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INFORME DE CICIG “OFICIALIZA” CORRUPCIÓN EN LOS PARTIDOS

SE SABÍA, PERO NADIE LO CONFIRMABA: LA CORRUPCIÓN TERMINÓ APODERÁNDOSE DE LA CLASE POLÍTICA. LOS PARTIDOS SE CONVIRTIERON EN VEHÍCULOS PARA ALCANZAR PODER Y RIQUEZA ILÍCITA. LO QUE ESTAMOS VIVIENDO EN EL PAÍS ES PRODUCTO DE LO QUE HA VENIDO SUCEDIENDO DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS, AL AMPARO DE LA IMPUNIDAD Y CONTROL DEL SISTEMA DE JUSTICIA, POR PARTE DE LOS MISMOS ACTORES. LA CICIG PUSO LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES.
Álvaro Alay / aalay@cronica.com.gt
El crimen organizado, empresas privadas y el monopolio de la televisión abierta son algunos de los actores que han corrompido el sistema político, influyendo negativamente en los procesos electorales, en busca de cargos que permitan hacer negocios con el Estado –lícitos o ilícitos– o, al menos, tener una cuota de poder en esferas de poder.
Lo que era un secreto a voces, el financiamiento espurio de campañas electorales, queda confirmado en el informe que presentó hace una semana el comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, quien calificó de nefastas, para la democracia de Guatemala, las prácticas que se utilizan. Los ejemplos presentados reflejan una preocupante realidad, que ha marcado el quehacer político en el país desde las últimas dos décadas del siglo XX.
El informe resalta cuatro males: 1) campañas electorales cada vez más caras, con fuertes inversiones en medios de comunición; 2) la inversión que se hace para ganar adhesiones (clientelismo), por medio de entrega de bienes materiales; 3) concentración de recursos, para alcanzar puestos de elección popular; y 4) debate político sin contenido.
Para politólogos y analistas, este informe es más temático que judicial; sin embargo, reconocen que es un documento de mucho valor para la sociedad en general, el cual permite que el electorado pueda abrir los ojos, de cara a las elecciones del 6 de septiembre, aunque es poco probable que muchas cosas cambien entre este momento y el día de emitir el voto.
Los partidos se nutren de fondos que provienen principalmente de la siguientes fuentes:
*Narcotráfico. Gran parte de las campañas para elección de alcaldes y diputados distritales son financiados con dinero que proviene de esta actividad, la cual se ha ido incrementando en el país con el paso de los Gobiernos. Cada vez tienen más representación e influencia. Eso les permite tener cierto nivel de protección en las comunidades que llegan a controlar.
* Personas individuales o empresas que hacen negocios con el Estado. A nivel de candidaturas presidenciales se ha vuelto una práctica marcada. El fin es asegurarse influencias, para luego dirigir los contratos multimillonarios en compras o contrataciones. Este dinero ni siquiera entra en las contabilidades de los partidos, y se dirige específicamente a los candidatos o sus personeros más cercanos. Se utiliza o no para las campañas.
* Crimen organizado. Además del narcotráfico, existen otros tipo de extructuras que operan al margen de la ley y que financian candidaturas o partidos políticos. El fin es mantener la impunidad y hacer negocios espurios con el Estado, en caso de ganar la elección,

El monopolio de los medios
Uno de los elementos sorpresivos del informe, es el reconocimiento de que la televisión abierta –canales 3,7,11 y 13– interviene y distorsiona los procesos electorales. Menciona con nombre y apellido a Ángel González, un magnate de medios de comunicación en Latinoamérica que reside en Miami, a donde todos los candidatos presidenciales deben acudir para solicitar apoyo publicitario y de infomerciales en sus noticieros (noticias engañosas que favorecen a los candidatos, alcaldes y fiuncionarios).
En campañas anteriores se ha confirmado, por declaraciones de los propios políticos, esta práctica. Algunos le han llamado Ángel de la Democracia, por la publicidad que regala –y por la que recibe de cada Gobierno, más frecuencias de radio y TV, y leyes que le favorecen en el Congreso–. Apoya a varios candidatos, pero dirige a uno el mayor beneficio.
Nadie del grupo de González quiso comentar el contenido del informe, pero las transmisiones que se hacían en vivo de la presentación de Velázquez, fueron suspendidas para que el público no escuchara los comentarios sobre esos medios.
Phillip Chicola, politólogo independiente, comenta que lo que sucede en el monopolio de la televisión abierta, aunque no es lo que era antes, porque ahora hay competencia, es todavía un factor diferenciador, porque el que tiene recursos puede ver cable, pero el que no se limita a esos canales.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana y Transparencia Internacional advierte del peligro de esta práctica, porque la fuerza e influencia que tienen en el electorado la radio y televisión, dos medios en los que González tiene muchas fuerza, derivada precisamente de las frecuencias que controla.
Solo en los papeles existen el canal del Congreso, el Canal 9 y el canal 5, de la Academia de Lenguas Mayas, que tienen frecuencia asignada, pero no emiten, lo que concede un poder monopólico a González.
El caso de González es emblemático, por el hecho de que las concesiones que usufructúa son el resultado de decisiones políticas. La última ampliación para el usufructo de frecuencias ocurrió en noviembre del 2012, a iniciativa del partido político Libertad Democrática Renovada (LÍDER), quien le posibilitó ampliar sus derechos, de 15 a 25 años, dicta el informe El Financiamiento de la Política en Guatemala.
Está ampliación benefició a todos los concesionarios de frecuencias radioeléctricas del Estado, incluyendo telefonía celular y canales por cable, menciona.
Agrega que también vemos que las nuevas alternativas locales tampoco son la solución, ya que los cables locales son de los diputados, generando el mismo fenómeno en lo distrital y municipal, pues solo por medio del dueño cable es como se puede tener acceso a los medios de comunicación.
El extranjero Ángel González es, además, propietario de una de las principales cadenas radiales del país (Sonora), lo que le permite no solo influir en la construcción de las preferencias políticos, sino que todos los políticos, si quieren promover sus candidaturas, deben llegar a entendidos con él.
Para el analista Renzo Rosal, algunos medios de comunicación terminan cayendo y contribuyendo a reproducir esta lógica, que deja de lado la información democrática, convirtiéndose en parte del problema y no de la solución, como debería de ser su papel en la era democrática.

