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MARTA ALTOLAGUIRRE    Marta Altolaguirre
Hasta el pasado 6 de septiembre, la ciudadanía consciente estuvo centrada en evaluar aquellas opciones y decisiones con mayores probabilidades de triunfo, para el desplazamiento y sustitución de aquella clase política que llevó al hastío y el rechazo de la mayoría de candidatos.
Por supuesto, en el caso de las candidaturas a la Presidencia, las probabilidades de lograr el propósito eran mayores, al identificarse con más claridad a los candidatos de reconocida deshonorabilidad, por los cuales claramente no había que votar, en tanto que el éxito ciudadano en el caso de los congresistas era menos prometedor ante las numerosas candidaturas que incluían nombres de aspirantes cuestionados, a los que se sumaron la mayoría de quienes buscaban la reelección.
De ese porcentaje, muy pocos se han desempeñado como legítimos representantes de una población traicionada por legisladores sumidos en el pantano de la perversión politiquera y la pistocracia, que ha desbaratado el sistema que sienta las bases para la efectividad de una Estado republicano y democrático, respetuoso de la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.
De hecho, hoy vemos cómo la costumbre de negociar prevalece debido a los grandes beneficios personales que esas negociaciones han aportado a los congresistas, ante el chantaje al presidente Maldonado, de condicionar la elección del vicepresidente si no negocia, (quién sabe qué) aun cuando eluden su obligación, siendo la ciudadanía y el país quien paga las consecuencias.
Hoy el panorama difiere y resulta mucho más complejo avanzar hacia los objetivos de una nación que su inmensa mayoría busca que sus autoridades tengan el conocimiento y la objetividad para administrar los organismos del Estado, apegados a la ley y al sentido común, iluminado por las experiencias de naciones que, mediante políticas realistas, han catapultado a sus países y sus habitantes a niveles básicos y a una progresiva superación integral: respeto y protección a sus derechos fundamentales, oportunidades progresivas de empleo, educación, capacitación, asesoría y facilidades crediticias, y facilidad en la formalización de actividades con instituciones que, en vez de solo perseguir y complicar, incentiven y faciliten gestiones, trámites y requisitos para operar.
Hoy se plantea como puntero un candidato que ciertamente no tiene las colas de corruptela, que disputará la segunda vuelta electoral con la candidata de la UNE, Sandra Torres. Ciertamente, Jimmy Morales es una persona que se ha superado por méritos propios y que ha dedicado su tiempo a ejercer la profesión de actor y productor de películas de una manera exitosa.
Ciertamente es positiva su trayectoria de vida, pero todo dependerá de su criterio para escoger personas de reconocida honorabilidad y capacidad de dirigir un equipo responsable y con criterios sólidos, producto de una evaluación de resultados efectivos de su gestión, lo que la población exige. Queremos funcionarios que actúen con rigurosidad, pero con apego a la ley, respetando los límites de su autoridad, no a una dictadura autoritaria ni totalitaria
Resulta desalentador que haya personas que califiquen de absurdo el compromiso del servidor público de priorizar su obligación con la ciudadanía. El ejercicio honesto de un cargo público obliga a mantener separados los intereses económico personales, y la misión en el cargo ejercido.
Para el funcionario, los avances y resultados concretos de su gestión, los éxitos de su gestión, deben compensar el traslado de intereses personales a un segundo plano, y quien no lo considera así, no debe ocupar un cargo público. Guatemala no puede seguir financiando un sector público que afanosamente accede a ese espacio dentro del Estado, con el fin primordial de multiplicar su patrimonio personal.
La candidata de la UNE, quien disputará la presidencia en el próximo período, indiscutiblemente tiene experiencia, ya que, como bien se dice, fue la gobernante de facto en el Gobierno de su exesposo, el ingeniero Colom. Pero su experiencia es esencialmente en estrategias interpartidarias, en la promoción de programas sociales que alivian pero no resuelven las limitaciones de la pobreza extrema. Son políticas clientelares que someten a la población, incapaz de ganar su sustento y gozar de su libertad, al control del poder político. Evaluemos objetivamente la opción que abre la oportunidad de romper el cerco que nos aprisiona.

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