Opinion

Pongamos en orden nuestras prioridades fiscales

 

Abelardo Medina* 

La discusión del presupuesto del Estado ha permitido que centros de pensamiento y la población en general manifiesten su preocupación en diferentes aspectos: insuficiencia de recursos para atender las necesidades de la población; programas y proyectos que poco o nada contribuyen al bienestar público; plazas duplicadas o “fantasmas”; opacidad en los sistemas de compras, etc.    Aun cuando la discusión está iniciando, resulta claro que el análisis del presupuesto debe verse en dos dimensiones: en el corto plazo, el gasto público debe sufrir una profunda revisión para su optimización, a fin de dirigir los recursos liberados por la supresión de programas no esenciales, duplicados o que sean fuentes de corrupción, hacia las prioridades de la población; mientras que en el largo plazo, será necesario revisar las aspiraciones del guatemalteco sobre el tamaño del Estado y el tipo de bienes y servicios públicos que desea.

En este proceso, y aprovechando la atención de la sociedad en el tema del presupuesto, nuevamente surgen grupos de políticos, diputados y empresarios que, acostumbrados a la existencia de un sistema tributario débil con privilegios para no pagar impuestos, están tratando de impulsar leyes que reduzcan la capacidad del Gobierno.

El imaginario popular acepta el pago de impuestos, siempre y cuando estos sean bien utilizados y contribuyan a mejorar el bienestar popular; pero también exige que paguemos impuestos todos los que recibimos beneficios. Por eso, la existencia de estos “gorrones sociales” daña la moral tributaria y la posibilidad de crear una sociedad próspera.

La iniciativa de ley, en donde un grupo de empresarios trata de beneficiarse de créditos impositivos por donar dinero al deporte de alto rendimiento no solo es innecesaria, sino que demuestra un amplio sentido de aprovechamiento al tratar de evitar el pago de impuestos por medio de la transformación de dichas donaciones en créditos fiscales. También muestra que los diputados ponentes tienen al revés las prioridades sociales. Diciéndolo en términos chapines, ¿de dónde sacaron que  es más importante el deporte de alto rendimiento, que la salud, la justicia y el trabajo de los bomberos?

Recientes declaraciones del Organismo Judicial hacen referencia que necesitan Q600 millones para cumplir sus funciones; mientras que el Ministerio Público demanda Q400 millones; y los Bomberos Voluntarios, de amplia dedicación y trabajo en crisis, como la reciente de El Cambray II, también pidieron un aumento presupuestario. Por supuesto, también debe incluirse lo que necesita el sistema de salud, en donde los médicos trabajan sin insumos y con salarios lamentables.

Definitivamente no estoy de acuerdo con que los impuestos de algunos empresarios se dirijan a “Fundaciones” que nadie puede fiscalizar. Por ello, es momento de tener claras nuestras prioridades y exigir un buen sistema de salud y de justicia, en lugar de simplemente la posibilidad de obtener algunas medallas, rechazando en definitiva la iniciativa propuesta.

*Analista ICEFI

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