidenciado que los diputados responden solo cuando hay presión social.
Pero aquí no acaban todos los obstáculos para la pretensión explícita. Sucede que, como lo expresaran Gutiérrez, Rosal y el coordinador del ID, de Congcoop, no sabemos cuánto, Maldonado Aguirre, un hombre más bien conservador en esas materias, está dispuesto a promover reformas de fondo.
Este podría ser el principal obstáculo en el fondo. El mandatario no se ha caracterizado por una trayectoria reformista, sino más bien pareciera un profesional y político apegado al statu quo, nunca identificado con grandes cambios.
Entonces quedan algunos peligros. El primero: que el Congreso termine de aprobar las leyes en discusión, se engañe a la población y se hagan cambios… para seguir en la misma dirección; segundo: que no se aprueben ahora –lo que sería positivo–, pero que no se retomen después del 14 de enero con la dinámica que la sociedad demanda, y nuevamente el sistema político aproveche la coyuntura para que las aguas vuelvan a la normalidad que ellos desean.

Transición ordenada, eso sí
Lo posible para la mayoría de los consultados y quizá la herencia más probable que dejará el mandato de Maldonado Aguirre será la transición ordenada, transparente y menos accidentada entre Gobiernos.
De tal cuenta, una de las exigencias más notables en este sentido es la adecuación, aún posible, del Presupuesto General de la Nación 2016, a las circunstancias objetivas de las necesidades y capacidades del Estado; es decir, despojarlo de gastos innecesarios y fondos discrecionales que lo hagan un peligro para el erario público.
El legado que debe dejar el presidente y su Gobierno es la reducción del presupuesto. La capacidad de, primero, organizar el gabinete; segundo, articular un presupuesto racional; y tercero, negociar con el Congreso de la República la readecuación de los gastos del Estado, retirando bonos y préstamos del proyecto, es lo menos que podemos esperar de la actual gestión y lo mínimo con lo que él podrá responder a las inquietudes de la población, manifiesta el analista político Álvaro Pop.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), en la misma línea, precisa: Hay mucho de lo que el gobernante puede hacer en favor de la transición, entre esto, por lo menos, deshacerse de las personas corruptas que pertenecieron a la administración anterior y aún siguen inmiscuidas en el Ejecutivo. También, en el tema del presupuesto del próximo año, puede hacer una gran contribución revisándolo y presionando al Legislativo para que se eliminen fondos discrecionales, focos de mucha corrupción, como el Fondo de Desarrollo Social (Fodes) y otros que ya no tienen ningún sentido en su existencia más que ser bolsones de recursos prestos para malversar.
Al respecto, Pop y Marroquín defienden que esto es una meta razonable y una agenda mínima para Maldonado Aguirre, pero sin llegar a lo que podría calificarse como legado trascendente.

Conclusiones
Guatemala ha vivido un proceso de cambio significativo. Desde abril pasado, surgió un movimiento ciudadano que se enfocó en la renuncia de los ex mandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti –cosa que logró–, pero además ha reclamado el fin de la corrupción, y ha manifestado su repudio hacia una clase política que ha convertido esta actividad en un medio para enriquecerse, en vez de servir por medio de él.
El Gobierno de Maldonado Aguirre tiene como fin realizar una transición adecuada, y es la tarea mínima que la mayoría de expertos –y seguramente de la población en general– le demanda. En sus intervenciones, el mandatario, un abogado y político de larga trayectoria en el servicio público, ha sido cauto y no se ha atribuido ningún compromiso específico, más allá del respeto a la Constitución y estar a favor de la transparencia.
El movimiento ciudadano no ha tenido fuertes liderazgos como para expresar las líneas que les gustaría ver en un Gobierno de transición.
Finalmente, en otros países se han dado experiencias para reformar leyes como las nuestras, en las que quienes las redactan no son los diputados, sino expertos convocados o contratados por el Poder Ejecutivo, que envía luego las iniciativas para su discusión y aprobación al Congreso.
La última palabra la tiene el propio Maldonado Aguirre. Él, junto con su vicepresidente, deberán sopesar hasta dónde son capaces de avanzar. Si se dedican únicamente a lo urgente y postergan lo importante, o deciden avanzar en ambas vías
Es necesaria una depuración de las empresas que prestan servicios o venden bienes al Estado.
La población demanda reformas legales que, entre otras cosas, ataquen la corrupción y el ineficiente sistema de partidos políticos.
La mesa de reformas a la Ley de Contrataciones es una de las cuatro que creó el Congreso y que no tuvo un avance importante.
Aunque está claro que no se puede alcanzar demasiado en tan poco tiempo, también es cierto que se podrían dejar encaminadas cosas que el siguiente Gobierno tendría que continuar.
De inmediato se deben atender los problemas urgentes, para mantener a flote la administración; pero podría también promover los cam-bios que se demandan y necesitan.

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