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Reformas al sector justicia, ¿serán un reto para la democracia?

Los representantes de los tres poderes del Estado presentarán las enmiendas que sugiera la población al Legislativo para los parlamentarios lo aprueben.

Diversos intentos se han dado por reformar la Carta Magna, uno fue en la administración de Álvaro Arzú y una última vez con, el expresidente Otto Pérez Molina, todos ellos, fallidos. En esta ocasión se busca cambiar la Constitución, pero únicamente en el sector justicia; sin embargo, ya hay algunas controversias por la permuta de algunos artículos.

Álvaro Alay

aalay@cronica.com.gt

Los tres presidentes de los organismos del Estado se han puesto de acuerdo y lanzaron un diálogo nacional, con el objetivo de reformar la Constitución Política de la República, específicamente en el área jurídica, debido a las diversas falencias que se mantienen el este sistema.

Como primer paso, se ha elaborado una propuesta para su discusión, la cual consta de 19 reformas y cinco disposiciones transitorias. Sin embargo, estas iniciativas ya han generado un disgusto para algunos sectores, mientras que otros tantos las aplauden. La controversia ha iniciado.

La adición del artículo 154 Bis de la Constitución ha sido una de las primeras molestias para los jefes ediles, debido a que se indica que el antejuicio es la garantía que gozan los dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa. En esta disposición se excluyen a alcaldes y gobernadores, lo cual es un motivo de pugna.

Sin embargo, no es la única medida que ha causado polémica, pues se ha propuesto modificar el artículo 203, en el cual se resaltaba la independencia del Organismo Judicial y la potestad para juzgar. Ahora se añade la potestad de juzgar a autoridades indígenas. Esto ha sido categóricamente rechazado por el Presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, al asegurar que es sumamente peligroso que el sistema de justicia indígena se agregue al artículo mencionado.

A estos artículos se suman las reformas del 215, en el cual se eliminan las comisiones de postulación y la designación de propuestas por parte de las universidades del país. Se conforma; además, el Consejo de la Carrera Judicial, que se encargará de enviar una propuesta al Congreso, una reforma que no simpatizó con algunas universidades del país.

Para que estas reformas se concreten, el gobernante Jimmy Morales; el presidente del Congreso, Mario Taracena, y Ranulfo Rojas, presidente del Organismo Judicial presentarán las enmiendas al Legislativo para que los parlamentarios las aprueben con mayoría calificada y posterior a ello los cambios sean sometidos a consulta popular. Esto se podría concretar en el 2017.

Polémica evidente

Así como la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) generó gran desacuerdo entre los diputados, las reformas al sistema de justicia no han sido una excepción, debido a que, al igual que la LEPP, se juegan intereses políticos.

Helen Mack, presidenta de la Fundación Myrna Mack, explica que las reformas son indispensables, pero considera que hay temas que siempre han sido polémicos, como el derecho indígena, que siempre se ha divido, por lo que comenta que es un reto discutir el dicho tema. Hay que dar un paso y abrir un debate que no es fácil, la Cámara de Comercio se opone, pero tampoco se puede continuar con la exclusión, pues se debe tener un acuerdo.

Hay otros temas que son más de poder, como la independencia del Consejo de la Carrera Judicial, donde no se pide participación de las universidades, no deberían participar porque ellos lo politizaron y deben sufrir las consecuencias. Es indispensable que no estén presentes, porque no cumplieron con el mandato que se les habían dado. Otro tema indispensable es la separación de funciones de lo administrativo y lo jurisdiccional, agrega Mack.

Carmen Aida Ibarra, del Movimiento Pro justicia, considera que dada la desnaturalización del antejuicio, esto debería desaparecer, tomando en cuenta que se apuesta a un sistema de justicia fuerte, independiente e imparcial, por lo cual nadie tendría que tener miedo a ser denunciado. Si el sistema de justicia actúa con independencia, el antejuicio no tendría sentido.

Ibarra añade que el derecho indígena es controversial; no obstante, reconoce que en la práctica coexisten los dos sistemas. Comenta que hay lugares en el país donde se está dando la aplicación del derecho consuetudinario, y no necesariamente se tiene un doble sistema. Es confrontación ideológica.

En este contexto, Lorena escobar, coordinadora del Departamento de Análisis Jurídico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, subraya que hay actores importantes que están manifestando un rechazo rotundo a las reformas, por lo cual hace un llamado para sostener un dialogo, debido a que no se trata únicamente de manifestar el descontento, sino hacer propuestas para solucionar los problemas que se mantienen.

Urgen cambios

Pese a las diferencias que se han generado con el documento base, analistas y sectores que se han involucrado en los cambios al sistema de justicia, indican que lo mejor es tener un dialogo abierto, debido a que urgen cambios de fondo para poder sanear la justicia en el país.

Al respecto, Ibarra comenta que están de acuerdo con la necesidad de llevar a cabo una reforma constitucional, así como el espíritu del documento base, por lo cual agrega que llevan a cabo un análisis de las enmiendas. Hay propuestas que son muy buenas, otras que se pueden mejorar y también hay otras que hacen falta, vemos el documento como una oportunidad para hacer los planteamientos y eso es lo que estamos trabajando. Esperamos tenerlo como colectivo o individual para el 3 de junio.

Escobar, por su parte, indica que las reformas en el sector justicia son necesarias, porque atienden asignaturas pendientes como la conformación de una verdadera carera judicial, además de otras necesidades, como la atención de problemas de funcionamiento al separar lo administrativo y lo jurisdiccional.

Las últimas reformas a la Carta Magna se llevaron a cabo hace 23 años, las cuales a la fecha no se han modificado, es por ello que reformar el sistema de justicia es algo urgente, como consecuencia de lo viciado que han estado los diversos procesos legales, que van desde la carrera judicial hasta las sentencias que se dictan en los tribunales.

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