Politica

Conflictos electorales: Tierra minada

Las condiciones sociales y políticas están dadas en 58 municipios, 75.7 por ciento más que en los últimos comicios, para que se registren posibles conflictos electorales antes, durante y después de las elecciones generales del próximo 6 de septiembre.
Álvaro Alay
aalay@cronica.com.gt
Los focos de conflictividad electoral son mucho mayores ahora que en las últimas elecciones generales, y abarcan 20 de los 22 departamentos –solo quedan fuera Totonicapán y Sacatepéquez-.
La posibilidad de estallidos violentos de descontento por los resultados de las votaciones se encuentran, como pólvora, regados a lo largo y ancho del territorio nacional.
Hasta el momento, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha identificado 58 municipios en donde podrían explotar focos de ingobernabilidad, provocados por los resultados electorales. La cantidad actual de puntos rojos está muy por arriba de los 33 identificados en las elecciones del 2011.
El mapeo de esos municipios los llevó a cabo el TSE, en coordinación con la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Fiscalía de Delitos Electorales y los Ministerios de Gobernación y Defensa.
Del total de municipios con condiciones sociales inflamables, 21 se ubican en el oriente, 16 en el occidente, 10 en el norte, 7 en la costa sur, y 4 en el departamento de Guatemala. De momento, tanto el TSE como otras entidades estatales vinculadas al tema de seguridad, trabajan en la elaboración de estrategias de contingencia y resolución de conflictos.

Detonantes
Entre las causas que podrían desencadenar acciones electorales violentas, se encuentran la reelección de auto-ridades locales, el acarreo de votantes, los señalamientos de corrupción contra autoridades que buscan continuar en el poder.
A ello se suma la descalificación, disputas y ataques entre los candidatos a puestos de elección en los munici-pios fronterizos; la ausencia de espacios de interlocución y diálogos, en especial del tipo intercultural; la criminali-zación de los actores sociales y sus demandas; las negativas a aceptar los resultados de consultas comunitarias, y la movilización de la ciudadanía en rechazo a los partidos políticos y sus candidatos, según el estudio sobre potenciales focos de conflicto durante el período electoral, dado a conocer por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en el mes de mayo.
La situación se complica, de acuerdo con el informe, por la ausencia y debilidad del Estado, en especial en las regiones fronterizas; por la falta de información acerca de proyectos de extracción de recursos naturales; así como los de generación, transporte y comercio de energía eléctrica.
De esa cuenta, la PDH ha identificado 133 conflictos por la construcción de hidroeléctricas, 41 por minería, 14 por explotaciones petroleras y 2 por tierras, que podrían derivar en focos de violencia electoral.
La desatención de esos reclamos mantiene abiertas las puertas a un tipo de conflictividad social, que también impacta negativamente en el ambiente electoral, asegura el citado informe.

Preocupaciones y temores
Marielos Monzón, analista independiente y columnista de prensa, considera que existen factores que siguen provocando inestabilidad en el país, como es la reelección indefinida de autoridades locales y el mismo desgaste político que cada Gobierno ha llevado a cabo.
A partir de las investigaciones que ha llevado a cabo el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), se ha evidenciado la venta, al mejor postor, por parte de los partidos políticos, de espacios para postularse a cargos de elección popular. Eso convierte a las organizaciones políticas en vehículos electorales y, en definitiva, no hay ideologías ni propuestas, sino un mercado de mal gusto, comenta la entrevistada, al referirse a otros de los elementos que generan malestar social.
Renzo Rosal, analista independiente, dice que existen dos situaciones preocupantes en los conflictos electorales que se visualizan para estas elecciones. Una de ellas es el aumento de los focos de conflictividad; la otra, la densidad de la conflictividad.
El árbol de problemas, que está en la base de la conflictividad electoral, es mayor que hace cuatro años. El país se ha vuelto ingobernable, debido a que han existido acuerdos mínimos entre las autoridades de turno y los sec-tores sociales, y por ello ha habido un aumento de conflictos, asegura Rosal.
En este sentido, el analista explica que gran parte de la culpa la tiene el Gobierno, porque abona para que con-flictos, que no tengan una vertiente electoral, se expresen electoralmente, aprovechando la coyuntura tan volátil por la que atraviesa el país.

Desafíos del TSE
La identificación de 58 municipios, de 338, con altas posibilidades de violencia electoral, impone al TSE el reto de mantener bajo control estos municipios durante y después de los comicios del próximo 6 de septiembre.
Sin embargo, se critica bastante la falta de recursos humanos y económicos para enfrentar esta problemática. Asimismo, se le hace un llamado a las otras instituciones que deben velar por la seguridad y el resguardo, como el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Ministerio Público (MP).
Se debe fortalecer la presencia de las instituciones, en esas áreas que se han ubicado como puntos de conflicti-vidad. Asimismo, se debe tener un despliegue operativo y estratégico y, si no se puede prevenir, se debería de respaldar, subraya Rosal.
Empero, para Monzón, la forma de controlar estos posibles conflictos, es a través de una inmediata reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, donde se incluya el financiamiento y la forma de hacer campaña, con el objetivo que esto quede regulado de una mejor manera, para que la ciudadanía vuelva a creer en la democracia.
El árbol de problemas, que está en la base de la conflictividad electoral, es mayor que hace cuatro años.

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