Politica

DEMANDA CIUDADANA OPACIDAD VS. TRANSPARENCIA

La lucha contra la corrupción que se inició el año pasado con las investigaciones que desarrollaron el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aún no ha terminado. La tarea del nuevo gobierno y de los otros organismos del Estado es transparentar la gestión pública y continuar la batalla contra la corrupción. Esa es la demanda y el sentir de la población.

Álvaro Alay

aalay@cronica.com.gt

No lo dijo exactamente así, pero en su discurso de toma de posesión, Jimmy Morales puso como primera prioridad la lucha contra la corrupción.

La opacidad es un mal enraizado en los tres poderes del Estado y está comprobado que esto es solo el primer paso para caer en la corrupción y el saqueo del Estado. El nuevo presidente tiene sobre sus hombros la responsabilidad de combatir esta práctica impulsada por la clase política, aunque pronto verá los obstáculos que la vieja cultura dispersa en el camino para entorpecer su gestión.

El regalo al Gobierno de medicinas valoradas en Q100 millones sin permitir que se conozca a fondo quiénes fueron los donadores, así como los nombramientos de su equipo de trabajo, supone la primera prueba de transparencia y honestidad para Morales.

Además, vendrán más pruebas, porque la opacidad institucional que hereda Morales es gigantesca. Semejante a un árbol frondoso que se ha enraizado con el tiempo en la tierra, la corrupción ha penetrado en cada una de las instituciones públicas donde se puede observar, desde el pago de favores, sobornos y entorpecimiento de procesos hasta la obvia falta de transparencia en los procedimientos de compras y contrataciones.

Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, enfatiza que la lucha contra la corrupción no solo implica que el presidente no esté involucrado en casos deshonestos, sino también que no lo esté ninguna de las instituciones del Ejecutivo, y para ello se necesitan sistemas y políticas que aún no se conocen, debido a que no se sabe concretamente nada referente al plan de gobierno.

Entre las desventajas de Morales se encuentra la red de corrupción inmersa en las instituciones de Gobierno, por lo que se debe tener en cuenta que la clase política que maneja actualmente dependencias estatales también podría estar empapada de corrupción.

 

Corrupción, a todo nivel

Los altos grados de corrupción que existen en el país envuelven a todas las instituciones del Estado, incluyendo las municipalidades, las cuales se han beneficiado siempre de hechos ilícitos, según expertos en el tema, ya que se les presta poco cuidado y administran grandes sumas de dinero. Es por ello que la lucha contra este flagelo no compete únicamente al Ejecutivo.

De acuerdo con Édgar Balsells, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el país tocó fondo en temas de transparencia. Asimismo, comenta que en lo referente a los Concejos de Desarrollo y las municipalidades, ni siquiera se han tenido en punto de agenda, y son más de Q13 mil millones que se manejan, así como el gasto de las oenegés.

Astrid Perdomo, analista de la Dirección de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar, asegura que las redes de corrupción han cooptado al Estado y que no existe una cultura de transparencia entre los servidores públicos.

Agrega que la opacidad está en todo el Estado, incluso en las alcaldías, donde existen procedimientos irregulares en la ejecución de obras que no son revisados, así como en contratos de licitación. Es por ello que se está a la espera de ver cómo funcionan las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado, para que palíen ese problema.

En la medida que la transparencia y la corrupción no se superen, es muy improbable que la consolidación de la democracia se lleve a cabo. Uno de los principales factores es la rendición de cuentas, la cual va en capacidad del sistema político para que sus funcionarios hagan públicas sus decisiones, y el otro es la garantía de castigo cuando cometan ilícitos, subraya Stephanie López, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos.

 

Los proveedores, bajo la lupa

La parlamentaria Nineth Montenegro, de Encuentro por Guatemala, comenta que buena parte de la corrupción se da en las compras y contrataciones, ya que se tienen compras por excepción, compras directas, contratos abiertos y, especialmente, construcciones de obra gris, así como ventas de insumos, como medicamentos.

