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CONTRALORÍA DE ESPALDAS A LA CORRUPCIÓN

LLAMADA A SER UNA DE LAS INSTITUCIONES MÁS IMPORTANTES PARA GARANTIZAR EL BUEN USO DEL GASTO PÚBLICO, LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS (CGC) HA PERMANECIDO AJENA A SU MANDATO CONSTITUCIONAL Y POCO O NADA HA APORTADO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. EN LOS ESCÁNDALOS DESTAPADOS POR EL MP Y CICIG, HA SIDO EL GRAN AUSENTE EN LA APORTACIÓN DE PRUEBAS.
Estuardo Gasparico y Ronald Mendoza,
egasparico@cronica.com.gt, rmendoza@cronica.com.gt
La crisis política reciente, si bien estalló a partir de la revelación de la red de defraudación aduanera conocida como La Línea, en general, se configuró a partir de una serie de casos de corrupción que fueron develados en los últimos cinco meses por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público (MP).
Estas instituciones demostraron lo que siempre ha sido un secreto a voces: hace décadas que los recursos estatales son drenados hacia bolsillos de funcionarios y particulares, ante la pasividad e ineficacia de la Contraloría General de Cuentas (CGC), lo que ha favorecido el enriquecimiento de algunos, a costa de la miseria y desatención de muchos.
Una de las razones más fuertes para que la Contraloría suela darle la espalda a los casos de corrupción más significativos, es porque la elección del contralor se ha politizado, al extremo de que el Congreso elige siempre de acuerdo con los intereses de la clase gobernante de turno.

Huellas de incompetencia
Cuando menos, tres hechos (de un número mayor) servirán para ilustrar lo inadvertida que pasa la corruptela frente a los ojos de la CGC, como si esta entidad simple y sencillamente no existiera, pues tuvieron que ser la Cicig y el MP los que develaron tales componendas.
El primero es el conocido como el caso IGSS-PISA, el que consistió en la suscripción de un contrato entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y la Droguería PISA de Guatemala S.A., para la prestación de servicios de diálisis peritoneal por Q116.2 millones, presuntamente a cambio de un soborno de Q18.6 millones, lo que habría sido avalado por las más autoridades del seguro social.
Este amaño no solo comprometió la calidad de los servicios, sino que ha costado la vida de más de veinte pacientes hasta el momento. De esa cuenta, se hallan en prisión 17 personas, incluido el expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, el resto de la junta directiva de la institución, empleados del seguro social y directivos de la empresa en cuestión.
El asunto está en que si bien el referido acto se consumó entre el 21 de julio y el 4 de noviembre del 2014, no aparece ningún indicio del mismo en el Informe de Auditoría a Contrataciones del Estado del Ejercicio Fiscal 2014, brindado por la CGC, ni en el Informe de Exámenes Especiales de Fiscalización Preventiva, donde se hace referencia a la verificación de 6 eventos realizados por el seguro social con hallazgos en torno al incumplimiento de leyes y regulaciones especiales. Tampoco está en el Informe a la Liquidación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 2014.
Entonces, ¿esto pasó como si nada y sin que el ente fiscalizador siquiera descubriera vestigios de los hechos?
Pero las inadvertencias no terminan allí. La Cicig y el MP nuevamente fueron un paso adelante y sacaron a luz otro ardid del que la Contraloría no había alertado: el desvío de Q52 millones en la Policía Nacional Civil (PNC).
En junio pasado, las investigaciones de la Comisión y del MP dieron cuenta de que una estructura criminal integrada por altos funcionarios operó en la PNC entre el 2012 y 2014, con el fin de desviar los fondos referidos, aparentando invertirlos en adquisición de diversos bienes y la contratación de obras y servicios para subestaciones, aparte de haber adjudicado de forma fraudulenta un evento para la compra de repuestos para patrullas por más de Q12 millones.
Se determinó, sin la avanzada de la fiscalización de la CGC, que para no publicar los concursos de licitación respectivos, los exfuncionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos, además de que emitían facturas que no sobrepasaran los Q90 mil, para evadir la cotización.
