Politica

Presupuesto 2016: Lo que los diputados deben tomar en cuenta

El lunes, 30 de noviembre, es el último día que tiene el Congreso de la República para aprobar o improbar el proyecto de Presupuesto del Estado para el próximo año, por lo que analistas y centros de investigación presentaron una serie de sugerencias sobre lo que los diputados deberían considerar, para tomar una decisión con bases técnicas.

Estuardo Gasparico M.

egasparico@cronica.com.gt

La primera entidad en pronunciarse al respecto fue la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo (ATAL), la que resumió la situación de esta forma: El proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016 asciende a un total de Q72,430 millones, que se gastarían en funcionamiento (Q46,664 millones), inversión (Q13,316 millones) y en pagos de deuda pública (Q12,449 millones), cuyo financiamiento provendrá de ingresos tributarios (Q54,556 millones), colocaciones de bonos (Q11,060 millones), desembolsos de préstamos (Q3,046 millones) y otros ingresos (Q3,768 millones).

Inmediatamente indica que aunque resulta positivo que el presupuesto para el 2016 se haya basado en estimaciones de un escenario macroeconómico moderado, y que dentro del mismo se haya incluido el costo de la política monetaria, el mismo incorpora un desequilibrio fiscal (y un consiguiente endeudamiento público) estructural que se ve agravado por problemas coyunturales de iliquidez provenientes de una recaudación ineficiente, así como por el continuo y desmedido aumento de los gastos corrientes del Estado (incluyendo los incrementos salariales contenidos en los pactos colectivos de algunos ministerios y del propio Congreso de la República). No obstante, hace las siguientes observaciones:

El proyecto plantea un incremento de 8 por ciento en la recaudación tributaria,  superior al crecimiento de la economía y  la recaudación de los últimos 5 años, por lo que no se considera realista.

Por lo tanto, se requiere de un esfuerzo concreto para fortalecer esos ingresos, incluyendo cambios en la estructura de gobernanza y gestión de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), especialmente en aspectos de capacidad informática, recursos humanos, y gestión de riesgos; fortalecer los controles administrativos en las aduanas, agilizar el despacho, reducir la discrecionalidad del personal y promover la transparencia.

También le parece razonable esperar que la recaudación crezca en el 2016 entre 5 y 6 por ciento (en función de una tasa esperada de inflación y del crecimiento real de la economía), por lo que se podrían recaudar unos Q53,400 millones, cifra menor en Q1,100 millones a la estimación presentada.

El escenario ideal de largo plazo de eliminar el déficit fiscal debe iniciar con una reducción gradual del mismo, por lo que se recomienda reducir dicho déficit fiscal en alrededor de Q900 millones respecto a lo planteado en el referido proyecto. Con dicho ajuste, el techo razonable recomendado para el presupuesto alcanzaría los Q70,374 millones, expresó Mario García Lara, director de ATAL.

De no reducirse el déficit fiscal previsto, el Estado debe contratar nueva deuda, que para el 2016 está previsto que se cubra principalmente con emisión de bonos (Q11.060 millones), debido a que el Organismo Ejecutivo no ha logrado negociar préstamos de apoyo sectorial, con el riesgo de condiciones financieras menos favorables que las de los préstamos con organismos internacionales.

Para minimizar dicho riesgo, se sugiere que, de resultar inevitable la colocación de bonos, una proporción pueda emitirse en los mercados internacionales y se postergue la colocación de unos US$500 millones, mientras se gestiona el desembolso de préstamos en proceso de negociación con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, recalcó.

Lo anterior, porque  esta representará un 246 por ciento de los ingresos tributarios en el 2016, muy cerca de los límites considerados como tolerables (250 por ciento), lo que puede perjudicar la percepción del país en los mercados financieros internacionales.

García Lara, concluyó en que debido a las asignaciones fijas de la Constitución y otras leyes, el presupuesto es bastante rígido: existe apenas una flexibilidad de un 15 por ciento para realizar nuevos programas y se nota que la prioridad en el gasto público ha sido el rubro de funcionamiento, que ha aumentado de 7.8 por ciento como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) en el 2008, a 9.6 por ciento en 2015, a costa de la inversión que ha bajado de 4.5 a 3 por ciento, mientras aumenta el servicio de la deuda de 2.1 a 2.4 por ciento del PIB.

