Opinion

Hacen falta acciones efectivas

LUIS LINARESLuis F. Linares López


Ni corruptos ni ladrones fue el lema que llevó a muchos guatemaltecos a dar su voto por Jimmy Morales. A casi ocho meses de gobierno, son pocas las acciones que ponen en evidencia un compromiso real y efectivo por la pro­bidad, la transparencia y el combate a la corrupción. Si bien los casos que implican a funcionarios de gobiernos anteriores están a cargo del MP, la CI­CIG y los tribunales de justicia, el Or­ganismo Ejecutivo debe demostrar vo­luntad de lucha contra la corrupción y que está decidido a erradicar las prácti­cas que alcanzaron niveles escandalo­sos durante el nefasto gobierno de Pé­rez Molina.

Resultan desalentadoras ciertas ex­presiones del presidente, como cuan­do le preguntan sobre designaciones de familiares en ciertas dependencias y el desvía el tema hacia el funcionario que hizo los nombramientos. También provocan enorme inquietud los señala­mientos que se hacen contra funciona­rios de diversos niveles, en las redes sociales y en espacios como El Pelade­ro, después de que se ha comprobado que muchos de los casos que reitera­damente mencionara ese espacio te­nían fundamento y ahora los implica­dos están sujetos a procesos penales.

Me parece que tanto en el Ejecutivo como, especialmente, en el Congreso, con esto de la lucha contra la corrup­ción están en una especie de tanteo con la opinión pública, para ver qué tanto aguanta, a partir de que se sigue dando el beneficio de la duda y los pro­cesos penales contra la Línea, Nego­ciantes de la Salud, Cooptación del Es­tado y otros, no solo mantienen la ex­pectativa de que se impongan castigos ejemplares, sino que, al final, absor­ben la atención del gran público, mientras otros pueden andar en la pe­pena.

Una primera gran muestra de com­promiso con la transparencia sería en­viar al Congreso una propuesta de re­forma a la Ley de Probidad y Respon­sabilidades de los Funcionarios Públi­cos, para quitarle la garantía de confidencialidad a la declaración patri­monial. Otra es poner un plazo peren­torio para que toda la información pú­blica de oficio, señalada en la Ley de Acceso a la Información, sea colocada en las portales web de las entidades del Ejecutivo, y enviar una propuesta para reformar el Artículo 10 de esa ley, que da la opción de ponerla a disposi­ción de manera directa —lo que nunca sucede— o colocarla en los portales.

Siendo evidente que un efectivo di­suasivo contra el saqueo descarado de los recursos públicos y el enriqueci­miento ilícito de los funcionarios y empleados públicos es la imposición de condenas severas, que tengan un efecto ejemplarizante, una de las pri­meras tareas que debió realizar el nue­vo gobierno es elaborar una iniciativa de ley para endurecer las penas por la comisión de delitos contra la adminis­tración pública, elevando todos ellos a una duración que no admita la con­mutación, e indicando que las conde­nas no serán reducidas en ningún ca­so ni por ningún motivo.

La prisión, de acuerdo con el Artícu­lo 19 de la Constitución, debe tender a la readaptación social y a la reeduca­ción de los reclusos. Respetando las normas mínimas que establece dicho artículo, y partiendo de que toda regla tiene su excepción, en el caso de los que establecen redes criminales para enriquecerse en perjuicio de todos los guatemaltecos, no nos debe importar ni necesitamos su reinserción a la so­ciedad. La condena social debe ser per­manente e implacable.

En el caso de los delitos contra la ad­ministración pública, tampoco deben permitirse medidas sustitutivas. Es parte del castigo que, una vez someti­dos a proceso, se les separe de la socie­dad y comiencen a pagar los elotes que se comieron. Nuevamente el principio general de la excepcionalidad de la pri­sión preventiva admite, valga la redun­dancia, la excepción. Como también debe darse en los casos de violadores, de extorsionadores, narcotraficantes, sicarios y pandilleros asesinos que son, prácticamente, irredimibles.

Por lo anterior, es preocupante, y ge­nera amplio rechazo expresado de múltiples formas, la propuesta de un diputado de reducir a la mitad, en una tercera o en una cuarta parte, según el caso, las condenas de los que admitan culpa. Como la ley es retroactiva cuan­do favorece al reo y si el beneficio se extiende a cualquier delito, esto puede ser aprovechado por los corruptos so­metidos a proceso. Es un pobre pretex­to el hacinamiento de las cárceles. A otro perro con ese hueso. Solamente falta que propongan que los tribunales no emitan condenas o que la policía deje de capturar sospechosos.

Solamente falta que propongan que los tribunales no emitan condenas o que la policía deje de capturar sospechosos.

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