Politica

CUANDO LLEGA LA CRISIS… Tiempo de ORDENAR el Estado

Desde hace décadas, el Estado GUATEMALTECO afronta serios problemas de ineficiencia, desperdicio de recursos y falta de transparencia, lo que empeora cada día por la baja recaudación tributaria, pésima calidad del gasto público, incontrolable corrupción e insuficiente aplicación de justicia . Estos problemas DEBEN SOLUCIONARSE para lograr niveles aceptables de desarrollo.

Rodrigo Pérez y Estuardo Gasparico

rperez@cronica.com.gt, egasparico@cronica.com.gt

Cuando un Estado funciona, se caracteriza por el trabajo eficiente y transparente de sus instituciones, las que cumplen y logran los objetivos para los que fueron creadas. Pero cuando ocurre lo contrario, los principales síntomas son la ingobernabilidad, la pérdida de recursos, la búsqueda de favores, el tráfico de influencias, la falta de visión, la anteposición de intereses particulares a temas de prioridad nacional, el acomodamiento y la corrupción.

Lamentablemente, eso es lo que ocurre en Guatemala, como se ha demostrado durante los últimos meses, cuando quedaron al descubierto estructuras criminales enquistadas en el Estado, lo que les costó el puesto y la libertad a los exgobernantes, así como a decenas de exfuncionarios, jueces, empresarios y personas particulares.

Según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), una institución fuerte es aquella que logra los mejores resultados con los recursos que cuenta, convirtiendo en parte de sus actividades el ejercicio de la transparencia, eficiencia, honradez, compromiso, esfuerzo, meritocracia, trabajo duro y responsabilidad.

Pero las cifras disponibles muestran que las principales instituciones del Estado carecen de estas condiciones, dejando en claro que la falta del fortalecimiento del Estado incide negativamente en los niveles de desarrollo.

Por lo tanto, es necesario retomar los objetivos para los que las entidades estatales fueron creadas, definir los recursos que necesitan y lograr que se mantenga su visión en el largo plazo, más allá de los cambios de Gobierno y de autoridades. Pero, para lograrlo, es necesario saber cómo estamos, por lo que presentamos un diagnóstico general:

 

Estado gordo y perezoso

Durante los últimos veinticinco años, la contratación de trabajadores en el Estado ha crecido de manera desmedida, desordenada y poco planificada. Según cifras oficiales, actualmente trabajan 308 mil 613 personas en el Ejecutivo; 158 diputados y 1,287 empleados en el Congreso; 15,709 burócratas en el Organismo Judicial; 36,123 en las entidades autónomas, y 63,784 en los gobiernos locales.

Por si fuera poco, los burócratas tienen un bajo nivel de profesionalización, aseguró Cristhians Castillo, analista del área sociopolítica del Instituto de Problemas Nacionales, de la Universidad de  San Carlos de Guatemala (Ipnusac).

La calidad del recurso humano en el Estado es muy mala, debido a que se da un proceso de desprofesionalización. El nepotismo ha generado que redes familiares penetren las oficinas del Estado, lo que ha llevado a que se pierda la calidad de los servicios estatales, ya que los recomendados no tienen el perfil para cumplir su función. El bajo nivel del recurso humano y el incremento desmedido del personal se debe a temas políticos y a la mala interpretación de pactos colectivos. Fortalecer la calidad del Estado pasa por mejorar la calidad de los funcionarios, opinó.

Carmen Ortiz, del Programa de Opinión Pública, de la Universidad Rafael Landívar (URL), comentó que los distintos Gobiernos han creado instituciones solo para favorecer a sus redes clientelares, asimismo  recordó que la mayor parte de gastos del Estado son de funcionamiento, como lo demuestra el presupuesto vigente este año:  Q32 mil millones son absorbidos por el Gobierno; Q690 millones, por el Legislativo; Q3,275 millones, por el sistema de justicia; Q14,350 millones, por las entidades descentralizadas, y Q7,950 millones, por las municipalidades. Pero de todos estos recursos, el 67.1 por ciento se destina a funcionamiento; el 12 por ciento, a intereses de la deuda pública, y solo el 19.7 por ciento, para inversión en obra pública.

