Opinión

¿Y las reformas al Congreso?

Bismarck Pineda (CIEN)


 

Está claro que si no existen reformas en el marco legal guatemalteco relacionado con la operatividad del Estado, no habrá cambios sustanciales en Guatemala. Las reglas de juego actuales están dadas para que los corruptos hagan de los recursos públicos un botín, sin importar las necesidades que tiene el país.

Ya hace meses, el pueblo despertó demandando que la corrupción sea castigada y eliminada. Sin embargo, todavía no se tienen resultados que den una señal de que las cosas realmente van a cambiar.

De todas las reformas que se han propuesto, no ha pasado ninguna, y las mismas han sido modificadas de tal manera, que se pone en tela de juicio si realmente serán un candado para la corrupción.

No ha de sorprender, siendo el Congreso de la República el llamado a aprobar esas reformas, que estas no hayan pasado. Como institución, es de las peor valoradas por los guatemaltecos, pero eso no es nada nuevo: el Congreso lleva tiempo de estar en el sótano dentro de la percepción de la población y pareciera que a la mayoría de los diputados no les importa cambiar esa opinión negativa.

Llama la atención que, de las reformas necesarias para mejorar el quehacer del Estado y disminuir la corrupción, no se ha hablado de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Debiera ser una de las primeras a reformar, dada la mala valoración que se tiene de ese organismo desde hace ya tiempo,  ¿no?  Pero dado que son los mismos diputados los que tienen que reformar su ley orgánica, no sorprende que ello ni siquiera esté en el mapa de reformas actuales.

Los diputados deberían tener solo dos funciones básicas: legislar y fiscalizar. Sin embargo, el Congreso opera de tal forma, que se convierte en un aliado del mal funcionar del Estado. Los diputados deberían tener prohibido recomendar, o más bien demandar personal para que ocupe cargos públicos; ejecutar obras del Organismo Ejecutivo o designar qué y en qué lugares se ejecutarán obras, sobre todo porque ello deberían responder a criterios de desarrollo de país y no a criterios políticos.

Sin embargo, el Legislativo tiene tanto poder, que puede hacer presión para que lo anterior pase. Puede quitar los procesos de antejuicio a sus aliados; asignar recursos presupuestarios a lo que quiera; interpelar de forma permanente a sus opositores; pasar leyes que están en clara oposición a las necesidades del país, sin tener que rendir cuentas.

Ser diputado no significa tener licencia para hacer lo que se quiere. Por lo tanto, se requieren reformas que obliguen a los diputados a rendir cuentas a la población. Su trabajo tiene que sujetarse a evaluaciones de desempeño, y los actos de corrupción deben ser castigados de forma expedita y certera. También deben repensarse los criterios de reelección y determinar el perfil mínimo que debe tener un diputado, para eliminar los incentivos para caer en la corrupción, y promover el mejor desempeño de los congresistas electos.

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