Es por ello que varios analistas han empezado a hablar sobre la necesidad de depurar a los proveedores del Estado. Stephanie López indica que en el tema de los abastecedores se cuestiona la lógica de Guatecompras, portal que fue diseñado para transparentar las compras estatales, pero los proveedores siempre encuentran la forma para que sea su mismo círculo el que se beneficie con las ventas al Estado.

Manfredo Marroquín manifiesta que lo primero que debe hacer el presidente Morales es fortalecer los órganos de control, para prevenir y castigar la corrupción. De esa cuenta, señala que se debe dotar de los recursos que necesitan el Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, añade que se tiene que diseñar una política de gobierno central, la cual básicamente debería implementar lo que la Ley de Compras y Contrataciones, con sus reformas, dice, pues con esos primeros pasos se podría avanzar buena parte.

Organismo Judicial

Mal calificado en transparencia

En el Organismo Judicial, que debería ser ejemplo de respeto a la Ley, también impera la opacidad en el portal web, pues se publican de forma parcial los contratos de arrendamientos de inmuebles y las contrataciones por cotización y licitación.

Además, no se hacen públicos en el portal electrónico, entre otros, las funciones de las dependencias, el marco normativo, los puestos y los salarios, el inventario de bienes inmuebles y los programas de subsidios, de becas y de transferencias, según el informe de la PDH.

 

En su discurso de toma de posesión Morales dijo que dará prioridad a la lucha contra la corrupción.

En el Ejecutivo reina la opacidad

Ninguna de las 41 instituciones que integran este organismo del Estado  –14 ministerios, 17 secretarías, la Vicepresidencia y 10 entidades más– cumple al cien por ciento con publicar en sus sitios web información pública de oficio, acción fundamental para transparentar y fiscalizar la actuación de los funcionarios.

Estos datos pueden observarse en el informe preliminar sobre supervisión de portales electrónicos realizado en 2015 por la Secretaría de la Comisión de Acceso a la Información de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

Corregir ese problema de transparencia es uno de los retos del presidente Jimmy Morales, quien  prometió luchar contra la corrupción y transparentar la gestión pública.

Del total de entidades que conforman el Ejecutivo y que fueron supervisadas por la PDH, 15 tenían un nivel de cumplimiento del 85 por ciento, o superior, 20 oscilaban entre el 60 y el 84.9 por ciento y en 6 su cumplimiento era menor al 60 por ciento.

A ello se debe sumar que una, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo, en el momento de la supervisión, no tenía ni siquiera un portal electrónico, como manda la Ley.

La fiscalización de la PDH no incluyó a las Gobernaciones Departamentales, las cuales en el pasado han promediado un 30 por ciento en su nivel de cumplimiento.

 

A flor de piel

La información pública de oficio que más publican las entidades del Ejecutivo es la relacionada con las funciones de las dependencias, la estructura orgánica, el presupuesto, la misión, el informe mensual de ejecución presupuestaria, la cual es importante, pero no relevante para la fiscalización social.

Lo que menos cumplen, lo que casi no publican, es el listado de empresas precalificadas, y eso es importante para saber si los que están proveyendo bienes y servicios al Estado han sido previamente calificados, y eso da más transparencia y certeza a las instituciones del Estado, afirma Rosa María Juárez Velásquez de Hernández, titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Acceso a la Información Pública de la PDH.

Entre lo que menos se hace público están los programas de becas y el listado de obras en ejecución o ejecutadas. Eso es importante, porque ello permite que haya un control ciudadano y una auditoría social, que toda la población esté enterada de qué obras se están ejecutando y si las mismas se están haciendo conforme a lo contratado y los lineamientos técnicos que emitió la institución para ejecutar esas obras, expone Juárez Velásquez. de Hernández.

El listado de obras en ejecución es de las cosas que menos se publica en el Ejecutivo, dice Juárez.

 

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