Politica

Impuesto para la justicia en la orfandad

La sugerencia de gravar patrimonios de alta valía, con el objetivo de conseguir recursos para el fortalecimiento de la justicia, cayó en terreno estéril. Como tema en la agenda pública, causó una pasajera controversia, que luego se desplazó al rincón del olvido. Hoy nadie lidera la discusión.

Ronald Mendoza / rmendoza@gmail.com,

El pasado 10 de noviembre, en el marco de la presentación del estudio Los Costos y Desafíos del Combate de la Impunidad en Guatemala, elaborado por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, lanzó a la discusión pública la necesidad de un impuesto especial y transitorio de vigencia temporal limitada, dirigido a gravar grandes patrimonios… para fortalecer al Ministerio Público (MP) en su capacidad investigativa y de cobertura territorial, y también al Organismo Judicial (OJ).

La idea es, dijo, buscar recursos inmediatos para fortalecer los temas más urgentes en el sistema de justicia. Sin embargo, 17 días después, el Gobierno Central no promueve la discusión y el mandatario electo, Jimmy Morales, esquiva el tema, no fija una postura clara al respecto y asegura que todo fue un comentario del jefe de la CICIG.

Mientras tanto, el sector económico organizado, a través del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) y la Cámara de Comercio de Guatemala, ha destacado que el problema no es la carencia de recursos, sino el mal aprovechamiento de estos, por lo cual ve improcedente y poco aconsejable el pensar en crear más tributos.

El Congreso de la República tampoco ha fijado una postura al respecto; en todo caso, ha sido la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) la que ya planteó la Ley de financiamiento adicional para el combate a la corrupción y para el fortalecimiento de la justicia y la seguridad ciudadana, la cual prevé gravar de manera permanente ingresos por Q50 mil mensuales o utilidades por más de Q5 millones; sin embargo, no hay un consenso en el parlamento para viabilizar en el corto plazo la aprobación de dicha disposición.

Así, en medio del rechazo y el implícito menosprecio a esta discusión, algunas organizaciones sociales dan su beneplácito a la propuesta de la Cicig, aunque reparan en que es imperativo que sea el Ejecutivo quien, sin oportunidad de desentenderse, lidere la discusión alrededor de la sugerencia de Velásquez.

Llegados a este punto, cabe recordar que asuntos como estos no son nuevos. En enero de este año, el entonces ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, anunció el cabildeo con partidos políticos, universidades, empresarios y sociedad civil, para la imposición de un tributo específico para la seguridad.

El planteamiento no llegó lejos. Por ejemplo, la posición del Cacif fue básicamente la misma de hoy: La propuesta es inadecuada e improcedente. El Gobierno tiene que alcanzar un gasto eficiente y transparente.

 

Comparados con la región

El Estudio Institucional y sobre Gasto Público en Seguridad y Justicia en El Salvador, presentado en el 2013, por el Banco Mundial (BM), con el propósito de comparar la inversión en justicia y seguridad de El Salvador en relación al resto de países centroamericanos, determinó que del istmo, la nación que menos recursos destina a esto es Guatemala, con solo 1.7 por  ciento del Producto Interno Bruto (PIB) remitido a estos rubros.

De acuerdo al estudio del BM El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Honduras, otorgan a justicia y seguridad entre el 2.0 por ciento y 2.8 por ciento del PIB.

En relación con lo antedicho, el analista del Icefi, Abelardo Medina Bermejo, asegura que la situación es aún peor, pues según las estimaciones que ellos han hecho, la inversión en justicia y seguridad en Guatemala es no mayor al 1.4 por ciento del PIB.

Para Evelyn Villareal, coordinadora del Informe Estado de la Justicia del proyecto Estado de la Región –que contine análisis e información estadística de Centroamérica- y que tiene su sede en Costa Rica, asegura que los poderes judiciales no han tenido cambios en su legislación que modifiquen sustancialmente sus procesos, tampoco en cuanto a la disponibilidad de recursos humanos o financieros para su gestión. Las variaciones que se observan en cuanto a presupuesto (con excepción de Costa Rica y Panamá), litigiosidad y funcionarios por habitantes son pequeñas. 