Parte del aumento del funcionamiento se ha destinado a los compromisos adquiridos en pactos colectivos, especialmente los de salud y educación, que comprometieron recursos por varios años, sin tomar en cuenta las leyes ni las disposiciones de recursos, por lo que deben ser revisados, así como los rubros de gasto que no agregan valor al desarrollo, como varios programas sociales (transferencias condicionadas, la bolsa solidaria y los fertilizantes). 

Asimismo, resulta imperativo que no solo se analice la calidad del gasto en el Organismo Ejecutivo, sino también en instituciones como el Congreso de la República, el Organismo Judicial, las municipalidades, los Consejos de Desarrollo y las entidades autónomas, con lo que se podrían ahorrar hasta Q2,200 millones.

 

Otras señales de alerta

Por su parte, la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), puso sobre la mesa varios alertivos que se deben considerar, antes de aprobar un presupuesto deficitario:  para la estimación de los ingresos del ejercicio del 2016, será necesaria la mayor objetividad posible, ya que en años previos, especialmente en el 2015, se incluyeron ingresos por un  impuesto sobre la telefonía móvil, regalías para las explotaciones mineras y el incremento al de la distribución de cemento, los que fueron suspendidos, error que ya no debe cometerse por la Corte de Constitucionalidad,

En cuanto a la estructura del gasto proyectado, ASIES confirma que el de funcionamiento e inversión bajan, pero el de la deuda sube, cuando idealmente debería ocurrir lo contrario.

El rubro de las remuneraciones en su conjunto representan el 28.9 por ciento del presupuesto total, advierte.  Si bien se justifica dicho monto, especialmente para el funcionamiento de las instituciones que tienen a su cargo el aspecto social como la salud, educación y seguridad, no se justifica que los resultados no sean los deseados, dado que todavía se observan necesidades por atender en esas áreas. Además es importante revisar que no incluya las denominadas “plazas fantasma”, foco de corrupción. Por otro lado, la inversión pública en infraestructura es fundamental para generar un ambiente propicio al desarrollo.

 

Icefi:  eliminar los gastos superfluos

Mantener sin recortes el proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo, incluir normas especiales para fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, pero también priorizar la implementación de políticas públicas para combatir la desigualdad fueron algunas de las recomendaciones de un foro-debate celebrado a inicios de semana, por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y Oxfam Guatemala.

Aun cuando se avance en el combate

a la corrupción, los recursos son insuficientes para concretar la realización de

los derechos de la población guatemalteca, aseguró la economista Alejandra Contreras.

Agregó que el proyecto presentado por el Ejecutivo ya incluye recortes severos respecto al presupuesto vigente en el 2015:  Q505.4 millones en consultorías; Q37.8 millones en divulgación e información; Q82.7 millones en impresión y reproducción de documentos.

No obstante, para priorizar la inversión de los recursos, la primera sugerencia fue suprimir el renglón 189 (consultorías por servicios que no pueden prestar los servidores públicos); y prohibir incrementos en el renglón 029 (personal temporal).

También descartar incrementos, dejando el techo asignado en el 2015 para gastos de representación en el interior, telefonía; viáticos en el exterior y el interior; transporte de personas; atención y protocolo; otros servicios no personales; alimentos; combustibles; abonos y fertilizantes; y gastos no previstos.

Entre las principales recomendaciones del evento están que se deben evaluar las capacidades de los cuadros técnicos que ya laboran en el Estado para evitar tanta consultoría y asesoría; y que los ajustes presupuestarios no deben implicar recortes, sino traslados para mejorar la prestación de bienes y servicios públicos.

Además, realizar acciones inmediatas para la gestión de préstamos en condiciones blandas que permitan mejorar la composición del financiamiento del déficit fiscal y revisar los pactos colectivos de condiciones de trabajo, en cuyas negociaciones siempre debería participar el Ministerio de Finanzas.

Comunidad internacional, técnicos y diputados participaron en el foro-debate de Icefi-Oxfam.

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