Así, pareciera que, como seguidilla, la Contraloría se quedaba con la finta en estos hechos, mientras que en el Congreso de la República se cocían otras irregularidades: el diputado Pedro Muadi tendía una red de plazas fantasmas.
Según se sabe por las averiguaciones, durante el período de junio del 2013 a enero del 2014, el parlamentario y expresidente del Legislativo desvió fondos de dicho organismo a su empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A., a través del cobro de salarios por plazas inexistentes. El monto de lo defraudado fue estimado en Q630 mil, por la Cicig y el MP, quienes tuvieron acceso a documentación contable.
Entonces, pareciera que las delegaciones de la CGCN en las instituciones públicas poco logran hacer cuando de detectar el manoseo de las arcas públicas se trata, dejando con ello un vacío que aprovechan recurrentemente los corruptos, como lo han probado la Comisión y el ente investigador, preocupación que la fiscal general, Thelma Aldana, hiciera patente en julio pasado, tras la caída de los supuestos perpetradores de estos hechos en aduanas, el IGSS, la PNC y el Congreso.
En todo el Estado hay una oficina de la Contraloría, pero pienso que debe hacerse una reingeniería por parte del contralor, porque algo está fallando. Es el momento justo para revisar los procedimientos de la Contraloría y, si hay necesidad de modificaciones, hay que hacerlas. La idea es que sea un verdadero fiscalizador de los fondos del Estado, dijo la jefa del MP.
Sobre todo esto, se trató de tener la opinión del contralor Carlos Mencos, pero no contestó las llamadas a su celular.

Poca información, mínimas sanciones
Del mal uso del erario es poco lo que se puede hallar en los informes de auditorías o de liquidación de los presupuestos estatales que emite la CGC anualmente.
Cuando mucho, la información se remite a la cuantificación de un minúsculo número de casos de anomalías, sin precisar más. Por ejemplo, según las memorias de labores de los años 2012, 2013 y 2014, las denuncias penales por malos manejos de recursos públicos no superaron las 273, 239 y 142, respectivamente. Por aparte, las formulaciones de cargos contra funcionarios públicos no sobrepasaron las 222 en tres años.
Si a esto añadimos que según la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) las sentencias en los casos presentados por la CGC no superan el 3.22 por ciento, con una efectividad en la persecución de estos hechos de 16.5 por ciento, la situación se torna cuesta arriba, con un amplio margen para continuar con el manoseo de los recursos estatales y el goce de la impunidad por parte de los infractores. Pero ¿a qué se debe?
Jorge Benavides, investigador de Fundesa, explicó que el objetivo de la Contraloría es auditar la ejecución del presupuesto y presentar reparos ante los hallazgos, por lo que es una actividad a posteriori; es decir, que se realiza para verificar el cumplimiento de estándares de contabilidad sobre la ejecución y, ante esto, se inician acciones legales o administrativas hasta propiciar la persecución penal, si es necesario.
Además, con base en el Artículo 241 de la Constitución Política de la República, se presenta al Congreso el informe sobre la ejecución anual del Presupuesto, con el objetivo de que se apruebe o se impruebe, y así deducir responsabilidades, con lo que la CGC ha cumplido su rol a cabalidad, pero hace años que el Pleno del Legislativo no conoce dicho informe.
En pocas palabras, la Contraloría se ha dedicado a cumplir con los requisitos, pero no se ocupa de aplicar las sanciones correspondientes. A esto se suma la discrecionalidad que sigue teniendo el contralor para disminuir hasta en un 90 por ciento el monto de las multas, dice.
En el presente año, por ser electoral, también salió a luz el papel que la Contraloría tiene en materia de probidad; sobre todo, por la extensión de finiquitos y manejo de declaraciones patrimoniales.
Aunque a un inicio pareció realizar su trabajo de forma competente, la judicialización del tema conllevó el otorgamiento de finiquitos por orden judicial, pese al dictamen original de la CGC.