De esto que los principales síntomas de un sistema judicial desfinanciado puedan ser observables, como por ejemplo: El limitado acceso a la justicia y la baja calidad de la justicia, expresada en el nivel de profesionales del Poder Judicial, la calidad de las sentencias, los datos de desempeño, duraciones, y la impunidad como síntomas de sistemas colapsados, concluye Villareal.

 

En cancha del Ejecutivo

Contando con las posiciones divergentes revisadas hasta ahora, representantes de organizaciones sociales y organismos regionales coinciden en que obligadamente es el Gobierno central el que debe liderar y encauzar la reflexión, análisis y discusión de un impuesto temporal para financiar el sistema de justicia en Guatemala, el cual consideran oportuno.

El comisionado, lo que hizo, fue decirnos: ¡Guatemaltecos, deben recordar que el sector justicia tiene problemas! De ahí que lo apropiado sea que el organismo Ejecutivo tome este asunto en sus manos. Es más, seamos honestos, este ni siquiera debió esperar que se planteara el tema desde la Cicig. Aquí, igualmente debe secundarle el Legislativo, como organismo, ya que este puede viabilizar la vigencia de un tributo de este tipo, apunta Medina Bermejo.

De esta cuenta, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), quien califica la propuesta de Velásquez como más que razonable, ve con extrañeza que los políticos nacionales no sean quienes lideren esta deliberación, como sí ha sucedido en El Salvador y Honduras, por ejemplo, dice.

En ambos casos hubo una discusión acalorada en el seno de los hemiciclos legislativos entorno a estos asuntos, cosa que en Guatemala aún brilla por su ausencia. Tampoco se han pronunciado claramente el Gobierno de turno ni el electo. Esto es prueba de la ausencia de una clase política con liderazgo para enfrentar estas materias y darles al menos intento de solución, precisa Marroquín.

Observando como necesario un tributo de esta categoría, Helen Mack, de la fundación Myrna Mack, expresa: El presidente de la república es llamado a asumir la dirección de un asunto como el sugerido por el comisionado de la Cicig. Él encarna la unidad de la nación y, como tal, está forzado a dirigir estos debates de interés nacional. De esta cuenta, el amplio silencio en el que se ha mantenido al respecto solo puede hablarnos de la dependencia de la actual gestión con el sector económico, que es el que se está oponiendo a un impuesto de este tipo. Considero que un gravamen de esta categoría es importante.

De tal forma que la discusión respecto a esto debe provenir desde los poderes del Estado, especialmente desde el Ejecutivo, convocando a todos los sectores de la sociedad. Pero este es un proceso y, como tal, debe revisarse y analizarse, y no descartarse de tajo, plantea Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Las cosas así, Édgar Gutiérrez, coordinador del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), explica que este es como un hoyo negro, sobre el cual hay que arrojar luz.

Las experiencias de Colombia y Honduras, verbigracia, nos dicen que un impuesto específico para la justicia sí puede funcionar; sin embargo, el error pudo estar en la forma en que se lanzó la sugerencia, la cual no tuvo la oportunidad de ser precedida de reuniones con grupos de interés, entre ellos, los empresarios, para analizar sus dimensiones políticas y técnicas, razona Gutiérrez, quien plantea que lo mejor es presentar un diagnóstico real de cómo están las cosas y la ruta para superarlo, y dentro de ese panorama discutir lo del impuesto extraordinario.

Por supuesto, la propuesta política y técnica debería de conducirla el nuevo Gobierno, o 3 o 4 bancadas clave de la nueva legislatura, puntualiza el analista del Ipnusac.

Para Villareal, investigadora del Estado de la Región, el debate alrededor de un tema, como el propuesto, debe ser liderado por una coalición de Gobierno y sociedad civil, incluso con algún apoyo de especialistas externos (Secretaria General Iberoamericana, Organización de Estados Americanos, etc.). Es un camino más largo, pero más seguro y de construcción de confianza, aclara.

Guatemala ocupa, según un estudio del BM, el último lugar de la región en inversión en justicia.

La propuesta de Velásquez no ha encontrado eco  en la clase política y sector económico.

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