Más del informe
Chicola explica que se trata de un informe temático, porque no busca ser base para procesos judiciales, tampoco agotar el tema de la discusión del financiamiento de la política de Guatemala. Lo que busca es que sea base para las reflexiones de cómo se ha trabajado la política en el país.
Por su parte, el coordinador del Instituto por la Democracia (ID), Alejandro Aguirre, opina que el informe evidencia un sistema político colapsado, corrupto, penetrado por redes criminales, donde prevalecen los actos ilícitos. De esa cuenta, tenemos una clase política dedicada a esquilmar los recursos del Estado, sin ningún escrúpulo, embullida en la corrupción y amparados por la impunidad imperante.
Rosal, a su vez, califica de positivo el documento, debido a que viene no solo a corroborar muchas ideas e hipótesis que se tienen en el país desde hace años, sino también demuestra lo complejo y denso del financiamiento de la política, y cómo ha cambiado la dinámica entre financistas y partidos.
La adhesión política, que se conoce como clientelismo, permite a los líderes movilizar segmentos de votantes y, a los electores, obtener algunos beneficios. Lo que genera este clientelismo son recursos cuantiosos que no necesariamente vienen de fuentes legítimas. Esa virtual compra de votos se atiende con recursos de fuentes ilegítimas o del propio Estado.
Las transformaciones en la forma de hacer política han hecho que los recursos financieros se conviertan en un elemento central de esta actividad, lo que por un lado genera distorsiones en el sistema político, mientras por el otro convierte el financiamiento de la política en objeto de análisis y estudio, tanto desde el mundo académico como desde los actores políticos y sociales, agrega el documento.
Para Marroquín, este informe presentado por la CICIG ha sido una fotografía muy completa de cómo el sistema político está atrapado en un sistema de financiamiento mafioso, lo cual lleva a que el Estado sirva solo a intereses ilícitos.

Financiamiento espurio
El financiamiento de la política en Guatemala se ha desarrollado en interacción con el sistema político, de manera que ambos, financiamiento y sistema, se han moldeado mutuamente. En este sentido, el sistema responde en gran medida a los flujos de financiamiento privado, mayoritariamente ilícito.
Como bien se cita en el informe, desde la política se ha ido construyendo un entramado de instituciones, empresas constructoras, oenegés, fundaciones y otro tipo de entidades que canalizan recursos hacia las campañas electorales y a los políticos.
También se reconoce que los partidos políticos no son los únicos actores del sistema político, ya que también están los grupos de poder económico, las organizaciones sociales, las iglesias y las propias entidades del Estado, que participan en la disputa y el ejercicio del poder.
Los partidos siempre buscan financiamiento, y los financistas a los partidos políticos, por pago de favores. Ahora han perdido independencia de democratización, pues se han convertido en un clúster de negocios, añade Rosal.

