Politica

Descarado desfalco en el Congreso

Seguramente son mucho más de Q80 millones los que se han escamoteado en el Congreso de la República por medio de plazas fantasmas. El MP y la CICIG empiezan a descubrir un gigantesco entramado en el que podrían verse involucrados varios diputados, pero ahora, al menos se tiene como cabecillas a los expresidentes del Congreso Luis Rabbé y Arístides Crespo. Robo descarado, tráfico de influencias y otras práctricas retorcidas.

 


Pagar favores políticos se ha convertido en toda una mafia enquistada en el Legislativo, en donde la sustracción de fondos del Estado, en perjuicio del patrimonio de esta institución, poco o nada les importa a los llamados padres de la patria, excepto, hasta que los pillan en su floreciente negocio de plazas ilegales; uno de los varios hechos de corrupción detectados en esa institución.

Hasta la fecha no se sabe desde cuándo se vienen realizando estas prácticas anómalas en el Congreso de la República, a pesar de ser un secreto a voces; aunque el descaro con que Rabbé y Crespo autorizaron contrataciones de plazas fantasmas durante sus administraciones, ha dado origen a esta nueva investigación por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Infografía PF

La pesquisa para descubrir más corruptela de este tipo, no se quedará únicamente en el Congreso de la República, confirma la CICIG; sin embargo, es en este primer organismo donde se ha descubierto lo que ellos llaman un fenómeno criminal; una mafia que autorizaba dos tipos de empleos anómalos, conocidas como plazas fantasmas, porque los contratados nunca llegaron a trabajar, o bien, otras donde los empleados no llenan los requisitos que pide la Ley de Servicio Civil, pero que; sin embargo, devengaban sueldos de hasta Q20 mil al mes.

Este nuevo desfalco en el Congreso disminuye gota a gota los recursos del Estado, comenta una fuente de la CICIG, ya que al hacer un conteo de todas las plazas se calcula que se erogaban más de Q85 millones anuales del presupuesto; pero, incluso, podría ser más si se abre a juicio la investigación contra más diputados.

Estas son las causas por las cuales el MP y CICIG plantearon una solicitud de antejuicio contra Rabbé y Crespo, mientras que en los tribunales de justicia abrieron una investigación penal contra los exdiputados Alfredo Rabbé —hermano de Luis Rabbé—, Carlos Herrera, Édgar Cristiani y José Luis Mijangos, quienes fueron ligados a juicio pero con libertad bajo fianza, de Q100 mil a cada uno.

A pesar de que muchos sabían de esas anomalías en el Legislativo, y del precedente por la captura del también expresidente del Congreso, Pedro Muadi, los antejuiciados siguieron ese mal ejemplo, y como si el presupuesto fuera de ellos o de su empresa, lo siguieron malversando a su antojo, con la complicidad de los miembros de sus Juntas Directivas.

El poder corrompe reza un refrán, y aunque ambos diputados no se esperaban que también les aplicaran el peso de la ley, ese día llegó con la solicitud de antejuicio presentada en el Juzgado Primero del Ramo Penal, cuya notificación ya está en el Congreso.

A continuación se detalla parte de la investigación que sustenta el antejuicio planteado en contra de Rabbé y Crespo, en la cual se ponen en evidencia las numerosas irregularidades en la contratación de personal no justificado.

Contratos ilícitos en dos modalidades

Crespo y Rabbé

Contra Rabbé, por haber sido presidente del Congreso, del 14 de enero del 2015 al 14 de enero del 2016, se le acusa de haber autorizado el nombramiento de personas en el renglón 022 —un contrato anual con todas las prestaciones de ley—, a pesar de no reunir los requisitos para cumplir con el perfil de los puestos, pero, incluso, la toma de posesión fue con pago retroactivo, cuya anomalía encuadra en el delito de nombramientos ilegales, según el artículo 432 del Código Penal.

No obstante, la segunda modalidad es aún más grave, ya que se trata del nombramiento de servidores públicos, quienes nunca acudieron a sus oficinas a desempeñar las funciones estipuladas en su contrato.

Según la investigación que consta en la solicitud de antejuicio, en los meses de enero a febrero de 2015, Rabbé, en ese entonces presidente del Legislativo, autorizó la contratación de 11 personas bajo su responsabilidad —nueve, sin llenar el perfil—, en el renglón 022, con sueldos que oscilan entre Q6 mil a Q20 mil.

