Politica

CAÍDA del poder

Otto Pérez fue ligado a proceso penal y enviado a prisión preventiva por el caso La Línea.

Se ha cerrado un nuevo capítulo en la larga historia de la caída del expresidente Otto Pérez Molina. Antes, fue su vicepresidenta Roxana Baldetti, quien renunció, siendo enviada a Santa Teresa. Ahora es él quien se convierte en un residente de Matamoros. Los días de poder han quedado atrás.

Redacción Crónica

Cuando el juez Miguel Ángel Gálvez emitió su resolución y envió el martes a prisión preventiva a Otto Pérez –ligado al caso de La Línea–, puso en marcha el segundo proceso judicial contra un exmandatario, y prolongó la triste historia sobre la caída de los dos personajes que hasta hace cuatro meses eran los más poderosos e influyentes del país.

El expresidente deberá permanecer en el cuartel Matamoros por lo menos hasta finales de año, cuando el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) concluyan las investigaciones sobre su participación en el caso de defraudación aduanera y corrupción en el que se ha visto implicado, junto con quien fuera su vicepresidenta: Roxana Baldetti.

Ambos son investigados –de momento– únicamente por el caso La Línea, pero se sabe que hay otras investigaciones sobre casos específicos de enriquecimiento ilícito por parte de ambos, las cuales podrían servir para abrir otros procesos más adelante, aunque este extremo se mantiene en reserva por parte del MP.

Como suele ocurrir en el país, Pérez y Baldetti acumularon poder político, al extremo de controlar desde Casa Presidencial los hilos del Congreso, en donde mantuvieron alianzas no escritas con el principal partido de oposición -Libertad Democrática Renovada (Líder), con el fin de aprobar leyes, el presupuesto; pero sobre todo, lograr la elección de autoridades judiciales.

Los señalamientos para el proceso que ahora enfrentan da cuenta de una estructura criminal para introducir contrabando al país, lo que podría constituir uno de los casos más grandes de evasión aduanera y tributaria. El caso, conocido como La Línea, muestra que había una estructura criminal con varios niveles de autoridad y operación, donde se menciona a Pérez como el 1, el Dueño de la finca, o simplemente el Presidente.

Las pruebas iniciales que se han presentado, se basan principalmente en escuchas telefónicas que se hicieron a diversos miembros de la red, entre ellos la propia Roxana Baldetti; su secretario privado, el prófugo Juan Carlos Monzón; el conocido Teniente Jeréz, alias Eco; Estuardo González, operador de negocios de Baldetti, según las mismas investigaciones.

El enriquecimiento del binomio presidencial se hizo público con varias publicaciones de prensa de sus suntuosas propiedades, casi todas fincas o lugares de descanso en las más exclusivas playas del país.

En el caso de Pérez no se ha iniciado ningún proceso de extinción de dominio, no así con Roxana Baldetti, quien se encuentra en vías de perder varias de sus propiedades si no logra demostrar la procedencia del dinero.

Los gobernantes, en Guatemala, suelen acumular mucho poder. En el caso de Pérez y Baldetti, era evidente, por el control o influencia que ejercían en los poderes Legislativo y Judicial, pero aun así el brazo de la justicia terminó llegando hasta ellos.

Los analistas locales estiman que lo sucedido no hubiera sido posible sin el surgimiento de un movimiento ciudadano que sirvió de presión para que la Corte Suprema de Justicia y el Congreso dieran trámite y retiraran la inmunidad al entonces presidente, quien acosado por la ciudadanía y la justicia, terminó dimitiendo. Pérez estuvo en el lado diferente cuando otro expresidente -Jorge Serrano– renunció al cargo. En ese entonces él se sumó al clamor por retirar al mandatario. Esta vez, el que cayó de la cúspide del poder fue él.

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