Integración de redes corruptas
Las redes políticas que se construyen en torno a algunos alcaldes y diputados distritales, son el elemento constitutivo que también permite articular la política local con la nacional; son la pieza central para el financiamiento ilícito de la política.
Estas estructuras constituyen redes político-económicas ilícitas (RPEI) de carácter regional, que conforman una confluencia de individuos y agrupamientos que se autoorganizan y cooperan, comunican e informan, que poseen intereses comunes para llevar a cabo actividades políticas, económicas -o mixtas-, principalmente ilícitas, destaca el dossier.
Agrega también que personas interesadas, algunas de ellas empresarios, financian partidos para luego tener capacidad de traficar influencias. Mencionó directamente a Gustavo Alejos, ex secretario privado de la Presidencia de Álvaro Colom, quien después del informe ofreció abrir sus cuentas para que la CICIG las investigue.
Al respecto, Rosal explica que el informe no lo dice expresamente, pero las conclusiones que se pueden sacar es que el poder en el país termina siendo parcializado, pensado en intereses de corto plazo, y permeado por la corrupción.
Las redes político-económicas ilícitas han establecido vínculos horizontales, creando una suerte de coaliciones que se expresan en el Congreso y, en periodos electorales, alrededor de candidatos presidenciales, debido a que entre más grande es la coalición, mayor posibilidad tiene de incidir en las decisiones nacionales, transfiriendo recursos hacia sus estructuras.
De manera vertical, estos grupos están integrados por alcaldes, quienes en la vinculación a una de estas redes les permite tener acceso a recursos públicos, adicionales a los establecidos constitucionalmente. Así, pueden construir obras de beneficio para su comuna, a cambio de recibir comisiones por las empresas constructoras.
Además de la obra pública, este tipo de redes ha administrado la bolsa solidaria y la bolsa segura, así como la distribución de fertilizantes y programas de vivienda popular, entre otros programas que se llevan a cabo en las diferentes administraciones.
Definitivamente, el robo descarado de los recursos del Estado conlleva que no se pueda responder a las necesidades más sentidas de la población, como salud de calidad, con cobertura universal; educación con calidad y amplia cobertura; el desarrollo rural; garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, concluye Aguirre.

Recomendaciones
Entre las recomendaciones para subsanar este mal existente en el sistema político, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala expone que, frente al gasto excesivo y desproporcionado en las campañas electorales, se deben acortar en tiempo y en recursos invertidos.
En lo que respecta al financiamiento de los partidos políticos, recomienda que el que es de origen privado se reduzca a no más del 20 por ciento del total del techo de campaña, el cual debe de contar con un estricto control.
También se debe de tener más coordinación entre el Tribunal Supremo Electoral y otras entidades, como la Contraloría General de Cuentas (CGC), Superintendencia de Bancos (SIB), la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Otro de los aspectos necesarios es reformar otras leyes y deducir responsabilidades de las instituciones a cargo, ya que históricamente, aunque se sabía el tema, se cerraban los ojos; y se debe responder de la mejor forma, no solo el Tribunal Supremo Electoral, precisa.
Esta es parte de la historia de la clase política del país, una clase corrupta que ha frenado el desarrollo del país y que ha engañado a los electores. Sin embargo, este informe pone el dedo en la llaga, esperando que influya de manera positiva en estas elecciones.
Los señalados
Estas personas aparecen señaladas en el informe de la CICIG, es por eso que algunos expertos consideran que el Ministerio Público debería investigar a todos, para determinar su responsabilidad penal en este enriquecimiento ilícito.
Gustavo Alejos es catalogado por la CICIG como un recaudador que obtuvo dinero, tanto para la agrupación política como para enriquecerse personalmente. Alejos fue recaudador del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y secretario privado de Álvaro Colom, donde tuvo influencia y fue facilitador de negocios propios y ajenos.
Arnoldo Medrano, alcalde de Chinautla, es un ejemplo emblemático de las redes político-económicas ilícitas. Medrano inició como tesorero de la comuna y ha sido alcalde por más de dos períodos, y se le ha solicitado antejuicio por transferencias económicas que ha hecho a sus familiares.
Baudilio Hichos, diputado distrital de Chiquimula. Entre agosto del 2014 y febrero del 2015, un grupo de personas cometieron delitos contra la administración pública, comprando servicios contratados del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en donde el parlamentario está involucrado.
José Rodolfo Guerra Díaz, es una persona señalada de conformar una estructura desde las constructoras. Él y sus hijos, Gabriel y Wilder Guerra Villeda, han tenido ostentosos contratos por el Gobierno central y las comunas.
Luis Chávez Pérez y Mirza Arreaga Meza, ambos parlamentarios de la bancada LÍDER, se les solicitó antejuicio por presionar al Ministro de Desarrollo Social para que les fueran asignados proyectos de inversión pública -Q5 a Q10 millones-.
Otto Vinicio Samayoa Soria, contratista del Estado, quien del 2007 al 2012 recibió contratos por al menos Q616 millones. Samayoa Soria trabajó en la Dirección General de Caminos y, posteriormente, se convirtió en contratista. Ha financiado campañas.
José David Echeverría, quien forma parte de un conglomerado de empresas familiares, que incluye a hermanos y primos, en el Gobierno de Álvaro Colom, se benefició con proyectos millonarios adjudicados por el Fondo Nacional para la Paz (Fonapaz).
Aníbal Menéndez Rodríguez, secretario departamental del partido Compromiso Renovación y Orden (Creo), fue acusado por el Ministerio Público por ser, presuntamente, integrante de una banda de narcotraficantes que opera en el país; asimismo, de tener vínculos con narcos de El Salvador.

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