Además, se le sindica de haber aprobado la contratación de 21 asistentes bajo su cargo, con salarios que oscilan entre Q15 mil y Q20 mil, nombramientos con pago retroactivo y 16 de ellas sin cumplir con el perfil para asistente.

Según la investigación, Rabbé no solo contrató exceso de personal a su cargo, sino que también permitió que lo hicieran otros diputados de su junta directiva. De esa cuenta autorizó al diputado Julio César López Villatoro, que estaba en la segunda vicepresidencia, contratar a 14 asistentes, con salarios entre Q7,500, Q10 mil y Q12 mil; al diputado Selvin Boanerges García Velásquez, en ese entonces, tercer vicepresidente, a 13 auxiliares bajo su cargo, con sueldos entre Q4mil a Q15 mil.

Asimismo, concedió al diputado César Emilio Fajardo Morales, que estaba en la primera secretaría, la contratación de 20 auxiliares bajo su cargo, con salarios de Q4 mil, Q7mil, Q10 mil y Q15mil, con pago retroactivo y sin que seis de ellos cumplieran con el perfil para ser sus asistentes. También autorizó al diputado Édgar Romeo Cristiani Calderón, segundo secretario de la Junta Directiva, la contratación de 13 auxiliares bajo su cargo, con salarios entre Q10 mil y Q20 mil, 14 de ellos sin cumplir con el perfil para ser sus asistentes.

Pero el negocio de las plazas seguía, por lo que; además, Rabbé avaló al diputado Manuel Marcelino García Chutá, en ese entonces tercer secretario, contratar a 22 auxiliares bajo su cargo, devengando sueldos entre Q7 mil a Q15 mil mensuales, con pago retroactivo, 19 de ellos sin cumplir con el perfil del puesto.

Contratados sin llenar el perfil

Luis Rabbé y Aristides Crespo

La investigación que realiza la CICIG es ilimitada, dice una fuente, por lo que, conforme se consigan más evidencias se extenderá en el Legislativo y luego a otras instancias del Estado, como el Ejecutivo y Judicial; el objetivo es lograr que estos procesos penales sean un aliciente para que se termine este tipo de corrupción desmesurada.

El diputado Luis Rabbé presumía su poder en el Legislativo, incluso sin pensar que en algún momento les caería el peso de la ley; sin embargo, al amparo de su cargo como presidente del Congreso siguió autorizando la contratación de más gente, por lo cual avaló a los diputados de ese entonces, Carlos Humberto Herrera Quezada, Carlos Enrique López Girón, Luis Mijangos Contreras y nuevamente a Édgar Romeo Cristiani Calderón, contratar entre todos a otras 47 personas, con salarios entre Q6 mil, Q7 mil, Q10 mil y Q20 mil. En total, en este período Rabbé autorizó la contratación de 157 personas sin llenar los requisitos profesionales.

Todo lo anterior revela la comisión de una serie de abusos y omisiones por pate del diputado Luis Armando Rabbé Tejada, a quien le correspondían determinadas responsabilidades y obligaciones por ser el Presidente del Organismo Legislativo, entre ellas, el presidente Rabbé actuaba como única autoridad nominadora de personal laboral y era el principal encargado de garantizar un eficiente manejo de la administración del patrimonio de la institución, así como velar porque todo gasto y erogación era debidamente justificado, destaca la solicitud de antejuicio.

El documento judicial presentado por el MP y la CICIG señala que Rabbé, en su calidad de presidente del Congreso de la República, cometió arbitrariedades, abusando de su autoridad nominadora, las cuales ocasionaron un perjuicio al patrimonio del Congreso.

Agrega que esta contratación desmesurada  de personal impactó directamente al presupuesto del Organismo Legislativo, pues en los meses de marzo, mayo y noviembre del 2015, se trasladó para renglones relativos al pago de servicios personales, la cantidad de Q85 millones 200 mil, lo cual refleja de manera concreta los efectos de no contar con controles efectivos en las obligaciones asignadas para la administración del patrimonio del Congreso.

No obstante, el negocio de plazas continuó durante el período de Rabbé, pero la modalidad de este fenómeno criminal, como se señala en la solicitud de antejuicio, fue por contratar a gente que no llegó a trabajar.

Sin ir a trabajar

En esta modalidad se identificaron 36 casos, algunas solicitadas por el diputado Arístides Baldomero Crespo Villegas, cuando era primer vicepresidente, entre las que destacan nombres como Blanca Lucrecia Barillas Escobedo, que devengaba Q15 mil mensuales, pero no llegó al Congreso porque laboraba en la Dirección de Correos y Telégrafos, Alba Mariela de León Castellanos, con Q20 mil, ya que laboraba en el Inguat; Lorena del Rosario González de León, ganando Q15 mil, quien en realidad laboraba en el instituto Bethania.