Pero la Contraloría, más allá de la realización de auditorías, elaboración de informes, presentación de reparos ante los hallazgos y el inicio de acciones legales y administrativas, tiene una función sumamente importante, la cual es verificar estándares de calidad en el gasto, para lo que cuenta con una subcontraloría responsable del tema. Es ahí donde tiene sentido verificar condiciones de viabilidad, durabilidad, pertinencia, relevancia y calidad, así como estándares en condiciones físicas, provisión del bien o el servicio y precio, añadió.
Debido a que este tema afecta directamente el tema de compras y contrataciones del Estado, habría un escollo por superar en cuanto a emitir dictámenes sobre las adquisiciones de bienes y servicios que hace el Estado, así como de la validez de los proveedores.
En cuanto al descubrimiento de redes, Benavides dijo que la Contraloría está a cargo, principalmente, de la supervisión de la ejecución del presupuesto, no de la verificación de negociaciones que se dan fuera del presupuesto, lo cual era la base sobre la cual operaban estas redes de crimen organizado. A pesar de haber indicios de corrupción y comisión de delitos, los entes encargados de tal fin son las instancias de verificación y las inspectorías, de la mano con entidades del sistema de justicia, aclaró.
Como ejemplo mencionó que actualmente, en el Juzgado de Primera Instancia de Cuentas existen al menos 50 casos pendientes de seguimiento, los que suman Q11.5 millones en montos de reclamo en lo que va del año.
Dentro de las instituciones involucradas se encuentran el Registro Catastral, la Universidad de San Carlos, el IGSS y los Ministerios de Agricultura, Gobernación y Defensa, entre otras instituciones.
Ante todo esto, recomendó impulsar reformas a la Ley Orgánica de la CGC, incluyendo una normativa específica sobre auditorías preventivas, la independencia y definición de criterios para la elección del contralor, mejorar la transparencia en las declaraciones de probidad de funcionarios y permitir la auditoría a los fideicomisos.
Otro de los aspectos que necesita cambios importantes para hacer más eficiente el papel de la Contraloría es la Ley de Contrataciones, siendo importante regular los estándares de calidad al momento de registrar proveedores y corroborar el cumplimiento de contratos, contando con disposiciones específicas para evitar la discrecionalidad en la adquisición de bienes y servicios por parte de terceros, dijo.

Amplia competencia, desaprovechada
Cuando se le preguntó a Irene Flores, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dónde estaba la CGC cuando se perpetraban los hechos de corrupción en aduanas y en otras instituciones, fue enfática al indicar que en el caso de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la Contraloría únicamente fiscaliza el uso del presupuesto que se le aprueba a esa entidad para sus operaciones.
No obstante dijo que, en términos generales, el ámbito de competencia de la CGC es fiscalizar externamente los activos, pasivos, derechos, ingresos, egresos y el interés hacendario de todas las instituciones que forman el sector público, incluyendo las que tengan su propia normativa de auditoría y fiscalización.
Eso incluye a personas y entidades que reciban y administren fondos públicos, como los contratistas y proveedores. Se exceptúan de la fiscalización de la CGC aquellas entidades del sector público que están sujetas por ley a otras instancias de fiscalización, como podría ser la banca, sujeta a la Superintendencia de Bancos (SIB).
Añadió que para cumplir sus fines, la CGC tiene 3 áreas fundamentales de trabajo: auditoría gubernamental, probidad y calidad del gasto público, las que forman su estructura interna y, a la cabeza de cada departamento, hay un subcontralor responsable.
Para llevar a cabo su mandato de fiscalización del gasto, la CGC cuenta con un equipo de auditores en cada área y también con las Unidades de Auditoría Interna (UDAI) en cada institución.
El trabajo de fiscalización que realiza la Contraloría responde a un Plan Anual de Auditoría y en ese plan se incluyen las inspecciones que se realizarán cada año y se definen las unidades ejecutoras, programas, proyectos, personas, sistemas y actividades que serán fiscalizados. Además de este plan, es importante decir que la función fiscalizadora no se limita a lo establecido por el plan, pues la Contraloría tiene la facultad de fiscalizar cuando y cuanto considere necesario, sin previo aviso, en cualquier institución, explicó Flores.
