Politica

Extinción de Dominio: DISUASIVO PARA EL CRIMEN ORGANIZADO

La Ley de Extinción de Dominio es considerada como una herramienta fundamental de lucha contra el crimen organizado, así como de estructuras criminales enquistadas en el Estado. Ha sido utilizada en diversos casos de narcotráfico, así como en contra de la estructura de defraudación aduanera, denominada La Línea.

Álvaro Alay / aalay@cronica.com.gt

Los procesos de extinción de dominio más recientes están relacionados con las propiedades del expresidente Otto Pérez y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, así como de cuentas bancarias -de ambos- que suman más de Q12 millones. Los dos exfuncionarios son acusados de liderar, supuestamente, la red de defraudación aduanera, conocida como La Línea. Al momento, cuatro propiedades de Baldetti ya están siendo administradas por la Secretaría Nacional de Bienes de Extinción de Dominio (Senabed).

Este proceso también ha iniciado con otros implicados a la estructura –La Línea-, a quienes se les han embargado cuentas bancarias, para su respectiva investigación; entre ellos, Juan Carlos Monzón, quien fungió como secretario privado de Baldetti, cuando esta estuvo en la Vicepresidencia.

Edgar Celada, analista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), explica que lo que se aprecia de la Ley de Extinción de Dominio es el efecto disuasivo que a largo plazo puede llegar a tener.

Estos efectos, agrega, no son específicamente de corto, sino de mediano y largo plazo, e indica que otro aspecto positivo es que lleva recursos al Estado, que de algo sirve a las instituciones a las que estos se destinan. Entre ambos aspectos, la parte disuasiva es lo más relevante, ya que la ley no se concibe como una fuente de ingresos para las instituciones del Estado, subraya el analista.

 

Camino a la extinción

El proceso de extinción de dominio de un bien mueble o inmueble inicia con una investigación del Ministerio Público (MP), y empieza a tomar forma cuando el Juzgado de Extinción de Dominio decreta la inmobilización o secuestro de propiedades de los acusados.

Aunque en esta fase ellos siguen siendo los propietarios, la administración de los bienes está a cargo de la Secretaría Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (SENABED), que se hace cargo del mantenimiento para que estos no se devalúen; ya sea para devolverlos a la persona, si es declarada inocente, o para que estos pasen a poder del Estado, si existe una sentencia condenatoria firme.

Desde el punto de vista de Celada, la ley brinda una garantía a un debido proceso, que es cabalmente lo que siempre debe prevalecer en un sistema de justicia.

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