Además, Carlos Geovanny Vásquez Hernández, ganando Q15 mil, pero que laboraba en la municipalidad de Chinautla, Paulo César Pinto Velásquez, devengando Q12 mil; sin embargo, nunca llegó al Congreso porque vivía y laborada en el colegio privado Palabra de Acción, en Huehuetenango.

Entre otras contrataciones están la de Astrid Lizeth Elías Valdez, ganando Q15 mil, que en realidad laboraba en el Programa de Apoyo Comunitario Urbano y Rural (PACUR) del Ministerio de Comunicaciones, Henry Ramón Valdez Guzmán, devengando Q15 mil, quien no llegó al Legislativo porque laboraba en la empresa SEPROVAL, ubicada en San José La Arada, Chiquimula. Además, Jhonatan Augusto Elías Valdez, devengando Q4mil, quien en realidad trabajaba en la empresa Servicios Globales de Ingeniería S. A., Madriza Monterroso García, ganando Q15mil, quien trabajaba en el Registro de Información Catastral.

Entre otras contrataciones está la del sargento primero, Marco Antonio Lorenzana Pineda, devengando un sueldo mensual de Q10 mil, pero que en realidad nunca asistió porque laboraba desde hace 10 años en Radio Sonora y en la empresa SEPSA, propiedad de Luis Rabbé.

De esta forma fueron contratadas otras 17 personas que tampoco fueron a trabajar, y que algunas de ellas, laboraban en empresas de otros diputados como Cristiani, ya que en dicha investigación se ha establecido que algunos de los Congresistas de esos períodos, pagaron parte de la nómina de sus empleados, con el presupuesto del Congreso. En total, Rabbé autorizó la contratación de 254 personas, entre las que no llenaban los requisitos y los que no fueron a laborar al Legislativo, por lo que, los delitos a tipificar podrían ser abuso de autoridad, peculado y nombramientos ilegales.

Arístides Crespo inició un año antes

La otra solicitud de antejuicio es contra el diputado Arístides Baldomero Crespo Villegas, como presidente del Congreso, durante el período del 14 de enero del 2014 al 14 de enero del 2015, así como cuando fue primer vicepresidente, desde el 14 de enero del 2015 al 14 de enero del 2016.

Las contrataciones que autorizó Crespo también se dieron en dos modalidades, la primera, al emplear a gente sin llenar el perfil profesional. En los meses de febrero y marzo de 2014 aprobó la contratación de 17 personas en el renglón 022, ganando entre Q10 mil, Q12 mil y Q15 mil.

El colmo del descaro fue que en la primera quincena del mes de enero del año pasado, a escasos días de entregar el cargo de Presidente del Congreso, avaló el nombramiento de otras 87 personas en el renglón 022, posteriormente siguió autorizando más plazas ilegales, con un total de 152, con salarios de Q10 mil, Q15 mil y Q20 mil. De estas contrataciones, 26 nunca se presentaron a trabajar al Legislativo.

En virtud de lo anterior se puede constatar que el diputado Crespo Villegas, en su calidad de presidente del Congreso, cometió arbitrariedades, abusando de su autoridad nominadora, la cuales ocasionaron un perjuicio al patrimonio del Congreso, destacan las conclusiones del antejuicio.

Distintos especialistas opinan sobre las plazas fantasmas, por lo que Stephanie López, politóloga del INCEP, dice que este fenómeno se daba porque el Estado lo permitía.

Existía una permisividad de ver al Estado como un lugar apto para enriquecerse individualmente, era la manera de percibirlo, la manera de hacer política y ser funcionario público, y no existía una sanción, agrega.

Por su parte, Renzo Rosal afirma que hay varias motivaciones que conllevan a estas acciones, una es el hecho de que la Junta Directiva considere que deben tener ese derecho, y que es parte de los beneficios de aquellos que acceden a ser los dirigentes del Congreso, mientras que Jorge Wong opina que esta situación nace de los partidos políticos, de gente que apoyó en campaña y de cobrarse con plazas, que son diferentes maneras de enriquecimiento que los políticos han descubierto.

Esta es la historia de dos diputados que se aprovecharon de su poder para desfalcar al erario público; sin embargo, su ambición los tiene a pocos pasos de ser juzgados penalemente si les quitan su inmunidad, que es su principal escudo de impunidad.

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