El analista César Sigüenza, de la Fundación 2020, expuso, durante el foro Reformas al Servicio Civil en Guatemala, que  un buen sistema de servicio civil se basa en los principios de mérito, igualdad, imparcialidad, honestidad, transparencia, eficiencia y adhesión a los principios de la democracia. También muestra procesos documentados y aplicados mediante sistemas informáticos integrales y, para la mayoría de los puestos, las decisiones de ingreso y salida son institucionales, no políticas; la compensación y beneficios son competitivos, ya que los avances se basan en los méritos y el buen desempeño.

El analista Jorge Mario Andrino, añadió que el servicio civil es un tema transversal del Estado, pues desde el diseño, ejecución, implementación y evaluación de una acción, política o proyecto, se involucra al personal.

Actualmente no existe un sistema de meritocracia ni de incentivos que controle y mantenga la calidad de los profesionales.  Los funcionarios manejan sus responsabilidades como algo personal. No hay una conciencia que rinda cuentas y actúe en base a las necesidades de la población. Los puestos se institucionalizan en relación con el perfil personal del funcionario, y las sanciones no son aplicadas de manera justa y transparente, indicó.

 

Pocos ingresos y mucha deuda

Por si fuera poco, la recaudación fiscal no alcanza para cubrir las necesidades económicas del Estado y, debido a ello, la inversión en salud, educación, seguridad y combate a la pobreza es limitada e insuficiente.

Fundesa recordó que, tras la firma de los Acuerdos de Paz, en 1996, el Gobierno se comprometió a adoptar políticas económicas tendientes a alcanzar un crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto (PIB), a una tasa no menor del 6 por ciento anual. De igual manera se comprometió a impulsar una política social centrada en el bienestar de los guatemaltecos, con prioridad en la salud, la nutrición, la educación y capacitación; asimismo en la vivienda, el saneamiento ambiental, el acceso al empleo productivo e ingresos dignos.

Teniendo en cuenta la necesidad de incrementar los ingresos del Estado para hacer frente a las tareas urgentes para lograr crecimiento económico, desarrollo social y construcción de la paz, el Gobierno se comprometió a que, antes del año 2000, la carga tributaria, en relación al PIB, se incrementaría, al menos, un 50 por ciento respecto a la carga tributaria de 1995, lo que equivalía a un 13 por ciento del PIB. 

Pero veinte años después, ninguna de las dos condiciones se ha dado. Solo en el 2007 se alcanzó un crecimiento del PIB arriba del 6 por ciento, mientras que la carga tributaria superó el 12 por ciento, solamente en los dos últimos años del Gobierno de Óscar Berger.

No obstante, el gasto público sí ha logrado niveles relativamente constantes, cercanos al 14 por ciento del PIB, contando para ello con el financiamiento de fuentes internas y externas que han elevado la deuda pública actualmente, a Q118,169.3 millones.

Los mayores niveles de endeudamiento se han dado recientemente.  Durante la administración de Álvaro Colom la deuda pública creció Q32,110 millones, mientras que en el período de Otto Pérez aumentó Q29,434 millones. Estos son los dos Gobiernos que más han endeudado al país.

  A pesar de estos inconvenientes, es importante señalar la necesidad de fortalecer el funcionamiento de la institucionalidad fiscal, para captar y administrar los fondos recaudados con eficiencia y transparencia. No es cuestión de solamente captar más recursos, sino de garantizar el trato igualitario a los contribuyentes, dice Fundesa.

Durante el foro ¿Cómo fortalecer la institucionalidad para una mejor Administración Tributaria?, las exfuncionarias Antonieta de Bonilla y Carolina Roca estuvieron de acuerdo con que la generación de más recursos fiscales es fundamental para el desarrollo del país.

Sin embargo, el desafío fiscal del país trasciende a la administración tributaria, pues incluye temas de recaudación, uso de recursos, eficiencia del gasto y transparencia. Una administración tributaria efectiva asegura ingresos adecuados y oportunos, permitiendo al Gobierno la entrega de bienes y servicios, señalaron.

 

Corrupción y calidad del gasto

Pero eso no es lo único que hace ineficiente al Estado. La corrupción es un cáncer que ha infectado a los tres poderes, como lo han evidenciado los escándalos que este año han salido a luz en el Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Contraloría General de Cuentas de la Nación (CGC), el principal órgano de control llamado a velar por el buen uso de los recursos públicos y por la calidad del gasto, no tiene suficientes colmillos legales, cuenta con poco personal y presupuesto, y la elección del contralor general se ha politizado en el Congreso, quien lo elige con base en intereses de los partidos y no de la población.

