Opinion

Necesaria seguridad

MARTA ALTOLAGUIRRE

Marta Altolaguirre L.


La seguridad pública debe ser atendida, asignándole la prioridad que merece, no sólo como un tema cotidiano y urgente, sino como uno de los ejes de un debate de singular y de trascendente importancia para una sociedad democrática. La seguridad ciudadana y la prevención de la violencia deben cobrar la mayor importancia, ante la evidencia de una crisis de gobernabilidad que en distintas dimensiones ha afectado al hemisferio y ciertamente a Guatemala.

La violencia no solo tiene un alto impacto por el costo que representa, tanto en el ámbito público como el privado, sino especialmente por los efectos negativos que conlleva, tanto en el impacto humano como en cuanto a la inversión nacional y extranjera

Toda persona aspira a conducirse en su diario vivir sin amenaza a sus derechos fundamentales protegidos tanto por el derecho interno como por la normativa internacional. Y desea, asimismo, un sistema institucional que facilite la actividad productiva de todo ciudadano, agilizando las gestiones y procedimientos pertinentes en oficinas del Estado.

La seguridad se basa esencialmente en la protección a los derechos de la persona y también en el desarrollo progresivo de oportunidades. La oportunidad de desenvolverse en un marco de respeto a la propiedad privada, (tanto la propiedad individual como la colectiva), con opción a fuentes de trabajo suficientes y las garantías para poder gozar del fruto de ese trabajo sin la amenaza, las extorsiones y el asesinato, tan generalizadas en el país, son un requerimiento que exige respuesta ya, si se busca un crecimiento de la productividad y un incremento de los aportes tributarios al estimular con ello la formalización de la actividad productiva.

Es fundamental abordar la temática de la seguridad sin ideas preconcebidas o apego al dogmatismo ideológico.  Por ello también es prioritario comprender que toda persona debe respetar los derechos de los demás y conducirse con apego a la ley.

La seguridad ciudadana requiere inicialmente de un Estado organizado bajo las premisas de un sistema democrático, y una república con instituciones independientes que permitan un efectivo balance (pesos y contrapesos) de los órganos constitutivos del poder público, o sea, de un Estado de derecho y una administración de justicia sólida y eficaz.

La administración de justicia debe, por su parte, gozar de absoluta independencia y de solvencia financiera, ejercer un estricto control de la corrupción, hoy avanzando ante la dinámica del Ministerio Público-CICIG, a efecto de enderezar el problema de la impunidad que tanto alimenta el desprecio por la ley y el deterioro institucional. Finalmente también debe haber un sistema penitenciario idóneo que garantice la permanencia en prisión de los condenados de alta peligrosidad y el control de las cárceles y centros de detención por las autoridades

Un simple análisis de los hechos que impactan al país desde tiempo atrás, evidencia que hay un nexo entre los elevados niveles de impunidad y el deterioro del Estado de derecho que repercute en forma directamente proporcional a la seguridad ciudadana. De allí, la importancia de los avances que ha mostrado el MP, aunque falta mucho por atender.

Y es que cuando no hay consecuencias a las conductas delictivas, los hechos de violencia se multiplican, lo que repercute en toda la sociedad, pero con mayor impacto a los grupos vulnerables, como destaca hoy en Guatemala, ante la creciente violación de niñas, la violencia y asesinato de mujeres, la explotación de menores y el ataque contra periodistas amenazados y asesinados sin identificarse y llevar a juicio a los responsables.

En relación con lo anteriormente expuesto se puede concluir, que prevalecerá la inseguridad de la ciudadanía en tanto no se logre superar la impunidad, y que esto solo se logra, cuando los mecanismos de aplicación de la ley y  la justicia responden de manera prioritaria, pronta y eficaz a las violaciones del derecho a la vida y demás derechos fundamentales, en total observancia del debido proceso y los derechos de las víctimas.

La falta de una respuesta efectiva por parte de la administración de justicia, tiene como efecto transmitir el mensaje a la población de que la justicia popular es una alternativa aceptable para reemplazar el Estado de derecho y el debido proceso. Este tema es motivo de la más seria preocupación para todos los habitantes de los países en los que se practica, y especialmente en Guatemala, que además de sufrir los atentados constantes cometidos por bandas de sicarios, también se enfrenta la acción de grupos de exterminio, por la vía de los linchamientos,  todo lo cual constituye un desafío al Estado de derecho y  la seguridad.

 

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