Politica

Ley de Orden Público: Legislación de 1965, autoritaria y represiva 

El Decreto 7-1965 de la Asamblea Nacional Constituyente fue una de las herramientas utilizadas por los gobiernos militares de la época para limitar los derechos y garantías ciudadanas.  En 1985 promulga una nueva Constitución, más respetuosa de los derechos humanos y de corte más democrático, pero aquella Ley no fue modificada ni derogada.


Sin justificación, el presidente Jimmy Morales decretó un Estado de Prevensión, que disparó las criticas ciudadanas y de expertos juristas, porque restringía libertades básicas de cualquier democracia ­—libre expresión, locomoción y derecho de reunión­—, al tomar el decreto gubernativo algunas de las partes más radicales de la obsoleta y represiva Ley de Orden Público.

El Gobierno no soportó la presión y terminó derogando el decreto, aunque dictó uno nuevo, de Calamidad Pública, otra vez sin justificación y, aunque suavizó las restricciones a las garantías constitucionales, mantuvo la liberación a las compras y contrataciones sin necesidad de cotizar o licitar, otro defecto de la citada ley, el cual abre las puertas a la corrupción, como se ha demostrado en varias ocasiones.

La Ley de Orden Público lleva en vigor y sin modificaciones más de medio siglo. Data de un período en el cual los gobernantes militares se sucedían y todos recurrían a decretar estados de excepción, en especial el estado de sitio, con el fin de mantener control sobre la población y, no en pocas ocasiones, tener el pretexto para cometer acciones represivas y antidemocráticas.

Con el llamado retorno a la democracia se aprobó una nueva Constitución en 1985 ­—la vigente­— con fuertes avances en materia democrática y, particularmente, en garantizar el respeto a los derechos humanos universalmente reconocidos.

La Ley es obsoleta

Consultados destacados juristas, expertos en materia constitucional ­—por ser la citada ley de esa categoría­—, coinciden en que debe ser reformada o derogada. Algunos señalan que derogarla no es posible, precisamente por haber sido dictada por una Asamblea Nacional Constituyente y, por tanto, lo único que cabe es su reforma, en todo caso urgente.

El exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Quesada Fernández, reconoce que es lamentable que la Constituyente del 85 no la haya derogado o cambiado. El abogado constitucionalista la mira inaplicable porque está emitida para cumplir con las regulaciones de la Constitución vigente en aquel momento. Está hecha para desarrollar estados de excepción que contempla esa Constitución. Como varios de sus colegas no mira bien su aplicación en los casos actuales.

Por su parte, Alejandro Balsells, expresidenten del Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecon), explica que no se puede derogar, por ser producto de una Asamblea Nacional Constituyente, pero existe la posibilidad de una reforma hasta en un 99 por ciento de su contenido, y recuerda que hacerlo es parte de los acuerdos de paz firmados en 1996.

El abogado Mario Fuentes Destarac también resalta que se debe trabajar una nueva Ley de Orden Público, debido a que está desactualizada, pues data de 1965, y que si no se puede derogar, al menos se debería modificar en su fondo y forma más importantes. Si se deroga o se sustituye puede caer en una discusión bizantina, se debe tener cambios en esa Ley, porque no describe ni siquiera en qué consiste cada modalidad de estado de excepción, no se sabe qué es el estado de prevención, de alarma e incluso de sitio.

Fuentes Destarac considera que es imperativo tener reformas. Como los demás profesionales consultados no creen conveniente que se limiten en estos estados de excepción los derechos individuales de los ciudadanos.

Otra opinión en la misma dirección es la del abogado Mario García, de la Asociación Guatemalteca de Juristas (AGJ), quien considera que esta Ley fue concebida bajo la doctrina de Seguridad del Estado que privaba en 1965, cuando recién principiaba un conflicto armado interno que enfrentaba al Estado con la guerrilla y estaba en auge la llamada Guerra Fría encabezada por Estados Unidos y la Unión Soviética.

García recuerda que en ese entonces Centroamérica estaba en el ojo del huracán, por ello en Guatemala se aprobó esta norma para mantener un control sobre la población, con la finalidad de hacer cateos y buscar pruebas para detectar guerrilleros, catalogados como enemigos del sistema.

En términos generales se considera la ley como obsoleta y represiva. Curiosamente, entre la ciudadanía se conoce muy poco de ella, e incluso en las redes sociales las críticas se enfocan más a las compras sin control, que a la forma en que se limitan las garantías de las personas.

Durante los gobiernos militares que se sucedieron entre 1970 y 1984 ­—los generales Carlos Arana, Kjell Laugerud, Romeo Lucas, Efraín Ríos Montt y Oscar Mejía Víctores­—, esta ley se utilizó con fines de Seguridad de Estado, con el retorno a la democracia ha sido utilizada en algunas ocasiones para decretar los estados de emergencia por desastres naturales.

Sin embargo, no fue sino hasta en esta ocasión que un presidente tomó alguna de las partes que más limitan las libertades individuales.

Fomenta corrupción

La medida contemplada en la Ley de Orden Público que más se ha utilizado por parte de los gobiernos civiles ­—entre 1986 y 2016­—, esta la de la liberación de las compras, lo que ha fomentado varios casos de corrupción, ya que las autoridades de diferentes ministerios han aprovechados los estados de calamidad para  hacer negocios, más allá de las necesidades inmediatas por la emergencia.

Además, se abusa de esta medida porque no se regula la mecánica para comprar, como tampoco se contempla que las autoridades tengan informar sobre todos los negocios realizados durante el tiempo que dura la vigencia del decreto.

El caso más emblemático y actual es el de las compras que bajo el estado de excepción se hicieron a la empresa de cartón conocida como El Bodegón, por poco menos de Q500 millones en granos básicos, los cuales ingresaron al país de contrabando y estaban en malas condiciones, al extremo de que cientos de toneladas de frijol y maíz tenían gorgojo y no servían ni para alimento de animales. Ahora ese caso está bajo investigación y varios funcionarios del gobierno del Partido Patriota (PP) están siendo procesados por haber cometido ilegalidades.

 

RECUADRO

Detalles de la Ley

La Ley de Orden Público, en vigor desde 1965, tiene carácter Constitucional. Consta de X capítulos que abordan las medidas que se pueden dictar en los siguientes casos de excepción:

  • Estado de prevención. Se puede llegar hasta la militarización de los servicios públicos, incluyendo los centros de enseñanza. Se podía impedir también el derecho de huelga, entre otros, así como disolver a la fuerza, cualquier reunión o manifestación ciudadanas. Limita garantías tales como la libre locomoción, derecho de reunión y manifestación y libertad de expresión y de prensa.
  • De alarma. Con las mismas restricciones que en el estado de prevención, más algunas adicionales y en varios casos con el agregado de poder aplicar medidas adecuadas a las necesidades que se fijan arbitrariamente.
  • De calamidad pública. Puede crear controles de precios y limitar varias de las libertades que se han mencionado.
  • Estado de sitio. Se puede dictar cuando el Ejecutivo considere que hay indicios fundados de hechos graves puedan poner en peligro el orden constitucional o la seguridad del Estado. Es más drástico que los anteriores.
  • Estado de guerra. Solamente lo puede decretar el Congreso de la República.

En términos generales se aprecia que los estados de excepción están enfocados más en materia de seguridad que para atender a situaciones ocurridas por desastres naturales, que es para lo que se ha utilizado últimamente.

 

 

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