Opinion

No trastoquemos la evidencia

MARTA ALTOLAGUIRREMarta Altolaguirre


 

En relación con los objetivos del milenio promovidos por Naciones Unidas, un informe de alto nivel titulado “Hacia una nueva sociedad global” indica que el objetivo es “Transformar las economías para mayor creación de empleo y crecimiento inclusivo” y se demanda dar el salto requerido para alcanzar el efecto deseado (“quantum leap”), en cuanto al incremento de las oportunidades económicas y una transformación profunda, para poner fin a la extrema pobreza y mejorar el nivel de vida. 

Esto significa un rápido corrimiento hacia patrones sustentables de consumo y de producción, promoviendo la innovación, tecnología, y el potencial del sector privado para ampliar el valor agregado, (value) e impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo. 

Son las economías diversificadas, con igualdad de oportunidades para todos, las que pueden desatar el dinamismo que crea empleos y sustentabilidad especialmente para jóvenes y mujeres.*  (traducción propia)

Lo cito por el nivel del análisis que contiene y el contraste con la frecuencia de ofrecer paliativos temporales a los más necesitados, consistentes en dádivas inmediatas que lejos de resolver la situación, solamente alivian temporalmente, convirtiendo a los beneficiados en mendigos del Estado.

Esos ofrecimientos son ante todo clientelares, como lo demostró en su momento el gobierno de la UNE y como lo refleja la persistente promoción de los programas sociales como punto clave del proyecto vendido por el binomio Torres-Leal. Por supuesto, esa exaltación va dirigida a ganar votos de aquellos que aceptan la sumisión y extienden la mano para poder sobrevivir.  Está bien suplir los insumos indispensables ante carencias extremas, pero las políticas públicas deben dirigirse a resolver progresivamente la falta de oportunidades para producir los ingresos requeridos para una vida digna.

Pero tampoco se resuelve todo con más gasto y mayor endeudamiento.  Es oportuno reiterar que resulta cómodo y atractivo ampliar la disponibilidad financiera del Estado mediante préstamos (internos o externos) para gastarlos sin moderación mientras se traslada el costo de su cancelación a los ciudadanos.

Por ello resulta pertinente referirse al ineludible impulso a la productividad; cuando hay honestidad hacia el objetivo que se persigue, este no debe ser el de empobrecer a “los ricos” sino crear las condiciones para que los pobres puedan transformar su situación y superar sus condiciones de vida.

Pero resulta que lo que prolifera es el error de razonamiento cuando se insiste en ignorar la fuente esencial de progreso.

Esta es la inversión y creación de riqueza, ya que en general las propuestas se limitan a exaltar las políticas de un Estado benefactor, sustentado en una visión excelsa que asume como fuente ilimitada de recursos una clase económica luchadora (media y alta) que se castiga para la redistribución de la riqueza como punto de partida para atender a los sectores más necesitados.

Por supuesto, los “políticos” afianzados en su riqueza “emergente” proveniente del perverso desempeño de algún cargo directivo dentro del Estado, no pagan el costo que sí golpea a esa clase media que ha trabajado y luchado exitosamente por alcanzar la comodidad que les facilita un nivel de ingresos satisfactorio.

Lo pagan los profesionales, pequeños y medianos empresarios y trabajadores que reciben el impacto de cargas impositivas adicionales.

Si el objetivo es abrir oportunidades y respetar la dignidad de las personas, tal como lo establece el documento citado, los proyectos de gobierno deben encauzarse en la superación de la nación, favoreciendo la decencia, el desempeño responsable, la eficacia y una institucionalidad efectiva y transparente, para promover la inversión nacional y extranjera.

Pero el punto esencial es que la riqueza va primero y el bienestar después.  Y la riqueza debe ganarla cada quien.

Es irracional, especialmente desde el Estado, pretender gastar lo que no se tiene y no es válido responsabilizar y afectar a terceros por la situación.

Lo que sí es válido y legítimo, para un gobierno sensato y consciente, es depurar sus cuadros de la corrupción endémica y facilitar los espacios para la superación integral de los ciudadanos, proveyendo los elementos necesarios para alcanzar un cambio en sus condiciones de vida mediante un trabajo o un emprendimiento propio.

Hay programas que pueden contribuir a superar las limitaciones de los desempleados y también de los trabajadores que subsisten del cultivo de la tierra.

Como bien lo muestran estudios recientes de ASIES, y lo que refleja AGEXPORT en análisis sobre las exportaciones, hay posibilidad de diversificar las ventas al exterior y promover políticas que incentiven la inversión en tecnología y otros, que muestran ser una fuente inmensa para la creación de nuevas oportunidades.

En conclusión, una nueva administración no solo debe mantener la transparencia y el desempeño honesto y responsable de conformidad con la ley, sino velar por una revisión exhaustiva del presupuesto y eliminar los despilfarros y la corrupción que tanto han dañado a la población.

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