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“SI SE VA A JUICIO, BUSCAREMOS UN RESARCIMIENTO”

Saúl Oliva, jefe de la sección de consultoría de la Procuraduría General de la Nación (PGN)

Hasta el momento, la Procuraduría ha identificado que el Estado ha hecho dos aportes inconstitucionales, por medio de acuerdos de inversión, a la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), que suman un total de Q325 millones, dice Oliva.

Álvaro Alay

aalay@cronica.com.gt

¿Cómo inician estos informes?

Empiezan con dos solicitudes del Ministerio Público (MP) que vinieron en septiembre y octubre pasado, sobre los aportes económicos que ha recibido la AEAU. Vemos que estos aportes se realizaron con fondos públicos a una asociación privada, que percibe intereses lucrativos.

 

¿Cuántos recursos fueron y de dónde salieron? Hacen transferencias de todo el aparato estatal, de diferentes ministerios y dependencias, para sacar estos fondos y trasladárselo a ellos. Por el momento, no se tiene el dato de cuántos recursos se pudieron haber otorgado. Hoy día, tenemos identificados dos convenios: uno del 2009, por Q270 millones; y otro del 2013, por Q55 millones. Lo que suma alrededor de Q325 millones.

 

¿Cuáles son las ilegalidades que identificó la PGN? La calificación de delitos corresponde al MP. Lo que nos preguntó el MP, fue cómo veíamos ese aporte. Nosotros partimos de la tesis que, en cuanto a subsidios propiamente dichos, el Estado sí puede entregar. El punto radica en que el Estado otorgó un aporte de inversión. El Estado por sí solo no puede venir y establecer un aporte o ayuda económica a una entidad que tenga fines lucrativos para su desarrollo y actividad, pues no es función del Estado.

 

¿La PGN no interpondrá alguna denuncia por este caso? Una denuncia no es viable interponerla en este momento, porque el asunto ya está en investigación. De hacerla, sería burocratizar el trabajo. Cualquier información adicional que podamos otorgar, lo llevaremos a cabo, ya que de esa forma apoyaremos el trabajo de los entes investigadores.

 

¿Por qué no se actuó antes?

Hasta este momento contamos oficialmente con esta información. Dentro de toda la legislación guatemalteca no existe un procedimiento regulado que obligue a que todos los expedientes vengan a consulta a la PGN. A veces no se cuenta con esta información, pues no se requiere. Hasta ahora se conoció, por las solicitudes que ha hecho el MP.

 

Como abogado del Estado, ¿buscarán algún resarcimiento? En este momento, el MP desarrolla una investigación de tipo penal, para determinar si a su juicio existe o no la comisión de hechos delictivos y perseguir a las personas. Sin embargo, de iniciarse esta acción penal, la PGN tiene la obligación de intervenir en estos casos, para buscar el resarcimiento.

 

¿Cómo se evalúa la solicitud del resarcimiento? La PGN tiene una sección, que es el área penal, para intervenir en este tipo de procesos cuando se ven afectados los intereses económicos del Estado y lograr su recuperación y eventual resarcimiento. Estaremos a la espera de las acciones penales que estime pertinente el MP.

El Estado no puede financiar, dice Oliva, a una empresa privada con fines de lucro.

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