Politica

Pueblo pobre… Congreso derrochador

Finalmente se ha destapado una parte de la cloaca que impera en el submundo del Congreso de la República. Mientras la gran mayoría de los guatemaltecos vive en pobreza y pobreza extrema, en el Legislativo se pagan sueldos que son entre 300 y 600 por ciento más elevados que en el sector privado. Cada diputado dispone del derecho a contratar personal, una práctica que abre las puertas a la corrupción y a los sobresueldos escondidos.

Álvaro Alay, Rodrigo Pérez

Crónica

 

Los hospitales están en crisis; las escuelas, sin libros, y muchas instalaciones, semidestruidas, pero en el Congreso de la República hay más de 150 conserjes, secretarias a granel y empleados que nadie conoce con sueldos de escándalo: un conserje puede ganar Q25 mil; una secretaria, Q32 mil; un auxiliar de bodega, Q31 mil; un asistente, más de Q40 mil, y algunos jefes de área, hasta Q76 mil.

Son muchos los que ganan más que un diputado, que no llega a los Q30 mil mensuales cuando no es miembro de la Junta Directiva.

La información, que había sido guardada con recelo por muchos años, aun a costa de violar la Ley de Acceso a la Información, por fin salió a luz y causó una indignación y malestar generalizado entre la población, debido a los exorbitantes salarios que devengan muchos empleados contratados en el renglón 011.

El sorpresivo cambio de política fue ordenado por el presidente Mario Taracena Díaz-Sol, quien rompió una opaca tradición que mantenían todos sus antecesores, incluso el último de ellos, Luis Rabbé, quien siempre se negó a dar la información, que, por Ley, debe ser pública.

El origen de los altos salarios, en la mayoría de estos casos, está relacionado con la suscripción de un pacto colectivo de trabajo firmado en 2006, el cual estableció un aumento anual de 10 por ciento para los empleados del Congreso, organismo que se ha caracterizado por ser inoperante e ineficiente. Además, el Legislativo se encuentra emplazado por el sindicato, lo que hace muy complicado despedir a los empleados con estos contratos onerosos para el Estado.

No son pocos los diputados o exdiputados que dicen en voz baja que se trata de una vieja práctica, según la cual los legisladores contratan personal obligado a dar una parte de su salario. Es una mecánica que se encontró para incrementar los ingresos de los diputados, al no poder incrementar sus salarios, indica un empleado del Congreso que pidió no ser identificado.

 

Marcado por la opacidad

La negativa por muchos años de publicar los salarios de los empleados del Congreso –que actualmente suman mil 887– no es la única muestra de opacidad en uno de los organismos del Estado más cuestionados y desacreditados por su comportamiento político y mal trabajo en la elaboración de leyes, muchas de las cuales responden más a intereses personales o partidistas que a los de la mayoría de la población.

El Legislativo tampoco hace público en su portal electrónico –además de los puestos y salarios– los procesos de cotización y licitación para programas, contratación de bienes y servicios, contratos de mantenimiento, programas de subsidios, programas de becas y de transferencias, compras directas e informes de auditoría.

Asimismo, tampoco muestra el listado de asesores y asistentes de la Junta Directiva, actas de las sesiones de las comisiones de trabajo y el diario de las sesiones plenarias. En tanto que son públicos, de manera parcial, en su página web, los listados de viajes internacionales y los contratos de arrendamientos de inmuebles.

Estos datos se evidencian en el informe preliminar sobre supervisión de portales electrónicos realizado en 2015 por la Secretaría de la Comisión de Acceso a la Información de la Procuraduría de los Derechos Humanos, cuyo resultado final será dado a conocer en abril del presente año.

 

La información debe ser pública

Jorge Wong, analista del Observatorio Democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, manifiesta que es obligatorio que esta información sea pública, pero asegura, al referirse a los onerosos sueldos, que es una cuestión ofensiva hacia el pueblo, debido a los bajos salarios que se tienen en el campo laboral.

Los altos salarios que devengan estos trabajadores parlamentarios demuestran la debilidad institucional que sufre el Estado de Guatemala, debido a que las contrataciones que se dan son irregulares, ya que no se busca idoneidad ni calidad, enfatiza Wong.

La publicación de los puestos y salarios en el Congreso fue aplaudida por diversos sectores, quienes lo catalogaron como un paso importante para crear una agenda de transparencia.

José Carlos Sanabria, coordinador del Área Política de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, asegura que se deben establecer criterios para asignar salarios y que no se hace bajo los parámetros de capacidad, eficiencia y desempeño o labor legislativa. Son criterios vinculados con clientelismo político y compadrazgo, así como corrupción, por medio de plazas fantasmas, subraya Sanabria.

Además, agrega: Creo que la Junta Directiva del Legislativo debería de iniciar procesos que muestren la voluntad política y llamar a jefes de bloque para que se tomen medidas administrativas necesarias. Asimismo, es necesario hacer una revisión del pacto colectivo y de algunas condiciones y beneficios que no se justifican, no solo por la crisis que se tiene en el país, sino en el marco de las funciones y atribuciones que tienen estas personas.

Los altos salarios que devengan algunos empleados parlamentarios evidencian debilidad institucional, aseguran los analistas.

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