En la práctica, la labor de fiscalización del gasto se concentra en auditorías de control interno, que incluye el sistema de administración, personal, presupuesto, contabilidad integrada, tesorería y crédito público. Estas se enfocan principalmente en el cumplimiento de procesos y normas y se hacen ex post al proceso.
También dijo que las estadísticas disponibles revelan que más del 52 por ciento del esfuerzo en auditorías se concentra en procesos financieros, donde prevalece el enfoque transaccional y en identificar problemas de registro. Cerca del 46 por ciento de las auditorías se dedica a procesos administrativos y solo un 2 por ciento a auditorías especiales a los sistemas financieros.
De las auditorías realizadas anualmente, se revela que de un poco más de 1,000 hallazgos identificados, un 88 por ciento conlleva una sanción económica; solamente un 6 por ciento termina en denuncias formales ante órganos jurisdiccionales, y el valor total aproximado de las denuncias oscila alrededor de los Q300 millones. Lo que esto nos dice es que el rol de la CGC es muy débil, debido principalmente a la falta de capacidad.

Excesivo acomodamiento
Edgar Balsells, exministro de Finanzas Públicas, coincide en que la CGC es una de las escasas entidades que tiene cobertura integral en el Estado, salvo los entes públicos, como el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), que es fiscalizado por la SIB. En tal sentido, formalmente tiene una cobertura excepcional.
Pero lamentablemente, antes del 16 de abril era un órgano moldeado por la clase política, y ha habido una interacción un tanto perversa entre tecnócratas (principalmente contadores públicos) y la clase política. Pero como el ambiente ha sido sacudido, es de esperar la reacción del actual del contralor, Carlos Mencos, junto con su equipo, dado que la Fiscalía contra la Corrupción y la Cicig demandan ahora insumos diversos que vienen en buena parte del denominado Sistema Integrado de Administración Financiera y Control Gubernamental (SIAF-SAG), dijo.
A su juicio, la CGC tiene ahora un contralor que se venía acomodando a la nueva gestión, después de Nora Segura, aún cuando él ya había ocupado ese puesto anteriormente. En el mundo está comprobado que los sistemas de contabilidad y de auditoría se ajustan al poder y tienden a perder sus objetivos. Así se ha visto en el ambiente de las grandes corporaciones, no digamos en los sistemas de control latinoamericanos, plagados de corruptelas.
Tienen que haber muchos suicidios, encarcelamientos y quiebras para que el sistema reaccione, y ahora es el turno de la CGC. Antes era una realidad social, política e institucional en la historia democrática, hoy es completamente otra. Si los auditores gubernamentales no entienden eso, les llegará también el turno, con implicaciones penales, como hoy sucede con ciertos jueces y magistrados, abundó.
Luego recomendó analizar el papel de los auditores sectoriales, en los casos SAT, IGSS-PISA, etc. Es al MP y, especialmente, a las fiscalías contra la impunidad y de delitos administrativos a las que les toca investigar eso. Y quizá, como en el caso de Chico Dólar y el fiscal apresado que llevaba la fiscalización, podremos ver caer a más de algún auditor de la CGC. Pero ni la CICIG ni el MP han podido llegar hasta allí
La CGC es responsable de velar por la probidad, transparencia y ho-nestidad en la administración pública, así como por la calidad del gasto estatal, pero no lo hace.
Marco Tulio Abadío y Oscar Dubón (procesados y encarcelados por delitos graves) son ejemplo de los personajes que han dirigido la CGC. Otros excontralores se han limitado a observar y dejar hacer.
Empresarios y exfuncionarios habrían defraudado al Estado durante años, y la CGC no se dio cuenta.
Hace varios años que el Legislativo no aprueba o imprueba el informe sobre la ejecución anual del Presupuesto del Estado, aunque la CGC lo ha presentado.

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