Por si fuera poco, el jefe de la CGC tiene la facultad discrecional de rebajar hasta en un 90 por ciento las multas impuestas a funcionarios, por malos manejos presupuestarios.

El investigador de Fundesa, Jorge Benavides, puso en evidencia cuáles son los costos económicos y sociales de no combatir la corrupción:

El gasto -del Estado- por habitante es de unos US$285 al año, evidenciando un crecimiento en más del 50 por ciento a partir de la firma de la Paz, lo que debería implicar que existen mejoras en la calidad de vida de las personas, principalmente en el tema de los servicios públicos.

A mayor gasto por guatemalteco, menos rentabilidad, menos inversión social y menor calidad de vida, muestra la evidencia. En la mayoría de países existe una tendencia a mayores niveles de rentabilidad a lo largo del tiempo, lo cual se debe a un mejor control de la corrupción. No obstante, Guatemala es uno de los pocos países que demuestran lo contrario, junto con Nicaragua y Ecuador.

Por lo tanto, la evaluación de la calidad del gasto es esencial para el país, no solo por la cantidad de recursos que se destinan a la entrega de bienes públicos a la población, sino por el efecto en la mejora de la calidad de vida de las personas, destacó.

En este sentido, las instituciones de control juegan un rol fundamental en contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, eficiencia y participación ciudadana en el manejo de los recursos públicos. Los órganos de control son los que deben velar por el eficiente uso de los recursos del Estado, supervisar y auditar  la calidad del gasto público. Para dicho fin, la CGC cumple la principal función, pero  se enfrenta a una serie de debilidades institucionales que obstaculizan su rol.

Dentro de estas debilidades, sobresalen la ausencia de sistemas de información integrados y de coordinación interinstitucional, controles internos y alerta temprana, carrera del funcionario público, digitalización de procesos, compras y contratos estandarizados, certificación de procesos, declaraciones públicas de probidad, deducción de responsabilidades y celeridad en la aplicación de la justicia.

 

Débil sistema de justicia

Además, un Estado no puede ser fuerte con un débil sistema de justicia. El Organismo Judicial evidencia avances, especialmente de abril a la fecha, tras el descubrimiento de millonarios hechos de corrupción. Asimismo, el Ministerio Público (MP) está actuando con total independencia, por lo que la prueba testimonial está quedando en el pasado, pues cada vez se utilizan más medios de prueba científica, teniendo la capacidad de investigar y ligar a proceso penal a altos funcionarios, incluyendo a los exgobernantes Otto Pérez y Roxana Baldeti.

Pero aún existen serios problemas que impiden a la justicia ser pronta y cumplida: la mora judicial; limitaciones presupuestarias y de recurso humano; atención de ínfima calidad;  poca cobertura territorial, y exiguos avances en el tema de la carrera judicial, lo que conlleva a la alta impunidad.

Sigüenza también expuso la ponencia Un poder judicial fuerte para una efectiva aplicación de la justicial, e indicó que se necesita un Organismo Judicial independiente e imparcial, como requisito para el desarrollo de un país. Debemos enfocarnos en los procesos internos de los juzgados y en el fortalecimiento de la carrera judicial, para lograr una efectiva aplicación de la justicia.

Fundesa añadió que la falta de un Estado de derecho contribuye a que exista poca efectividad en la cadena de justicia. Cuando este aspecto es débil, generalmente se carece de un sistema de meritocracia y de incentivos que controle y mantenga la calidad de los profesionales, situación que provoca falta de conciencia sobre la importancia de rendir cuentas y actuar con base a las necesidades de la población.

Esa condición tiende a manifestarse en favoritismos, compadrazgo, nepotismo y presiones externas, complicándose por la falta de castigo ante prácticas irresponsables. Es necesario que exista un modelo de retroalimentación, depuración y ajuste continuos, el cual permita una mejor gestión de las instituciones que forman parte de la cadena de seguridad y justicia

Las instituciones fuertes son transparentes, eficientes, honradas, responsables y  comprometidas, lo que no se ve en el Estado guatemalteco.

Los dos últimos Gobiernos (UNE y PP) son los que más han endeudado al país, pues adquirieron empréstitos por más de Q62 mil millones. ¿Dónde está ese dinero?

La corrupción en los ámbitos público y privado es uno de los delitos que impide el desarrollo social.

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